1.- ABOGADOS PARTICIPANTES EN LA MESA DE DIÁLOGO PROTESTAN
ANTE LAGOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.
Los cuatro integrantes de la instancia de diálogo cívico militar remitieron el lunes su
reclamo por escrito ante el desistimiento del gobierno a crear un organismo de cotejo y la
omisión de una solicitud formal a la Corte Suprema para que se designen jueces
especiales.
Su enérgica protesta ante el incumplimiento de los acuerdos para acelerar la
investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos le enviaron al Presidente
Ricardo Lagos los cuatro abogados de derechos humanos que integraron la mesa de diálogo.
Suscrita por el nuevo director jurídico de la ex Corporación de Reparación, abogado
Roberto Garretón, y los otros tres abogados que integraron la mesa de diálogo sobre
D.D.H.H - Pamela Pereira, Héctor Salazar y Jaime Castillo -, la misiva fue remitida el
lunes al Primer Mandatario, con conceptos de profunda decepción ante lo que consideran
una falta de voluntad política de algunos sectores del Ejecutivo para seguir avanzando en
el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos.
Trascendió que a tal punto llega el malestar de los profesionales por el incumplimiento
de sus acuerdos con el Gobierno, que incluso se dieron un plazo de 48 horas para hacer
pública su protesta, si el Presidente no les responde hoy con compromisos de acción
concreta.
Desde hace dos semanas los profesionales comenzaron a constatar la intención
gubernamental de echar pie atrás en el establecimiento de un organismo técnico reservado
que se había acordado con las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, para sistematizar el
cotejo de antecedentes contradictorios informados por las fuerzas religiosas, morales y
castrenses que integraron la mesa de diálogo.
El propio Ejército renovó el viernes su compromiso con esa instancia de chequeo, cuando
emitió un comunicado oficial en el que asumía la responsabilidad por los errores de su
informe y reiteraba su voluntad de continuar con la colaboración.
La desazón de los juristas alcanzó su peor momento cuando la semana pasada la abogada
Pereira se entrevistó con el presidente subrogante de la Corte Suprema, Servando Jordán,
y confirmó sus sospechas de omisión gubernamental ante el proceso de designación de
jueces especiales para el seguimiento de causas sobre desaparecidos.
Jordán confidenció a la abogada que si bien estaban concluyendo los informes de las
cortes de apelaciones para catastrar los procesos pendientes, no existía ninguna
solicitud formal del Ministerio de Justicia que le permitiera al pleno del máximo
tribunal designar a los magistrados especiales.
Otras fuentes de tribunales revelaron que el mismo lunes concluyó el proceso de
información a la Corte Suprema, con el envío de los últimos registros pendientes del
ministro de fuero Juan Guzmán. No obstante, el pleno de este viernes no podría agendar
la designación de los jueces especiales por no existir solicitud expresa del gobierno y,
en cambio, sí analizaría una petición similar del abogado Nelson Caucoto para que se
nombre un juez especial a cargo de las diversas causas sobre detenidos desaparecidos del
PC a manos del comando conjunto.
Las aprensiones de los abogados también se extienden hacia las tareas del programa de
seguimiento de la Corporación de Reparación, ya que en sus nuevas funciones como
director jurídico del organismo, el abogado Garretón no habría sido autorizado para
representar a los familiares de las víctimas en los procesos judiciales abiertos.
En su misiva de protesta, los abogados recuerdan al Presidente que entre los acuerdos de
la mesa de diálogo figuraba un párrafo textual instando al Gobierno a solicitar a
"la Corte Suprema la designación de los ministros en visita que corresponda, una vez
recibida la información pertinente" y otro llamado al poder judicial para que
"designe ministros en visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a
las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República,
sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos
desaparecidos".
El acuerdo solicitaba además que la Corte Suprema "instruya a los ministros en
visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente
en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la
data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello
de acuerdo con la legislación vigente".
[Fuente:Yasna Lewin del diario digital Primera Línea, Santiago de Chile, 30May01]
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2.- EL MINISTRO DEL INTERIOR JOSÉ MIGUEL INSULZA DIJO QUE ES IMPROCEDENTE CREAR UNA
INSTANCIA PARA REALIZAR UNA LABOR QUE SÓLO CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
A pesar de los reclamos y las criticas de los abogados de derechos humanos que
participaron en la Mesa de Diálogo, el gobierno insistió que no propiciará
ninguna instancia para cotejar los antecedentes sobre el destino final de 200
detenidos desaparecidos consignados en el informe militar entregado en enero
pasado. Así lo indicó hoy el ministro del Interior José Miguel Insulza, quien
puntualizó que no tiene sentido crear un órgano de este tipo si en último
término los tribunales de justicia son los únicos llamados por ley a establecer
la veracidad de la información contenida en los documentos.
El secretario de Estado reaccionó de esta forma luego que los cuatro abogados
que integraron la mesa de diálogo enviaran una carta al presidente Ricardo Lagos
donde amenazan con dejar de colaborar en esta línea si el gobierno no cumple sus
acuerdos.
En el escrito, los juristas critican que el ministro de Defensa, Mario
Fernández, porque aún no convoque a una instancia para cotejar la información
entregada por los militares y evitar que sigan sucediéndose los trascendidos
respecto a los errores contenidos en el documento.
Además piden que el Ministerio de Justicia formalice cuanto antes la petición de
ministros especiales o exclusivos para investigar los casos contenidos en el
informe.
Al respecto, Insulza recordó que junto con los documentos de la mesa de diálogo
que fueron entregados al presidente de la Corte Suprema, también el gobierno
puso a disposición de los tribunales todos los archivos que poseía sobre la
materia, así como también como los de la ex Vicaría de la Solidaridad.
"El gobierno entregó a los tribunales de justicia todos los antecedentes que
tiene respecto a las personas que figuran en los informes de las instituciones
ligadas a la mesa de diálogo y, por otro lado, la información de respaldo
entrega los antecedentes que se tenían de las víctimas antes del informe. De tal
forma, quien quiera cotejarlos sólo bastará con que mire los dos informes, así
que no veo para qué vamos a crear una institución para eso", sentenció Insulza.
SONDEO CON LOS MILITARES
Lo concreto es que el gobierno jamás se ha comprometido a crear una instancia
para cotejar, comparar, clarificar o precisar lo antecedentes de la mesa de
diálogo, aún cuando sí tomaron contacto con las Fuerzas Armadas para sondear la
disposición de las ramas castrenses para colaborar en una iniciativa de ese
tipo.
Fuentes de La Moneda explicaron que estas conversaciones apuntan a mantener la
disposición que han tenido los uniformados con este tema durante los últimos
meses, pero ahora en colaboración con los tribunales de justicia.
Se añadió que los errores detectados en el informe militar generaron un profundo
estudio de la situación, oportunidad donde se descartó crear una instancia
formal para el cotejo de antecedentes, ya que por ley los únicos llamados a
cumplir esa labor son los tribunales.
Además se concordó que el concretar una instancia de ese tipo podría haber
generado contradicciones entre los antecedentes finales del gobierno y los
tribunales de justicia, hecho que en definitiva se trató de evitar.
Ante la molestia manifestada por los abogados de derechos humanos, se afirmó que La
Moneda nunca dio su palabra de generar una instancia de "cotejo" y se agregó
que para eso el gobierno solicitó desde el primer día la designación de
ministros especiales. En ese contexto, fuentes de palacio agregaron que la
autoridad política está diariamente colaborando con las investigaciones
judiciales para dar una pronta solución a los casos de detenidos desaparecidos.
"Cuando un juez nos pide personas del Sernageomin, ahí están; cuando nos piden
retroexcavadoras, las conseguimos; es decir estamos dispuestos a cooperar en lo
que sea necesario pero no pueden pedirnos que además investiguemos y comparemos
antecedentes, ya que en definitiva nosotros no podemos andar con una pala verificando si
la información es verdadera o no", dijeron.
[Fuente: Televisión Nacional de Chile, TVN, 30may01]
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3.- PESE A DEMANDA CASTRENSE, GOBIERNO DA PIE ATRÁS EN CHEQUEO
Ejecutivo optó por derivar esa tarea a los tribunales de Justicia y deslindar su
responsabilidad política frente a nuevas frustraciones en la búsqueda,
descartando así hacerse eco de la última demanda castrense.
A pesar del acuerdo explícito asumido entre el gobierno y las Fuerzas Armadas
para crear un organismo técnico y reservado de cotejo de información sobre el
destino final de los detenidos desaparecidos, el Ejecutivo optó definitivamente
por derivar esa tarea a los tribunales de Justicia y deslindar su responsabilidad
política frente a nuevas frustraciones en la búsqueda.
El Ejecutivo descartó así hacerse eco de la última demanda castrense, expresada
el viernes en la tarde a través del comunicado en que el Ejército rompió su
silencio ante las críticas por las evidentes contradicciones del informe entregado el
seis de enero al Presidente Lagos.
Fuentes castrenses expresaron a Primera Línea que esta declaración tuvo como
objetivos reivindicar el trabajo realizado por la institución en la Mesa de
Diálogo; asumir públicamente los errores de sus antecedentes, demostrar a la
opinión pública que no le es indiferente el drama que hay detrás de las
contradicciones e insistir en la voluntad de seguir colaborando.
De este último punto se desprende, afirman en el Ejército, el velado emplazamiento al
gobierno de llevar a cabo el acuerdo establecido a principios
de abril con las Fuerzas Armadas, cuando surgió el primer error: el hallazgo de
los restos de Luis Rivera Matus aparecidos en el Fuerte Arteaga, en
circunstancias que el informe militar determinó que su cuerpo había sido
arrojado al mar.
El hecho motivó varias reuniones entre representantes de las F.F.A.A. y del
gobierno, especialmente de Defensa, en las cuales también participó la abogada
Pamela Pereira. De ellas surgió el compromiso de crear un organismo técnico de carácter
reservado que chequeara toda la información que se tenía sobre los detenidos
desaparecidos. También hubo consenso en que esta labor no podía recaer en el
Ministerio de Defensa y el chequeo tendría el objetivo de contribuir a la tarea de los
tribunales de justicia.
En ese contexto, se designó al brigadier general José Miguel Piuzzi -miembro del
cuerpo de asesores del ministro Mario Fernández- como el "contacto" entre el
Ejército y la asesora presidencial María Luisa Sepúlveda, quien dirigió el grupo
de abogados y técnicos designado en diciembre para revisar la información que
entregarían las F.F.A.A., las Iglesias y las fuerzas morales del país.
El Ejército insiste -tal como lo hicieron en el comunicado- en
que siempre
advirtieron al gobierno que, dada la complejidad de la fórmula establecida para
recopilar antecedentes, era muy factible que se incurriera en errores. Incluso,
las fuentes agregan que la institución planteó la posibilidad que hubiera datos
deliberadamente falsos.
El interés castrense en colaborar con el chequeo, a través de un
organismo
técnico, se basa -según reconocen las fuentes- en que mientras más errores
salgan a la luz, las Fuerzas Armadas son las principales perjudicadas, y así se
lo plantearon a La Moneda.
Sin embargo, surgieron voces gubernamentales que hicieron echar
pie atrás sobre
el acuerdo, advirtiendo en Palacio sobre los costos políticos de asumir
nuevamente la responsabilidad por la calidad de la información sobre los
detenidos desaparecidos y el riesgo de que un cotejo sólo debilitaría aún más el
prestigio y legado de la labor desarrollada por la Mesa de Diálogo.
También se hicieron escuchar voces que plantearon la posibilidad
que los nuevos
antecedentes podrían involucrar a miembros activos o en retiro de las F.F.A.A.,
tensionando las relaciones cívico-militares al repetirse situaciones como las
vividas cuando pasó a retiro el general (r) Hernán Ramírez Hald.
Ante este escenario, en el gobierno explican que siempre estuvo
claro que la
información que se obtendría de la mesa de diálogo no podría ser cotejada a
través de la Iglesia ni el Ejército y, en esa perspectiva, los únicos que podrían
garantizar esa labor eran los tribunales de justicia. Aún así, recalcan
que el gobierno hizo un esfuerzo en chequear los antecedentes a través del
equipo liderado por Sepúlveda y entregó esa información complementaria a los
tribunales.
Los avances en la designación de jueces especiales que agilicen
las
investigaciones en las causas de derechos humanos, especialmente en los datos
obtenidos a través de las F.F.A.A., aparecen ante el gobierno como el mejor camino a
seguir para evitar que sea el poder político quien, una vez más, empeñe su palabra
sobre logros concretos. Con su nominación, podrá optar por mantener un papel secundario
de colaboración con la justicia.
El catastro de causas ya está terminado y el Ministerio de
Justicia está
esperando que en los próximos días el presidente de la Corte Suprema, Hernán
Alvarez regrese de su viaje al extranjero para insistir en la agilización del
nombramiento de jueces adjuntos. Para ello, cuenta ya con las herramientas,
pues el Ministerio de Hacienda aprobó hace algunos días los recursos que
requerirán los tribunales para cumplir esta tarea, sobre la base de una
proyección del máximo de financiamiento que significará esta empresa.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez dio ayer una importante señal en
este sentido al afirmar que "ya le hemos solicitado al máximo tribunal del país
la mayor celeridad posible".
El secretario de Estado añadió que está "en permanente contacto con el
presidente de la Corte Suprema, incluso antes de irse tratamos este tema, así es
que a su vuelta esperamos reunirnos para ver que el máximo tribunal en pleno
tome una decisión".
[Fuente: Diario digital Primera Línea, Santiago de chile, 29may01]
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4.- PIDEN REORIENTAR LA INDAGACION SOBRE DESAPARECIDOS ANTE LA FALTA DE CONCORDANCIA
DE LOS DATOS MILITARES.
Escrito de abogado Caucoto contra Comando Conjunto pide reformular el
tradicional esquema de jurisdicciones territoriales en procesos que involucren
la figura del desaparecimiento forzoso, para asumir investigaciones "por capítulos o
grupos de víctimas".
Una completa reorientación de las investigaciones judiciales sobre los detenidos
desaparecidos propusieron al pleno de la Corte Suprema los familiares de las
víctimas del Comando Conjunto, para que se designen jueces especiales por
agrupación criminal y naturaleza de sus respectivas víctimas.
La solicitud fue oficializada a comienzos de este mes, a través de un escrito
que presentó ante el máximo tribunal el abogado Nelson Caucoto, querellante en
doce procesos sobre 16 detenidos desaparecidos del Partido Comunista, cuyo común
denominador incrimina al Comando Conjunto.
La petición plantea reformular el tradicional esquema de jurisdicciones
territoriales en procesos que involucren la figura del desaparecimiento forzoso,
para asumir investigaciones "por capítulos o grupos de víctimas, con algún
grado de interrelación entre ellos", evitando así que "la causa de un
desaparecido siga siendo una más entre dos mil o tres mil proceso que lleva un
tribunal", reza el escrito de Caucoto.
Como ejemplo, la solicitud sugiere designar ministros en visita o jueces
especiales para los desaparecidos de La Moneda, otro para los de Paine, las
víctimas del comando conjunto, las de Chihuio en Valdivia, etc.
"Sólo de esa manera se podrá tener una visión de conjunto, evitando la
duplicidad de recursos, esfuerzos y tiempos que a nada han conducido hasta
ahora", sostienen el abogado Caucoto.
En la práctica, la petición al máximo tribunal propone un tratamiento de los
casos de desaparecidos que resultaría complementario al acuerdo del gobierno y
el Poder Judicial para procesar la información derivada del informe de las
Fuerzas Armadas.
Según este acuerdo, cuando la Corte Suprema termine de recepcionar los catastros
de causas pendientes sobre desaparecidos, designará jueces especiales que los
instruyan con financiamiento adicional a sus respectivos tribunales.
Caucoto sugiere una nueva modalidad para agrupar estos y otros procesos en
función de las características coincidentes de sus víctimas y de los registros
comunes de sus victimarios.
"Debe avanzarse en la designación de ministros en visita o jueces especiales
para que asuman los diversos capítulos que comprende la situación de los
detenidos desaparecidos", sostiene Caucoto, para "corregir la anómala
situación
de que diversos tribunales investiguen distintos crímenes de unos mismos
hechores".
En el caso específico del Comando Conjunto, el profesional menciona una
treintena de víctimas "producto de la acción de una sola organización que no ha
sido investigada hasta ahora en la forma en debió haber sido".
Entre éstas figura el dirigente comunista Juan Luis Rivera Matus, cuyos restos
fueron hallados en el Fuerte Arteaga de Colina, a pesar de haber sido mencionado
en el informe castrense entre las víctimas arrojadas al mar.
"Lo cierto es que la información precisada por los institutos armados no ha
podido ser corroborada por la ministra designada a pesar de las búsquedas
realizadas. Sin embargo, tangencialmente se llegó -por medio otras informaciones
distintas a las entregadas por las FF.AA- a la ubicación de los restos ya
señalados".
Junto con solicitar que se acumulen en la investigación de la ministra Amanda
Valdovinos la totalidad de casos de desaparecidos vinculados al Comando
Conjunto, Caucoto propone repetir ese procedimiento en todas las causas que
vinculen a un mismo grupo de hechores o asociación ilícita.
"Existiendo instalado en la sociedad chilena un consenso básico, consistente en
la imperiosa necesidad de encontrar a los detenidos desaparecidos, sumado a la
reivindicación de verdad y justicia para esos trágicos hechos, creo un deber
hacer un aporte a la búsqueda de soluciones en este tipo de conflictos, con una
mirada de país civilizado que ha encomendado a los Tribunales de Justicia esa
suprema tarea", argumenta el profesional.
[Fuente: Diario digital Primera Linea, Santiago de Chile, 16may01]
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INFORMACION EDITADA POR EL EQUIPO NIZKOR
Declaración del Equipo Nizkor a propósito de la
Mesa de Diálogo en Chile, 19jun00
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/nizkor.html
"Acción encubierta en Chile 1963-1973" conocido como Informe Church.
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html
Sobre el caso de desaparecidos en Chile y caso Pinochet
http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/
"Informe Hinchey sobre las actividades de la CIA en Chile"
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/hinchey-e.html
Conflicto Mapuche con Endesa España SA
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa
Muerte y Desaparicion Forzada en La Araucania:
Una Aproximacion etnica
http://www.derechos.org/koaga/x/mapuches/