Anoche, en un canal de cable, el inefable candidato a gobernador bonaerense CARLOS RUCKAUF hablaba de la seguridad.
Ya repuesto de las críticas y de los efectos de la masacre de Villa Ramallo dobló la apuesta y afirmó que la República Argentina debería denunciar el Pacto de San José de Costa Rica.
Si la propuesta del candidato justicialista prosperase, lo que es más que dudoso, nuestro país – en materia de derechos humanos – se pondría un paso atrás de Perú, país que en esa cuestión desde que asumió Alberto Fujimori – dista de ser un buen ejemplo.
Fujimori se alzó contra la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero sin denunciar; es decir, sin dejar sin efecto, el Pacto de San José de Costa Rica.
Sus buenas razones tiene el presidente peruano porque en el organismo regional tramitan 500 denuncias contra el estado peruano.
Las razones de Ruckauf tendrían que explicarlas él, sus asesores y su partido.
Los retrocesos en materia de derechos humanos no parecen patrimonio exclusivo de Ruckauf ya que su partido y los amigos de su partido: Domingo Bussi, Luis Patti, Aldo Rico y otros comulgan con ese ideario de dinosaurios.
En las postrimerías de su mandato, el gobierno de Carlos Menem quiere dar también un paso atrás volviendo al viejo y corporativo sistema mediante el cual los militares juzgaban a los militares sin intervención de la justicia civil.
Todos recordamos muy bien que cuando Raúl Alfonsín les dio la oportunidad para que se juzgaran ellos mismos ninguna causa avanzó u tuvo que intervenir la Cámara Federal que los condenó en la famosa causa 13.
El Comandante del Ejército Martín Balza una vez más quedó a la izquierda del Gobierno oponiéndose al proyecto.
Carlos Menem repudió el fallo del juez conservador inglés que abrió paso a la extradición de Pinochet, sin decir una sola palabra acerca de la encendida defensa que del genocida chileno hizo Margaret Tatcher.
La oxidada dama de hierro recordó al mundo que sin la ayuda de Pinochet Inglaterra no hubiera ganado la guerra de Malvinas.
El Gobierno Argentino parece no indignarse.
El Gobierno de Carlos Menem envió al Congreso un proyecto de reforma del Código de Justicia militar que representa volver al sistema anterior a 1.984.
Por otro lado el gobierno de Paraguay protestó una vez más contra el asilo que nuestro país dio a Lino Oviedo a quien sus compatriotas consideran un delincuente común y no un perseguido político.
Y el jueves 15 a las 18, frente a la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los organismos de derechos humanos reclamarán que no se devuelvan a sus países a dos ciudadanos, uno chileno y el otro argentino, que son reclamados por haberse opuesto uno al gobierno de Pinochet y el otro al remedo de democracia de Alberto Fujimori.
El peruano MERA COLLAZOS y el Chileno MOLINA DONOSO no pretenden los privilegios de Lino Oviedo.
Ellos se conforman con que la Argentina cumpla los Tratados sobre asilo político y no los devuelva a las mazmorras de sus respectivos países.