En 1996 un grupo de fiscales españoles decidió promover acción penal contra represores argentinos como consecuencia de la desaparición de ciudadanos de origen español durante el terrorismo de Estado en Argentina.
El juicio despertó enormes expectativas entre los organismos de derechos humanos y la preocupación de los sectores de las Fuerzas Armadas comprometidos con la represión.
El Poder Ejecutivo se mostró más sensible a los reclamos de estos últimos.

Durante la visita del jefe del gobierno español Aznar se le expresaron reclamos por la actividad de Garzón.
La respuesta didáctica explicó que en España la justicia es independiente.
Cuando llegó la delegación de Izquierda Unida la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos Alicia Pierini la acusó de imperialista.
A pesar de la falta de apoyo y de presupuesto el juicio en España continúa.
Garzón ya no está solo.
Se le agregaron juicios en Italia, Alemania y otros países europeos a los que podría sumarse Japón.
Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, el más odiado de los juicios es el español y el más criticado de los jueces es Baltasar Garzón.
Tal es la animosidad de las autoridades argentinas que el propio presidente Carlos Menem dio instrucciones para que ningún organismo oficial colabore con el juez español.
Por esta actitud impulsó los legisladores ALFREDO BRAVO y JORGE RIVAS le promovieron una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento e incumplimiento de tratados internacionales.
Más allá del casi seguro rechazo de la denuncia es importante destacar la decisión política de un sector de la alianza adverso a la impunidad.
No existe ninguna certeza tampoco en cuanto al destino del juicio en España pero también allí lo que vale la pena destacar es la decisión ética y política de no tolerar la impunidad.
Las cuestiones del derecho internacional de los derechos humanos no tienen vinculación con el tema de la soberanía. Pero, parece innegable que no es lo mismo investigar a Videla que a Kissinger.
Más allá de todo esto es positivo que se investigue lo que aquí no se quiso o no se pudo investigar.
Cuando la comunidad internacional avance lo que debe avanzar no serán necesarios estos juicios que irritan tanto a aquellos a quien no preocupó para nada el desguace del estado y la sumisión a tribunales extranjeros en materia de privatizaciones.
La denuncia de Rivas y Bravo. Más allá de su suerte, importa porque provocará definiciones aunque más no sea por el silencio.
También impondrá definiciones de los jueces a los que toque intervenir y esto también es muy positivo.
Así, a los tropezones y a pesar de muchos, la causa de los derechos humanos va avanzando y eso no es poco.-

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