Sigo creyendo y seguiré con esa idea, hasta que los hechos me demuestren lo contrario, que la política de derechos humanos de las nuevas autoridades, aún es una incógnita.
En la Provincia de Buenos Aires aparecieron signos alarmantes, que no debieran haber tomado por sorpresa a nadie.
Durante su campaña y para diferenciarse claramente de la otra candidata, de Graciela Fernández Meijide, el discurso del actual gobernador prometía mano dura.
Carlos Ruckauf fue coherente y designó a Aldo Rico para que se encargue de la seguridad de los bonaerenses.
Nadie, medianamente informado, tenía por qué alarmarse ni sorprenderse.
Esto no quiere decir que tengamos que comprar el verso de esa mano dura, ya que el tiempo demostrará su inutilidad y su falacia; pero, Ruckauf viene haciendo más o menos lo que prometió y consiguió el aval de la Alianza, al menos para retroceder el sistema jurídico y dar mas facultades a la policía.
Pero él lo había dicho.
A no sorprenderse.
Pero hay algo nuevo que está asomando en la Provincia de Buenos Aires y que sí tiene que alarmar.
Se relaciona con la independencia del Poder Judicial.
Durante los años de Oral y Público y durante los años en que F.M. Palermo me convocó generosamente para tratar el tema de los derechos humanos, me referí largamente al tema de la independencia de los jueces.
Traté de llamar la atención respecto de algunos puntos que me parecen básicos:
Primero: la independencia de los jueces no es tema exclusivo de jueces, abogados y políticos. Afecta a todos, aunque algunos no se den cuenta.
Segundo: Cuando se habla de ataques a la independencia de los jueces se piensa siempre en el poder político y se olvida que el espíritu de cuerpo de los hombres de la justicia, es peor enemigo de su independencia que los políticos.
Es lo que se llama independencia externa e independencia interna.
Lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires es que el Gobernador echó a los jueces las culpas por los presos que salen a delinquir.
Al mismo tiempo salió a defender al Servicio Penitenciario.
Los jueces reaccionaron con una velocidad que nunca imprimen a sus sentencias y respondieron con dureza a Ruckauf.
Algunos presos afirmaron que los penitenciarios los dejan salir para que roben y luego repartirse el botín.
Pero este no es el tema.
Lo que se está dando, al menos como yo lo veo, es una puja para medir la correlación de fuerzas y ver quien se queda con esa porción de la torta del poder que es la justicia.
Y en realidad, me parece que los jueces no están defendiendo su independencia sino su corporación.
Y si es así, lo que peligra es la democracia y las garantías individuales de los ciudadanos.
En esta puja parece que muy pocos quieren serenar la disputa y al frente de ellos aparece el Procurador General de la Provincia de la Cruz un hombre moderado y con experiencia en la profesión, en la justicia y en la política, elementos que no son fáciles de amalgamar en un juez.
El tiempo habrá de decir quien gana la disputa y qué daño institucional deja la pelea.
Por de pronto una nueva falacia se debate en los medios: la cuestión del dos por uno.
Esa garantía se ha debido implementar por culpa de la morosidad del sistema judicial argentino y en cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica.
No se trata de derogar el dos por uno sino de hacerlo innecesario porque la justicia funcione como corresponda.
Insisto, la política de derechos humanos y como una parte de ella, la política respecto de los jueces, y la de los jueces respecto del sistema democrático, siguen siendo una incógnita.-