El último reducto con el que los habitantes de un país deben contar cuando los otros poderes del estado violan sus derechos, es el poder judicial.
La Convención Americana de Derechos Humanos dice que ciertos derechos básicos no pueden dejar de respetarse aún en estados de excepción. Por supuesto, ninguna dictadura respetó esos principios.
De todos modos se trata de un principio que los estados deben cumplir.
El poder del Estado que mayor nivel de compromiso tiene para cumplir esas garantías es el Poder Judicial.
Durante el terrorismo de Estado el poder judicial argentino fue por lo menos complaciente, cuando no francamente cómplice.
Hoy ante los organismos internacionales de derechos humanos ya no son tantos los hechos de muertes y torturas los que se denuncian.
Siguen existiendo casos de gatillo fácil, tormentos y otras violaciones; pero en número que no se puede comparar a los de la dictadura.
El problema para hoy por otra parte.
Las mayores violaciones a los derechos humanos y la mayoría de denuncias que se hacen ante la CIDH nacen de la actividad de los jueces; precisamente, de los propios funcionarios encargados de que esos derechos se cumplan.
En su reciente visita a Buenos Aires, el Presidente de la Comisión Robert Goldman manifestó – igual que en ocasiones anteriores – que el nuevo fenómeno de las democracias latinoamericanas posteriores a las dictaduras, son las violaciones a lo que se llama el debido proceso legal.
Un rasgo alarmante de nuestra aún débil democracia es la debilidad del Poder Judicial.
Pero los jueces no son los únicos funcionarios que incurren en faltas al respeto de los derechos humanos.
El Senado, a contrapelo de las denuncias de los organismos de derechos humanos, acaba de ascender a varios militares comprometidos con el terrorismo de Estado.
Otros, que no ascendieron, se han dado el lujo de hacer un planteo a algunos senadores.
Los documentos de la dictadura siguen sin aparecer y los que aparecen, al parecer, son destruidos.
Los abogados que militan en derechos humanos están haciendo grandes esfuerzos por demostrar lo que ya nadie debería ignorar.
Los organismos de derechos humanos siguen dándonos ejemplos.
El último signo de dignidad que un organismo de derechos humanos envió a la sociedad argentina fue protagonizado por la Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo.
Estela Carlotto iba a recibir un premio de parte del Senado; pero, ante el ascenso de represores, lo rechazó.
Este gesto y otros que los organismos han dado a nuestra sociedad es una razón más que suficiente para que el próximo 24 todos estemos en el acto de repudio a los 24 años del sangriento asalto al poder que instaló la más terrorífica de las dictaduras que ha conocido nuestro pueblo.-