Tal vez aún sea prematuro exigir una política de derechos humanos más clara, de parte del Gobierno de la Alianza.
Tal vez también, algunas manifestaciones verbales y algunas acciones concretas, vayan dándonos una razón que hubiéramos preferido no tener.
Desde antes de las elecciones, en esta columna de derechos humanos, dijimos que no teníamos grandes esperanzas en la política de derechos humanos del gobierno.
Es que mal se puede defender derechos que un modelo neoliberal de exclusión, no puede sino violar para mantenerse.
El control social, la represión, aparecerán cada vez más necesarios, a medida que más gente salga a protestar contra un modelo económico político que lo sumerge, inevitablemente, en poco menos que la desesperación.
Es probable que en las sangrientas represiones de Corrientes y Congreso, hayan actuado dentro de las fuerzas de Gendarmería y de la Policía, elementos interesados en desestabilizar y provocar.
Si así fue, el Gobierno debe dejar bien clara su posición y sancionar a esos elementos.
Por de pronto, es una de las primeras oportunidades en que a una represión siguieron medidas judiciales inmediatas.
Pero, a la decisión de un juez, debe acompañarla la decisión política de los responsables de las fuerzas que actuaron en la represión.
Un elemento significativo y alarmante estuvo presente en los dos escenarios: armas de fuego de calibre distinto al reglamentario y hasta una navaja.
La ferocidad de hordas que atacan a los trabajadores como si fueran los enemigos de toda la vida, quedó registrada por la televisión.
Si la represión no fue ordenada directamente por el Gobierno, por el fiscal, por el Ministro de Interior ni por el Secretario de Seguridad, quiere decir que al gobierno el problema se le fue de las manos, o que en el Gobierno, nadie se quiere hacer cargo. Todos esos supuestos son malos.
Y lo peor de todo es que aparece un cierto hilo conductor ideológico que hace que este querer imponer a la fuerza un ordenamiento laboral regresivo se sintonice perfectamente con el voto argentino de condena a Cuba como violadora de los derechos humanos.
Esta actitud del Gobierno y del economista a cargo de las relaciones internacionales, de la que llevó la voz cantante alguien que conoció la represión y el exilio - Leandro Despouy, son lamentables.
Suponíamos que el Gobierno de la Alianza quebraría la tradición menemista.
No fue así.
Lo que el pueblo argentino debe condenar es el bloqueo criminal y el secuestro del niño Elián González, al que se provocó un daño de difícil reparación.
Al pueblo cubano y al niño, le han violado elementales derechos humanos.
Esos derechos humanos están incorporados a nuestra Constitución, son obligatorios para nosotros.
Estados Unidos hizo tabla rasa de los derechos a la determinación de los pueblos, de los derechos políticos, sociales y culturales del pueblo cubano, de los derechos del niño Elián, a quien recuperaron con un despliegue de uniformes y armamento que difícilmente olvidará.
Esas son las conductas que el pueblo argentino condena y no las que, por cuestiones sociopolíticas, condenan quienes fueron votados para representarlo.
El pueblo argentino votó hace apenas unos meses y en su mente difícilmente haya estado condenar a Cuba y reprimir a palos y balas a los trabajadores que quieren recuperar su dignidad, que es su trabajo.-