En un libro que publicó la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, ZAFFARONI escribió el prólogo.
Ese libro está dedicado a los abogados detenidos desaparecidos y en el prólogo se dice que si alguien tiene una deuda con los derechos humanos es el Poder Judicial.
Por supuesto ZAFFARONI se estaba refiriendo básicamente a lo actuado por los jueces durante el terrorismo de Estado; pero, puede afirmarse que esa deuda quedó sin saldar.
En beneficio de los jueces que actuaron después la recuperación de la democracia, puede decirse que fueron atados de pies y manos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Sin embargo, también puede imputarse a los jueces de la democracia, no haber sido críticos de esas leyes que violaron la Constitución Nacional.
Pocos jueces hicieron como JUAN RAMOS PADILLA, que siendo radical, provocó el disgusto de RAÚL ALFONSÍN, declarando inconstitucionales esas leyes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación las convalidó y después vinieron los indultos, que también son inconstitucionales aunque los jueces en general, no lo hayan dicho.
En cambio todo ese entramado jurídico de la impunidad fue repudiado tanto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como por el organismo regional de derechos humanos dependiente de la Organización de los Estados Americanos.
Los jueces carecieron de decisión o no quisieron remar contra la corriente de la Corte Suprema o de lo que suponían que iba a hacer la Corte Suprema.
Pero, el tiempo pasó.
Los organismos de derechos humanos siguieron luchando.
Se iniciaron juicios en el exterior que deben haber provocado algo de vergüenza a algunos jueces argentinos.
Y esos jueces argentinos empezaron a reaccionar.
A la par que los organismos, los abogados que militan en derechos humanos venían cumpliendo un trabajo incansable, de un valor doctrinario muy ingenioso y haciendo gala de una enorme creatividad.
La intrincada malla de la impunidad empezó a fisurarse y se abrieron los juicios por la verdad y los juicios por el repugnante delito de sustracción de menores secuestrados o nacidos en cautiverio.
Los familiares, la Madres, los HIJOS, todos los organismos siguieron luchando reclamando no sólo la verdad sino también la justicia.
Y eso por qué?: Porque las víctimas conocen perfectamente la verdad. Son los victimarios los que deben reconocerla.
O la justicia investigarla.
Ahora se abre una nueva perspectiva.
La Cámara Federal de la Capital dejó abierta la puerta para investigar y sancionar delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas, cuyos responsables podrán ser juzgados a pesar de las leyes de impunidad.
La Cámara Federal de La Plata va a juzgar a quien fue mano derecha de RAMÓN CAMPS.
MIGUEL ETCHECOLATZ será citado a prestar declaración indagatoria y podría ser condenado por algunos de los delitos que cometió durante el terrorismo de Estado.
Pareciera que el Poder Judicial o una parte de él, comienza a pagar la deuda con los derechos humanos.
Tal vez no haya que alentar demasiadas esperanzas; pero, la noticia es para la legítima alegría de quienes anhelamos la efectiva y plena vigencia de los derechos humanos.
Estos juicios, sumados a los de Europa, han preocupado a los responsables de los delitos contra la humanidad.
En el Gobierno también hay preocupación y contradicciones.
RICARDO GIL LAVEDRA juzgó a los militares y ahora tiene que legitimar la oposición oficial a estos nuevos juicios.
La palabra final la dará la Corte Suprema y puede suponerse que no será la mejor; pero, hasta tanto, la lucha de los organismos, de los abogados de derechos humanos y de los jueces que quieren pagar la deuda, traerán una necesaria bocanada de aire fresco a los derechos humanos y si la sociedad apoya esta lucha, será más difícil y más costoso políticamente, mantener impunemente la impunidad, aunque esto parezca redundante o un juego de palabras.-