Columna del 9 de noviembre de 1.999

LA SOCIEDAD ARGENTINA, DE CARA AL 2.000 Y A UN NUEVO CAMBIO DE AUTORIDADES CIVILES, TIENE ANTE SÍ VARIOS DESAFÍOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
LA DECISIÓN DEL JUEZ ESPAÑOL BALTASAR GARZÓN, SOBRE 98 REPRESORES ARGENTINOS, HA TRAÍDO PREOCUPACIÓN A SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, COMPROMETIDOS CON EL TERRORISMO DE ESTADO Y A OTROS SECTORES AFINES QUE HAN COMENZADO A MANIFESTARSE CON VIRULENCIA EN DISTINTOS MEDIOS

Aunque parezca poco probable, existen algunos signos en el sentido de que la decisión del Juez español Baltasar Garzón de decretar la orden de captura internacional de casi cien represores argentinos, encontró desprevenido al presidente electo Fernando de la Rúa.
Sus primeras declaraciones insinuaban que – según algún asesor – ese fallo no tenía alcances en nuestro país.
Parece que después esos asesores sí leyeron el fallo y el futuro presidente arriesgó que "no se justifica que actúe una jurisdicción extranjera cuando está actuando una jurisdicción argentina, en el marco de su soberanía y sus leyes".
Sin embargo, en las mismas declaraciones que recogió Página 12 en su edición del pasado jueves, de la Rúa aclaró que si la orden incluye a nuestro país (como en realidad ocurre) existe un tratado de extradición con España de lo que se desprendería su intención de cumplirlo.
Si las transcripciones son fieles la contradicción es bastante evidente.
El mismo diario reproduce declaraciones del ÁNGEL TELLO, posible futuro ministro, muy contrarias al auto de GARZÓN.
RAÚL RICARDO ALFONSÍN se despachó con el calificativo de dislate.
RICARDO GIL LAVEDRA fue más cauto pero dejó claro su pensamiento en el sentido de que el juzgamiento internacional de los derechos humanos es sano porque mantiene viva la memoria colectiva sobre hechos terribles, aunque el asunto no sea tan sencillo.
Seguramente dentro de las filas de los otros partidos integrantes de la Alianza, no faltarán diferencias internas aunque se supone que la mayoría apoya el pedido de extradición.
Muchos serán los que crean que el pedido de Garzón viene a crearle un inoportuno inconveniente al futuro Gobierno.
Sin embargo es bueno que en una materia tan sensible las definiciones se produzcan de una buena vez.
La decisión no es sólo judicial, como Fernando de la Rúa sostuvo varias veces, sino también y a lo mejor fundamentalmente, política.
El actual Gobierno se opuso con virulencia al juicio y al juez.
Llegó a dictar un decreto que se alza contra el tratado de colaboración judicial con España, prohibiendo a los funcionarios argentinos que accedan a requerimientos del Juez Garzón.
Por el lado de la justicia de nuestro país se escucharon ya algunas voces en defensa del juicio como las del Fiscal General de la Cámara Federal de Bahía Blanca y del Juez Federal de San Martín que entiende en el juicio que investiga dónde están los restos de Mario Roberto Santucho.
Este Juez no se manifestó partidario del juicio en forma explícita, pero pidió colaboración a Garzón con lo que reconoció la validez de sus actuaciones.
Es probable que la interna se traslade también al seno de la justicia.
Algunos medios como La Nación han atacado, desde diversos costados, la decisión de la justicia española.
Luciano Benjamín Menéndez hizo lo propio llegando a afirmar que la causa por la desaparición de bebés es un invento.
Los organismos de derechos humanos vienen trabajando desde hace rato en apoyo no sólo del juicio español sino de los varios que tramitan en nuestro país, con escasa o nula repercusión pública.
La decisión final puede estar en manos de la sociedad en su conjunto si se logra convencerla de la necesidad de que hay que acabar con la red de impunidad que dejó sin castigo los crímenes del Terrorismo de Estado.
El otro desafío del futuro gobierno nacional es el de investigar la corrupción y afianzar una justicia que acaba de tener una expresión corporativa que pasó casi desapercibida y que es muy grave.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunció que en la Cámara del Crimen porteña existe una lista de abogados considerados molestos por alguna secreta razón de los jueces que la integran.
Esa lista operaría como una especie de registro de reincidencias privado de ese organismo y exterioriza un espíritu prejuicioso en contra del derecho de defensa, en vísperas de la realización de nuevas jornadas nacionales en las que los abogados argentinos van a exponer los problemas que viven por defender los derechos de la sociedad.