En muchas oportunidades me he dedicado a la política de derechos humanos del gobierno de la Alianza y seguramente lo haré muchas veces más.
La circunstancia de que en esa fuerza política se hayan nucleado algunas agrupaciones y personalidades progresistas, hizo suponer un mejoramiento de las condiciones de los derechos humanos en la Argentina.
Dicho esto sin dejar de advertir que – como he sostenido en muchas oportunidades – la adhesión al modelo de exclusión, al discurso hegemónico y al deshumanizado neoliberalismo, implica una contradicción insalvable con la defensa de la vigencia plena de los derechos humanos.
Entre otras circunstancias, porque este modelo, para sostenerse y profundizarse, necesita y está practicando, un férreo control social y una represión de la que nadie se quiere hacer cargo.
De todos modos, en el seno de la coalición gobernante coexisten sectores comprometidos con la impunidad y sectores que quieren perforar su compleja malla.
Sólo por dar un ejemplo: integran la Alianza quienes votaron el Punto Final y la Obediencia Debida y quienes luchan por la anulación de esas leyes, que fueron arrancadas a punta de pistola en unas Pascuas de triste memoria.
Pero, como nada es lineal en política y mucho menos en la política de la débil democracia argentina, algunos integrantes de lo que podría considerarse el progresismo del gobierno, han dado pasos desalentadores.
En una columna anterior, decíamos para La Radio Va, que se debían rescatar los aciertos del Gobierno en materia de Derechos Humanos.
Y dábamos como ejemplos, las designaciones de Leandro Despuy y de Diana Conti, en las áreas respectivas de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos.
El tiempo – lamentablemente – nos vino a contradecir.
Despuy fue la voz cantante del voto de condena de nuestro país contra Cuba y Diana Conti acaba de protagonizar un "blooper" del que retornará con bastante dificultad.
La Subsecretaria de Derechos Humanos, que fue una mujer comprometida con los derechos fundamentales, acaba de salir en defensa de las actitudes corporativas del Ejército y a criticar a la justicia cordobesa por las detenciones de los represores que se negaron a declarar en los juicios por la verdad.
No se quedó allí. Puso en duda la eficacia de esos juicios y se entrometió en cuestiones que corresponden al Poder Judicial, contradiciendo las afirmaciones del gobierno en el sentido de que se respetaría la independencia de los jueces.
La reacción de los organismos de derechos humanos y de su jefe, el Ministro RICARDO GIL LAVEDRA, le impusieron una retractación poco convincente, en la que más o menos dijo que no dijo lo que dijo, cuando dijo lo que dijo.
Mientras tanto, preocupan las actitudes de la cúpula del Ejército - que el Gobierno tolera - de solidaridad con los militares procesados por negarse a declarar, incumpliendo el compromiso del Estado que ha suscrito Tratados que lo obligan a favorecer la búsqueda de la verdad.
Es responsabilidad del Presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, impedir esas manifestaciones corporativas que nos traen el triste recuerdo de las Pascuas de "la casa en orden" y sancionar a sus protagonistas, que no hacen sino presionar a los jueces para impedirles actuar con independencia.
En este complejo panorama, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos, acaba de perder a un hombre que tuvo un compromiso con ellos.
Ha muerto SIMÓN LÁZARA y su falta será sentida no sólo por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sino por todas las organizaciones y personas comprometidas con esa misma lucha, que parece hoy reclamar toda nuestra atención, preocupación y movilización, para que lo logrado con mucho esfuerzo en este campo, no naufrague ante la irrupción en la escena política argentina de los dinosaurios y los "muertos vivos".-

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