[Textos para una Justicia Universal] Como saben, difundimos textos de reflexión y debate y no meramente informativos, pero excepcionalmente damos a conocer el número 1 de este boletin, fruto del esfuerzo de la Coalición de Ongs por una CPI, por si desean suscribirse en lo sucesivo.

"AGENDA CPI": Informativo Iberoamericano sobre la Corte Penal Internacional. Publicación de la Coalición de ONGs por la CPI. Edición Nº 01 Mayo - 2001

INDICE

• ¿Que es la Coalición de ONGs por la CPI?
• La CPI: importancia y alcance
• La Comisión Preparatoria
• Iberoamérica y la CPI
• Iberoamérica: avances hacia la ratificación
• Cronograma de eventos
• Acción ante la Asamblea General de la OEA
• Publicaciones recientes
• Información en la Internet
• Información vía e-mail

¿QUE ES LA COALICION DE ONGs POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL?

La Coalición de ONGs por la Corte Penal Internacional (CCPI) es una asociación de mas de 1000 organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, que desde 1995 trabajan unidas en pos de un objetivo común: el pronto establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI) justa, efectiva e independiente.
Como se recuerda, el 17 de julio d e1998, el Estatuto de Roma de la CPI fue aprobado por una abrumadora mayoría de 120 Estados reunidos en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios realizada bajo el auspicio de las NN.UU. Desde entonces, la CCPI ha concentrado aún más sus esfuerzos en la obtención de cuatro objetivos que se encuentran fuertemente entrelazados:
- promover el conocimiento y la comprensión de la CPI y el Estatuto de Roma a nivel nacional, regional y mundial;

- facilitar la participación activa de la sociedad civil y de las ONGs en las negociaciones de la Comisión Preparatoria de las NN.UU. sobre la CPI, en particular, de los representantes de los Países del Sur;

- extender y fortalecer la red mundial de organizaciones que trabajan el tema de la CPI; y

- promover la aceptación universal y la ratificación del Estatuto de Roma, incluyendo la adopción de la legislación de implementación necesaria que permita a los Estados cooperar plenamente con la Corte.

Amnesty International; Asociacion Pro Derechos Humanos; Federation Internationale des Ligues des Droits de l'Homme; Human Rights Watch; International Centre for Human Rights and Democratic Development; European Law Students; Association International Commission of Jurists; Lawyers Committee for Human Rights; No Peace Without Justice; Parliamentarians for Global Action; Union Interafricaine pour les Droits de l'Homme; Rights and Democracy; Women's Caucus for Gender Justice; World Federalist Movement

La CPI será una corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves al derecho internacional humanitario: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y una vez que sea definida, la agresión. A diferencia de la Corte Interamericana que resuelve sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes, surgidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CPI establecerá la responsabilidad penal individual; y, a diferencia de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la Antigua Yugoslavia, creados por resolución del Consejo de Seguridad, su jurisdicción no estará cronológica o geográficamente limitada. La CPI no será retroactiva, aplicándose solo a aquellos crímenes cometidos después de su entrada en vigor. Es decir, una vez que 60 países hayan ratificado su Estatuto. Al momento de terminar esta edición, el Estatuto ha sido firmado por 139 países y ratificado por 30. La CPI será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, actuando solo cuando los Estados son incapaces o no tienen la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes. De modo que la responsabilidad primaria recaerá sobre los Estados. Esto tendrá como resultado que los Estados - actuando en su mejor interés - modernicen sus sistemas penales, tipifiquen crímenes internacionales y fortalezcan la independencia del poder judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial, al tiempo de asegurar la mejor cooperación entre los países y la Corte.

Luego de la Conferencia Diplomática, los gobiernos han seguido reuniéndose en la Comisión Preparatoria (Prep-Com) para elaborar los textos complementarios al Estatuto de Roma. El 30 de junio del 2000, la V Sesión de la Prep-Com finalizó las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos del Crimen que aplicaran los jueces de la CPI. La VIII Sesión de la Prep-Com se realizará del 24 de setiembre al 5 de octubre. Las delegaciones continuarán trabajando propuestas referidas al acuerdo de relación entre la Corte y las NN.UU., los principios del acuerdo relativo a la sede que han de negociar la Corte y el país anfitrión, el reglamento financiero y la reglamentación financiera detallada, un acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte, la definición de agresión así como el reglamento de la Asamblea de Estados Partes. La Prep-Com finalizará su trabajo cuando el Estatuto de la CPI entre en vigor. Entonces, los textos serán puestos a consideración de la Asamblea de los Estados Partes para su aprobación final.

Iberoamérica es aun una región de democracias relativamente jóvenes que buscan fortalecer el Estado de Derecho y una cultura política basada en el respeto a la dignidad humana y la paz. El reto de consolidar sociedades democráticas exige combatir la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, tales como las que han marcado la historia iberoamericana de recientes décadas, y prevenir su repetición. Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y la persecución internacional de los crímenes mas graves son importantes herramientas en la lucha contra la impunidad, así como la piedra angular de una rica jurisprudencia iberoamericana. La creación de una Corte Penal Internacional complementaria a las jurisdicciones nacionales, como un nuevo instrumento contra la impunidad, es un proyecto alrededor del cual coinciden la mayor parte de países de nuestra región y las instituciones más representativas de la sociedad civil. En la Coalición por la CPI estamos convencidos de que, además de un sólido instrumento para el fortalecimiento de sistemas jurídicos eficientes y de la democracia, la Corte Penal Internacional representará una respuesta profundamente ética a la interpelación de miles de víctimas de horrendos crímenes cometidos en nuestro ámbito regional: "¡Nunca más!".

Al 30 de abril del 2001, 139 países han firmado el Estatuto de Roma y 30 han completado el proceso de ratificación o adhesión. En lo que concierne a los 21 países iberoamericanos, 17 han firmado el Estatuto y tres han completado el proceso de ratificación: Argentina, España y Venezuela.

ARGENTINA: Firma: 8 enero 1999. Ratificación: 8 febrero 2001. Un comité interministerial, integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores (RR.EE.), de Defensa y de Justicia, está preparando el texto de la ley de implementación. Se espera el primer borrador a mediados del año 2001.

BOLIVIA: Firma: 17 julio 1998. A pesar de la aprobación de la ratificación por la Cámara de Diputados en mayo del año pasado y por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el proceso se encuentra aún sometido a consultas en el Ministerio de RR.EE.

BRASIL: Firma: 7 febrero 2000. El Ministerio de RR.EE. aprobó la traducción oficial del Estatuto al portugués. Un grupo de parlamentarios presento un proyectó de enmienda constitucional, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado. La enmienda reconoce la jurisdicción de la CPI.

CHILE: Firma: 11 setiembre 1998. El proyecto de ratificación se encuentra con un dictamen favorable de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. Se espera que el proyecto sea puesto a consideración del pleno de la Cámara. Legisladores opositores expresan dudas de carácter constitucional.

COLOMBIA: Firma: 10 diciembre 1998. El proyecto de ley 014/2001 (2 de abril de 2001) que propone la incorporación del Estatuto de Roma a la Constitución fue presentado al Senado. Dicha enmienda constitucional requiere ocho debates (dos en el Senado, dos en la Cámara de Diputados, en cada una de las dos legislaturas del año en curso). El 24 de abril, la ponencia sobre el proyecto de ley fue aprobada por la Comisión Primera del Senado.

COSTA RICA: Firma: 7 octubre 1998. El 30 de enero del 2001, la Asamblea Legislativa voto a favor de la ratificación; el texto de la ley deja claro en su Art. 3 que Costa Rica hará una declaración interpretativa referida al régimen de inmunidades establecido en su Constitución Política. El texto de ley fue publicado en la Gaceta Oficial el 20 de marzo. Se espera pronto el deposito del instrumento en la sede de las NN.UU.

CUBA: No ha firmado. El gobierno ha formado un grupo institucional de estudio, integrado por los Ministerios de Justicia, de RR.EE., de Defensa e instituciones jurídicas y académicas.

ECUADOR: Firma: 7 octubre 1998. El 6 de marzo del 2001, el Tribunal Constitucional emitió un dictamen favorable sobre la compatibilidad del Estatuto con la Constitución. El expediente ha sido enviado a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, que encargó a la diputada Alexandra Vela la elaboración del informe de viabilidad. Tan pronto se disponga de dicho informe, el Estatuto pasara a la Secretaria del Congreso para su aprobación por el Pleno.

EL SALVADOR: No ha firmado. Se estableció un comité interministerial para estudiar el Estatuto coordinado por la Cancillería. La Ministra de RR.EE., Lic. Maria Eugenia Brizuela de Avila, ha expresado la necesidad de superar algunos conflictos constitucionales para poder ratificar.

ESPAÑA: Firma: 18 julio 1998. Ratificación: 25 octubre 2000. El gobierno esta identificando las necesidades de reforma legislativa para la implementación y parece interesado en adoptar una ley que permita una cooperación eficaz con la futura Corte.

GUATEMALA: No ha firmado. Si bien no se aprecia aún priorización del tema de la CPI en la agenda gubernamental, se han dado los primeros pasos para conformar un grupo de trabajo informal desde la sociedad civil.

HONDURAS: Firma: 7 octubre 1998. De acuerdo a reportes recientes, el Ministerio de RR.EE. y el poder judicial hondureños realizan cuidadosas consultas para determinar la aceptabilidad y conveniencia de proceder a la ratificación del Estatuto.

MEXICO: Firma: 7 setiembre 2000. Existe voluntad de la Secretaria de RR.EE. de presentar el Estatuto de Roma al Congreso durante el segundo semestre del año en curso.

NICARAGUA: No ha firmado. No se aprecia aún priorización del tema de la CPI en la agenda gubernamental.

PANAMA: Firmo: 18 julio 1998. El Ministerio de RR.EE. ha solicitado su opinión a la Corte Suprema de Justicia sobre posibles conflictos constitucionales, en particular en relación a la extradición de nacionales. De este dictamen depende el envío del Estatuto al Consejo de Ministros.

PARAGUAY: Firma: 7 octubre 1998. El 17 de abril del 2001, por medio de la ley 1663/2001, el Estatuto se convirtió en ley nacional. Sin embargo, el depósito del instrumento de ratificación aún esta pendiente por lo que Paraguay aun no se ha convertido en Estado Parte.

PERU: Firma: 7 diciembre 2000. El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de ratificación a las Comisiones de Justicia y de RR.EE. del Congreso a fines de febrero del 2001. En su dictamen del 25 de abril, la Comisión de Justicia recomienda la aprobación del proyecto de ley.

PORTUGAL: Firma: 7 octubre 1998. El 4 de abril, el Diario Oficial publicó la Resolución Presidencial 27/2001 "otorgando facultades al Parlamento para realizar enmiendas a la Constitución." Ese mismo día, el Parlamento decidió iniciar el procedimiento de revisión de la Constitución. Los dos partidos mayores están oficialmente a favor de la CPI. La mayoría de expertos afirman que Portugal seguirá el modelo francés de enmienda constitucional genérica.

REPUBLICA DOMINICANA: Firma: 8 setiembre 2000. El proyecto de ley de ratificación está siendo examinado por el Congreso.

URUGUAY: Firma: 19 diciembre 2000. Firmó sobre la base de una opinión favorable de la Cancillería que incluía observaciones, en particular sobre temas como la inmunidad y las amnistías. Diversas bancadas parlamentarias apoyan la pronta ratificación del Estatuto ante el Congreso.

VENEZUELA: Firma: 14 octubre 1998. Ratificación: 7 junio 2000. Fue el primer país de Iberoamérica en ratificar el Estatuto, ahora ley de aplicación inmediata. Venezuela, además, ha incorporado el crimen de desaparición forzada a su código penal. Expertos independientes sostienen que es necesario que esto ocurra también con los otros crímenes y se determinen los limites mínimos y máximos de las penas aplicables.

I - Actividades de instituciones oficiales

II - Actividades de la sociedad civil

Del 3 al 5 de junio de 2001, se celebrará en San José de Costa Rica el XXXI Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Integrada por 35 países de América Latina, el Caribe y América del Norte. La Asamblea General, principal estructura política de la organización, se reúne cada año para supervisar el trabajo de sus agencias especializadas y aprobar resoluciones previamente negociadas en el Consejo Permanente. En años anteriores el cabildeo ante la OEA a favor de la Corte Penal Internacional ha dado como resultado la aprobación de menciones favorables a la CPI. Así, en la XXIX Sesión de la Asamblea General de la OEA celebrada en la ciudad de Guatemala en junio de 1999, la adopción del Estatuto de Roma fue mencionada en la resolución sobre la Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario. Del mismo modo, durante la XXX Sesión de la Asamblea General de la OEA realizada en la ciudad de Windsor, Canadá, la importancia de la CPI fue reconocida dentro de la resolución sobre la Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario y la resolución sobre Los Niños y los Conflictos Armados. Para esta sesión, la Coalición de ONGs por la CPI propone aunar esfuerzos para lograr una resolución específica sobre la CPI donde se señale la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma. Una resolución de estas características permitiría a la Secretaría General de la OEA impulsar acciones concretas de apoyo a la ratificación. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de su activa participación.

Por ello, los alentamos a realizar gestiones ante sus Ministerios de Relaciones Exteriores para solicitar a sus respectivos gobiernos:

1. Mencionar de manera explícita el tema de la CPI en los discursos de sus Ministros de RR.EE. durante la Asamblea General, llamando a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo han hecho, a ratificar el Estatuto de Roma.
2. Apoyar y promover la adopción de una resolución especifica sobre la Corte Penal Internacional.

• "La Corte Penal Internacional: Justicia versus Impunidad", Isabel Lirola Delgado, Magdalena M. Martin Martinez, Barcelona, Editorial Ariel, 2001, 307 p. ISBN: 84-344-3213-7
• "Modulo de capacitación: Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, Corte Penal Internacional", Ilanud. Programa Mujer, Justicia y Genero, San Jose de Costa Rica, El Programa, 2001, 223 p. ISBN: 9977-25-128-2
• "Estatuto de la Corte Penal Internacional", Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DD.HH., el Programa de DD. HH. de la Universidad Iberoamericana, NGO Coalition for an International Criminal Court y la Organización de las Naciones Unidas, México, 2001, 134 p. ISBN: 968-7687-18-1
• "La Corte Penal Internacional y los países andinos", Comisión Andina de Juristas, Lima, CAJ, 2001, 284 p. ISBN: 9972-637-40-9
• "La Corte Penal Internacional", Fundación Regional de Asesoría en DD.HH., Quito, INREDH, 2001, 35p. Serie Capacitación #8 ISBN: 9978-980-01-6
• "Corte Penal Internacional: Estatuto de Roma", Defensoría del Pueblo, Lima, 2000, 180p.

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