5 de junio de 2.000
La Subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti acaba de incurrir en el dislate mayor desde que asumió en la cartera que, se supone, debe velar por la plena vigencia de nuestros derechos individuales.
Varias veces en las columnas de F.M. Palermo nos hemos ocupado de esta funcionaria, que - proviniendo del campo de los derechos humanos - parece dispuesta a borrar con el codo todo lo escrito con la manos, en organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Cuando desde el "progresismo" se ha querido justificar un viraje político-ideológico, se recurrió al invento del "teorema de Baglini", que sostiene que cuando más se acerca al poder una fuerza de esas características, más debe amoldarse al establishmen. O algo parecido.
En realidad se trata de la perversa justificación del travestismo político, que algunos miembros del radicalismo, como Elisa Carrió, denuncian cada vez con más convicción. Sin ir más lejos, anoche lo hizo, sin maquillaje oratorio, en el programa de América T.V. El Martillo.
Los tropiezos más notorios de Diana Conti hasta hoy se refirieron a los juicios por la verdad y a los presos de La Tablada.
Página/12 publica hoy una nota firmada por Lila Pastoriza que atribuye a Conti haber desarrollado en un seminario en Barcelona, argumentos que la ponen a la derecha de Alicia Pierini y de Inés Pérez Suárez, sus antecesoras en la función, cuando dependía del Ministerio del Interior de Carlos Corach. Lo que no es poco decir.
La Subsecretaria habría afirmado que "el gobierno respetará la soberanía jurídica" y esta frase encierra un disparate mayúsculo. En efecto, el derecho internacional de los derechos humanos no tiene nada que ver con la soberanía.
Cuando los Estados deciden regular sus relaciones, máxime cuando de trata del derecho de gentes o derechos humanos, se someten a un orden supranacional, de lo contrario ¿qué sentido tendría elaborar tratados que sólo fueran aplicables en una zona etérea que iría desde las fronteras de un país hasta las fronteras del otro?.
Agitar el argumento de la soberanía sólo puede obedecer a la intención de confundir a la sociedad y exacerbar ánimos "nacionalistas", para terminar complicándose y haciéndose cómplice de los genocidas y de la impunidad.
Recordemos que cuando Izquierda Unida, integrante de la acusación popular del juicio en España, visitó argentina durante el menemismo, la acusación que partió de los labios de Alicia Pierini, fue la de "colonialistas". Isabelo Herreros, por entonces Secretario de Derechos Humanos de la coalición española, no daba crédito a lo que escuchaba y leía en Buenos Aires.
Más adelante Carlos Menem acusó a Baltasar Garzón de "vedet".
Se suponía que con el paso de la Subsecretaría al Ministerio que hoy se llama de Justicia y Derechos Humanos, las cosas iban a cambiar.
En las columnas de Derechos Humanos de La radio Va, fui cauto sino escéptico respecto de la política de la Alianza para el campo de los derechos básicos del pueblo argentino. No se puede - afirmé muchas veces - hacer profesión de fe al modelo de exclusión y, al mismo tiempo, prometer respetar los derechos humanos de esos excluidos. No obstante, con cierta ingenuidad, recibí la designación de Diana Conti como un hecho positivo. Incluso me sorprendió que cuando asumió no estuvieran presentes los organismos tradicionales de derechos humanos salvo Familiares y Abuelas. Además del Cels, al que Conti perteneció. Parece que los organismos ausentes eran menos optimistas.
La Subsecretaria no ignora que los derechos humanos no se detienen en fronteras ni soberanías; pero, lleva adelante la política de un gobierno que acaba de demostrar en lo económico - con impuestazo y rebaja de salarios - una ortodoxia y conservadurismo que adelanta mayores violaciones a nuestros derechos humanos.
La segunda frase espantosa que forma el copete de la nota asegura que la jurisdicción del Juez Baltasar Garzón, "no va a ser admitida por nosotros". Aquí agrega al disparate la intromisión de un gobierno que dijo que iba a ser respetuoso en la materia, en cuestiones que corresponden al Poder Judicial.
Y tal vez sea bueno ir avizorando qué significa para este gobierno respetar al poder judicial. Tal vez la respuesta esté en el reciente fallo de la Corte Suprema que convalidó un decreto menemista de recorte de salarios, que al actual gobierno le ha venido como anillo al dedo. ¿Será el pago del favor de la Alianza que no tocó a un solo miembro de la Corte y que mantiene cajoneados los pedidos de juicio político?.
O tal vez por respeto de la independencia de los jueces entienda este gobierno recibirlos, como lo hizo Fernando de la Rua, en la quinta presidencial hace pocos días, para deslizarles que debían ser más cautos a la hora de hacer lugar a ciertas excarcelaciones o eximiciones de prisión.
Según Página/12, Diana Conti dijo:
"La posición del gobierno argentino es que respetará la soberanía jurídica argentina. Más allá de que el juez Garzón envíe un pedido de extradición con todos los requisitos formales, creo que va a seguir siendo visto como un juez español cuya jurisdicción no va a ser admitida por nosotros en la Argentina. Entiendo, que a esta altura, la Argentina no aceptará la jurisdicción sobre nuestro país de ningún juez extranjero. Y que la vía que puede llegar a ser consensuada es la de un tribunal penal internacional".
Se trata de una falacia. Argentina tiene un tratado bilateral de cooperación judicial con España y está obligada a colaborar con Baltasar Garzón y con cualquier juez español que "reúna los requisitos formales de un pedido de extradición". Lo del Tribunal Penal Internacional encierra un argumento para distraer y confundir. En primer lugar ese tribunal va a existir, si alguna vez llega, dentro de muchos años ya que son muchos los países que se están negando a ratificarlo. Por otra parte, y aquí está el principal engaño, no podrá aplicarse para delitos del pasado. En definitiva: toda la argumentación de Diana Conti apunta a la perpetuación de la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. Obviamente, no se trata de errores doctrinarios sino de una firme decisión política. El gobierno de la Alianza, como a su turno el del menemismo, va a seguir evitando que se juzguen los delitos de lesa humanidad. Está dispuesto a pagar el costo político. Dependerá de la reacción y movilización del pueblo, detrás y junto a los organismos de derechos humanos, que ese costo sea más elevado o; incluso, que los planes de la impunidad fracasen. Los juicios por la verdad avanzan hacia la meta de la Corte Suprema y allí pueden naufragar, si no nos movilizamos en defensa del derecho del pueblo a la memoria, la verdad y la justicia. No hay "reconciliación" posible, sin que se aseguren esos derechos. Más allá que es difícil pensar en reconciliaciones entre víctimas y victimarios, cuando éstos permanentemente reivindican lo que han hecho y no se arrepienten de nada.
Diana Conti, Julio Strassera y Eduardo Jozami intervinieron en Barcelona en el "Memorial" sobre la verdad histórica en Argentina, Chile, Guatemala y Sudáfrica, donde también se analizaron las violaciones a los derechos humanos en España durante el franquismo.
En el foro se hicieron evidentes las diferencias entre distintos sectores de la Alianza. Dentro de esos sectores, Diana Conti ya no parece querer pertenecer a los más progresistas, garantistas y comprometidos con los derechos humanos.
No me extrañaría que ahora mismo, algún Diputado esté elaborando un pedido de informes o de interpelación o que algún abogado esté pensando en alguna denuncia penal contra la subsecretaria. No dudo que la respuesta de los organismos de derechos humanos no se hará esperar y será seguramente dura.-Carlos López De Belva