5 de junio de 2.000
Se trata de una colaboración para la página web de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
DIANA CONTI Y LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE LA ALIANZA
Hacia las postrimerías del menemismo, los defensores de los derechos humanos, algunos al menos, nos fuimos ilusionando con un mejoramiento de la situación de esos derechos en nuestro país. Creíamos que los sectores del "progresismo", nucleados fundamentalmente en el Frepaso se constituirían en el reaseguro de las garantías básicas - al menos - del pueblo argentino.
Sin embargo, a medida que la campaña electoral iba avanzando, esas ilusiones fueron desvaneciéndose. En efecto, los candidatos de esa fuerza política comenzaron a hacer profesión de fe en este modelo neoliberal de exclusión y entonces, fue muy sencillo diagnosticar que sería imposible mantener esa fe y al mismo tiempo respetar y hacer respetar los derechos humanos.
En el área específica de estos derechos, no había propuestas claras; pero, lo que alentaba, en alguna medida al menos, era la trayectoria de algunos de los candidatos.
Aclaremos antes de avanzar que algunos de esos candidatos sí fueron coherentes con esa trayectoria. Otros incurrieron en un perverso travestismo político-ideológico.
Un signo positivo, más allá de lo formal, fue que la Subsecretaría de Derechos Humanos se sacó del área del Ministerio del Interior, que durante el menemismo ocupó Carlos Corach y se incorporó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no existía antes como tal. Al frente de la cartera está uno de los jueces de la Cámara Federal que juzgó y condenó a las juntas militares que impusieron el Terrorismo de Estado, a los que posteriormente premió el indulto menemista.
El primer sacudón se produjo cuando al frente de la subsecretaría se quiso imponer a un hombre sin ningún nexo con esos derechos. Un abogado de empresas, que en su primera intervención público supo provocar el repudio de los organismos defensores de los derechos humanos. Mientras tanto sonaba como candidata Diana Conti, estrecha colaboradora de Eugenio Raúl Zaffaroni y abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Estuve entre quienes consideraban auspicioso el trascendido y lógicas las resistencias dentro de los sectores más conservadores de la alianza, fundamentalmente del radicalismo. Más concretamente del propio Presidente Fernando de la Rúa que no digería que Conti figurase entre los Diputados que propiciaba la nulidad de las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) sancionadas durante el gobierno del también radical Raúl Ricardo Alfonsín.
Finalmente, la candidata pasó los filtros y asumió en una tórrida tarde de principios del 2.000. La Alianza había asumido el 10 de diciembre de 1.999.
Estuve en el acto y me sorprendió ver tantas caras desconocidas y tan pocas conocidas. Éstas impresionaban por su ausencia, aquéllas, por su exceso. Seguramente eran funcionarios o aspirantes a serlo. Salvo Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas y Cels, no vi otros organismos. Premonitorio tal vez.
Cuando comenzaron a avanzar los juicios por la Verdad, con citaciones a militares, la subsecretaria formuló desafortunadas declaraciones en las que calificó de "payasada" a todo lo actuado por la justicia cordobesa que había dispuesto arrestos de militares que se negaron a declarar. Bueno es aquí recordar que los juicios por la verdad responden al derecho fundamental de los familiares de conocer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos. El esfuerzo de muchos colegas apoyados por los organismos de derechos humanos va logrando importantes avances, que ha preocupado a la corporación militar. El gobierno ha dado señales de permeabilidad a esas preocupaciones y serias intenciones de adoptar medidas que las alivien o hagan desaparecer. En este momento la lucha del pueblo argentino en sus tribunales intenta perforar la malla de la impunidad. Si los juicios avanzan, es posible que delitos no beneficiados por el Punto Final y la Obediencia Debida ni los indultos, se sancionen penalmente. En derecho corresponde. En política, la última palabra la dirá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su oportunidad convalidó leyes y decretos de impunidad, con lo que esos juicios podría decirse, tienen pronóstico reservado.
La segunda aparición pública desafortunada de Diana Conti se produjo con sus declaraciones sobre los presos por el intento de copamiento del cuartel de La Tablada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado Argentino rectificar las violaciones a los derechos humanos verificados en el juicio a los militantes del Movimiento Todos por la Patria y reparar a las víctimas de esas violaciones. Las violaciones se produjeron en el juicio en sí, proceso en que no se respetaron las garantías judiciales que prescribe la Convención Americana de Derechos Humanos y en la recuperación del cuartel, con asesinatos, desapariciones y torturas.
Al referirse a este tema Diana Conti aseguró que las recomendaciones de la CIDH no son obligatorias, afirmación inadmisible en quien se supone debe velar por la plena vigencia de los derechos humanos y quien - como ella - en el ejercicio de su profesión, más de una vez recurrió al organismo regional de derechos humanos en denuncias contra el Estado argentino.
La Subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti acaba de incurrir en el dislate mayor desde que asumió en la cartera que, se supone, debe velar por la plena vigencia de nuestros derechos individuales.
Varias veces en las columnas radiales de F.M. Palermo me he ocupado de esta funcionaria, que - proviniendo del campo de los derechos humanos, como dije antes - parece dispuesta a borrar con el codo todo lo escrito con la manos, en organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Cuando desde el "progresismo" se ha querido justificar un viraje político-ideológico, se recurrió al invento del "teorema de Baglini", que sostiene que cuando más se acerca al poder una fuerza de esas características, más debe amoldarse al establishmen. O algo parecido. Vale decir, para ser pragmático, cuando se aspira al poder, hay que ser moderado, bajar los decibeles y la protesta. De lo contrario, los centros de poder mundial podrían cortar fácilmente las aspiraciones de quienes antes eran cuestionadores y contestatarios.
En realidad se trata de la perversa justificación del travestismo político, que algunos miembros del radicalismo, como Elisa Carrió, denuncian cada vez con más convicción. Sin ir más lejos, anoche lo hizo, sin maquillaje oratorio, en el programa de América T.V. El Martillo.
Página/12 publica hoy una nota firmada por Lila Pastoriza que atribuye a Conti haber expuesto en un seminario en Barcelona, argumentos que la ponen a la derecha de Alicia Pierini y de Inés Pérez Suárez, sus antecesoras en la función, cuando dependía del Ministerio del Interior de Carlos Corach. Lo que no es poco decir.
La Subsecretaria habría afirmado que "el gobierno respetará la soberanía jurídica" y esta frase encierra un disparate mayúsculo. En efecto, el derecho internacional de los derechos humanos no tiene nada que ver con la soberanía.
Cuando los Estados deciden regular sus relaciones, máxime cuando se trata del derecho de gentes o derechos humanos, se someten a un orden supranacional, de lo contrario ¿qué sentido tendría elaborar tratados que sólo fueran aplicables en una zona etérea que iría desde las fronteras de un país hasta las fronteras del otro?.
Agitar el argumento de la soberanía sólo puede obedecer a la intención de confundir a la sociedad y exacerbar ánimos "nacionalistas", para terminar complicándose y haciéndose cómplice de los genocidas y de la impunidad.
Recordemos que cuando Izquierda Unida, integrante de la acusación popular del juicio en España, visitó argentina durante el menemismo, la acusación que partió de los labios de Alicia Pierini, fue la de "colonialistas". Isabelo Herreros, por entonces Secretario de Derechos Humanos de la coalición española, no daba crédito a lo que escuchaba y leía en Buenos Aires.
Más adelante Carlos Menem acusó a Baltasar Garzón de practicar el "vedetismo".
Se suponía que con el paso de la Subsecretaría al Ministerio que hoy se llama de Justicia y Derechos Humanos, las cosas iban a cambiar.
En las columnas de Derechos Humanos de La radio Va, fui cauto sino escéptico respecto de la política de la Alianza para el campo de los derechos básicos del pueblo argentino. No se puede - afirmé muchas veces - hacer profesión de fe al modelo de exclusión y, al mismo tiempo, prometer respetar los derechos humanos de esos excluidos. No obstante, con cierta ingenuidad, recibí la designación de Diana Conti como un hecho positivo. Incluso me sorprendió que cuando asumió no estuvieran presentes los organismos tradicionales de derechos humanos salvo los nombrados Familiares y Abuelas. Además del Cels, al que Conti perteneció. Parece que los organismos ausentes eran menos optimistas.
La Subsecretaria no ignora que los derechos humanos no se detienen en fronteras ni soberanías; pero, lleva adelante la política de un gobierno que acaba de demostrar en lo económico - con impuestazo y rebaja de salarios - una ortodoxia y conservadurismo que adelanta mayores violaciones a nuestros derechos humanos.
La segunda frase espantosa que forma el copete de la nota asegura que la jurisdicción del Juez Baltasar Garzón, "no va a ser admitida por nosotros". Aquí agrega al disparate la intromisión de un gobierno - que dijo que iba a ser respetuoso en la materia - en cuestiones que corresponden al Poder Judicial.
Y tal vez sea bueno ir avizorando qué significa para este gobierno respetar al poder judicial. Tal vez la respuesta esté en el reciente fallo de la Corte Suprema que convalidó un decreto menemista de recorte de salarios, que al actual gobierno le ha venido como anillo al dedo. ¿Será el pago del favor de la Alianza que no tocó a un solo miembro de la Corte y que mantiene cajoneados los pedidos de juicio político?.
O tal vez por respeto de la independencia de los jueces entienda este gobierno recibirlos, como lo hizo Fernando de la Rua, en la quinta presidencial hace pocos días, para deslizarles que debían ser más cautos a la hora de hacer lugar a ciertas excarcelaciones o eximiciones de prisión.
Según Página/12, Diana Conti dijo:
"La posición del gobierno argentino es que respetará la soberanía jurídica argentina. Más allá de que el juez Garzón envíe un pedido de extradición con todos los requisitos formales, creo que va a seguir siendo visto como un juez español cuya jurisdicción no va a ser admitida por nosotros en la Argentina. Entiendo, que a esta altura, la Argentina no aceptará la jurisdicción sobre nuestro país de ningún juez extranjero. Y que la vía que puede llegar a ser consensuada es la de un tribunal penal internacional".
Se trata de una falacia. Argentina tiene un tratado bilateral de cooperación judicial con España y está obligada a colaborar con Baltasar Garzón y con cualquier juez español que "reúna los requisitos formales de un pedido de extradición". Lo del Tribunal Penal Internacional encierra un argumento para distraer y confundir. En primer lugar ese tribunal va a existir, si alguna vez llega, dentro de muchos años ya que son muchos los países que se están negando a ratificarlo. Por otra parte, y aquí está el principal engaño, no podrá aplicarse para delitos del pasado. En definitiva: toda la argumentación de Diana Conti apunta a la perpetuación de la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. Obviamente, no se trata de errores doctrinarios sino de una firme decisión política. El gobierno de la Alianza, como a su turno el del menemismo, va a seguir evitando que se juzguen los delitos de lesa humanidad. Está dispuesto a pagar el costo político. Dependerá de la reacción y movilización del pueblo, detrás y junto a los organismos de derechos humanos, que ese costo sea más elevado o; incluso, que los planes de la impunidad fracasen. Los juicios por la verdad avanzan hacia la meta de la Corte Suprema y allí pueden naufragar, si no nos movilizamos en defensa del derecho del pueblo a la memoria, la verdad y la justicia. No hay "reconciliación" posible, sin que se aseguren esos derechos. Más allá que es difícil pensar en reconciliaciones entre víctimas y victimarios, cuando éstos permanentemente reivindican lo que han hecho y no se arrepienten de nada.
Diana Conti, Julio Strassera y Eduardo Jozami intervinieron en Barcelona en el "Memorial" sobre la verdad histórica en Argentina, Chile, Guatemala y Sudáfrica, donde también se analizaron las violaciones a los derechos humanos en España durante el franquismo.
En el foro se hicieron evidentes las diferencias entre distintos sectores de la Alianza. Dentro de esos sectores, Diana Conti ya no parece querer pertenecer a los más progresistas, garantistas y comprometidos con los derechos humanos.
No me extrañaría que ahora mismo, algún Diputado esté elaborando un pedido de informes o de interpelación o que algún abogado esté pensando en alguna denuncia penal contra la subsecretaria. No dudo que la respuesta de los organismos de derechos humanos no se hará esperar y será seguramente dura.-Carlos López De Belva Secretario de la Comisión de DDHH
de la Asociación de Abogados de Buenos Aires