Documento
de Presentación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democratización de la
Justicia.
Red
Latinoamericana y del Caribe de Magistrados y Funcionarios Judiciales por la
Democratización de la Justicia.
DOCUMENTO
DE PRESENTACIÓN DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA
I.
Una visión política y estructural del problema judicial.
Los
países de América Latina y el Caribe han atravesado durante los últimos quince años
una etapa política caracterizada por procesos de transición democrática, luego de las
dictaduras militares que caracterizaron las décadas pasadas. Esta transición ha traído
consigo una profusión de reformas estructurales y modificaciones institucionales que ha
tenido profundos e insoslayables efectos - de todo tipo - sobre los sistemas políticos
vigentes, y el sistema de justicia no ha sido ajeno a ellos.
En
el marco de estos procesos de transición democrática, en todos los países de la región
se han ido formando grupos que han construido discursos y prácticas alrededor de los
mencionados procesos de reforma judicial y los problemas que con ella se vinculan. Estos
grupos han trabajado intensamente en sus propios países y han establecido entre ellos
contactos e intercambios que han resultado en la formación de una comunidad de discursos
que buscan la consolidación de los principios democráticos en el ámbito del sistema
judicial.
Intelectuales,
académicos y líderes sociales que comparten estos principios se han ido nublando, al
inicio informalmente, en instituciones que han tomado a su cargo la tarea de consolidar el
proceso de reforma judicial en nuestros países, y a lo largo de estos años se han
encontrado en diferentes congresos, seminarios y proyectos comunes donde han ido madurando
en la práctica esta idea que hoy se plasma en la constitución de una Red para la
Democratización de la Justicia.
La
Red ha surgido como un espacio de encuentro, y el objetivo es consolidarlo como espacio en
el que sea posible la articulación de un trabajo en conjunto para concretar una serie de
objetivos compartidos por todos. El trabajo en red es mucho más que retórica; implica
una forma de trabajo, una metodología de trabajo en equipo y una cultura de la
solidaridad y del intercambio. Exige la formulación de ejes comunes y programas de
trabajo, en el horizonte determinado por la idea de un derecho preocupado por las personas
y que priorice la solución de los conflictos y la construcción de una sociedad
igualitaria.
La
democratización de la justicia en América Latina constituye un desafío insoslayable,
que va más allá del marco formal del funcionamiento del sistema republicano y la
división de poderes y significa asumir la necesidad de señalar, construir y fortalecer
una nueva cultura, donde el respeto de los derechos humanos sea no sólo un principio
abstracto sino por sobre todo una práctica efectiva. En este proceso, la democratización
de la justicia exige la creación y recreación de aquellas condiciones que hacen posible
que lo judicial ocupe un lugar relevante dentro del esquema político y se identifique con
la defensa de esos derechos fundamentales.
Es
imprescindible trabajar para que se reduzcan los niveles de violencia implementados desde
el Estado, atenuar la tensión provocada entre los programas normativos y la realidad, y
desarrollar nuevas herramientas para lograr cambios dentro de un sistema de
administración de justicia. La justicia penal ocupa en este esquema un lugar particular,
pues constituye el ejercicio más crudo del poder estatal, y mostrando un estado que deja
de ser de derecho, para convertirse en uno arbitrario, autoritario que - en definitiva -
demuestra desprecio por el ser humano.
Es
necesario elaborar una crítica aguda al sistema inquisitivo, pero no desde una
perspectiva procedimental - que exige un cambio de instituciones necesario y no
discutible, pero que no agota el problema - sino avanzando en el análisis de la relación
entre el contexto histórico y los procesos políticos que dieron lugar a una forma
particular de administración de justicia, para poder conocer en qué medida el sistema
inquisitivo es un método de expropiación de lo judicial a la vida social, propio de un
modelo de poder concentrado, profundamente antidemocrático.
El
sistema judicial constituye en sí mismo un espacio de lucha política, y es muy
importante trabajar en la construcción de programas no violentos que sean capaces de
abordar la resolución de los conflictos sociales básicos de nuestras sociedades. La Red
de Justicia constituye un espacio que busca identidad propia, en donde los programas
teóricos, políticos y metodológicos se deben sumar para alcanzar coherencia y eficacia,
respetando los principios de la dignidad humana, los derechos humanos, las garantías
sustantivas y la democracia.
Desde
esta perspectiva, los esfuerzos realizados en los distintos países adquirirán un nuevo
sentido y alcanzarán una proyección merecida y necesaria. Las tareas por hacer son
muchas: fortalecer los lazos que vinculen los distintos proyectos, intercambiar
experiencias, incentivar equipos de trabajo, construyendo espacios múltiples donde poder
discutir y diseñar estrategias que rompan el aislamiento entre los distintos procesos de
reforma en los países de la región. Este trabajo implica la lucha por un modelo de
estado que tome a la democracia y al derecho como base de su existencia, asegurando el
respeto de valores sustantivos defendidos por sus mismas reglas y minimizando el
sufrimiento que infringe este mismo estado a sus ciudadanos, muchas veces justificado en
la necesidad de asegurar una convivencia armónica.
Modelo
inquisitivo y justicia democrática
La
consolidación de los procesos políticos democráticos en América Latina va acompañada
de cambios y redefiniciones en la esfera institucional, y los sistemas judiciales nunca
están al margen de ellos. Estos cambios institucionales, por su parte, requieren la
transformación de la cultura jurídica, lo que implica una revisión crítica profunda
del modelo construido a partir de determinadas prácticas.
El
modelo inquisitivo es el paradigma de una cultura autoritaria, que asienta sus bases en
principios políticos muy ajenos a las instituciones democráticas, y cuya manifestación
más visible son los actuales sistemas judiciales, caracterizados por su anacronismo y por
su escasa funcionalidad. La lucha contra este modelo debe fundarse en una crítica radical
de los supuestos del modelo inquisitivo, y a la vez generar las condiciones que
desencadenen un proceso social de discusión acerca de cuáles deben ser los ejes rectores
y los principios fundamentales de un sistema judicial democrático y respetuoso de la
persona humana.
Los
orígenes de la crisis actual de la justicia en nuestros países - y los problemas que
ella presenta - no son nuevos, sino que hunden sus raíces en la forma del estado
colonial. El sistema judicial de América Latina es básicamente inquisitivo, nacido en
una época precisa y al servicio de una concreta estructura del Estado. Muchos de sus
atributos centrales (carácter escrito, secreto, formalista, lento, dependiente,
burocrático) son cualidades esenciales del sistema y no defectos. Al mismo tiempo estas
estructuras judiciales - completamente alejadas de un sistema y una cultura republicanos -
dan forma a una cultura jurídica cerrada sobre sí misma, que normalmente impide a los
sectores profesionales a ella vinculados tener una cabal dimensión de la importancia de
los programas de reforma judicial.
Un
verdadero programa de reforma no puede fijarse como objetivo la mera resolución de
problemas puntuales, sino que debe tener la vocación y la fuerza para torcer el curso
histórico de desenvolvimiento del sistema inquisitivo, sentando al mismo tiempo las bases
para el desarrollo de nuevos sistemas judiciales. Este es un objetivo que debe orientar
las acciones concretas y las estrategias de cambio, alimentadas, además, por programas
concretos que den respuesta a los conflictos, reduzcan la violencia, y rechacen las
ficciones normativistas. Por ello se deben construir, sobre bases republicanas y
democráticas, nuevos modelos de organización judicial, nuevos modelos de juez, nuevas
formas de procedimiento y una nueva cultura judicial para nuestra región.
Así,
transformar la justicia implica - de modo insoslayable - la transformación social que se
refleja en la participación de la comunidad jurídica, en la participación de la
comunidad política y en la participación de los restantes grupos sociales. Esto no se
agota en la construcción de espacios adecuados para esas manifestaciones, sino que obliga
a encarar el difícil problema de producir las condiciones para generar un debate público
amplio y democrático en torno a los temas de la justicia.
A
nivel político, este cambio cultural debe erradicar el sentimiento elitista de los
integrantes del poder judicial, y colocarlos en un lugar de igualdad y horizontalidad con
los demás grupos sociales. Así, el ciudadano va a apreciar que la justicia es un
elemento imprescindible en la comunidad, y se va a acotar la distancia producida por el
esquema del sistema inquisitivo. Todos estos cambios deben ir acompañados de una profunda
transformación en el nivel de las prácticas. Esta transformación implica vincular el
nivel de lo macro (transformación del sistema, reforma normativa, etc.) con el de lo
micro (prácticas judiciales, formas de gestión); de este modo se establecerán las bases
de una nueva práctica de administración de justicia, más atenta entonces a la
resolución de los problemas de fondo que al cumplimiento de los ritos, manifestación y
origen de una nueva cultura judicial.
La
justicia en América Latina ha iniciado una etapa de grandes cambios. Su adecuada
comprensión radica en su vinculación estrecha con los cambios políticos operados en
todo el continente. No es posible pensar en la transformación de la justicia sin pensar
en las transformaciones que ha sufrido América Latina en su marco político. La apertura
democrática operada y una visión del derecho que ya no descansa en el autoritarismo
sino, contrariamente, en la idea de instrumento al servicio del ciudadano ha variado
notablemente las características constitutivas del fenómeno jurídico.
Por
su relevancia en el contexto democrático, la justicia se convierte en un termómetro para
medir el modo en el que avanzan y se profundizan las instituciones democráticas. Por
ello, la administración de justicia ocupa un lugar privilegiado en el análisis del marco
político, dado que la falta de confianza por parte de los ciudadanos en dicha
administración implica inestabilidad de los procesos democráticos.
Así
como es posible diseñar estrategias de cambio que apuntan a lo político e institucional,
también es necesario elaborar un programa científico que construya un nuevo saber
teórico sobre la administración de justicia. Tanto el proceso político de reforma
necesita de una permanente elaboración teórica como el desarrollo científico del
derecho penal necesita dar cuenta de los procesos de cambio. Si la reforma judicial no se
instala en una fuerte lucha de ideas en el plano teórico, se debilita la crítica a la
cultura inquisitiva, y se corre el riesgo de cambiar estructuras formales y no culturales,
permitiendo la reconstrucción cultural del sistema inquisitivo, que ha demostrado una
gran fuerza de absorción de instituciones nuevas. Es preciso que sigamos enfatizando la
idea de que el programa político de reforma reclama y posibilita una renovada reflexión
teórica sobre la administración de justicia. Es en este sentido que se nutrirá el
trabajo de la Red, realizando acción simultáneamente con investigación y capacitación.
Estas vertientes tienen un cauce común, y sólo resta orientar su curso para que
confluyan en un mismo espacio.
II.
Los Planos de un Programa de Reflexión Teórica
En
primer lugar, América Latina debe construir una nueva teoría política sobre lo
judicial. Sin duda existen trabajos sobre este tema, pero no se ha generado aun un
conjunto de ideas fuertemente enlazado en una teoría política global sobre el poder
judicial. No ha sido una preocupación teórica prioritaria desde las ciencias políticas
y desde el derecho constitucional no se ha profundizado lo suficiente. Construir una
teoría política de la justicia en democracias pobres y excluyentes no es sencillo, mucho
menos sencillo si se busca integrar el aparato conceptual de varias disciplinas y se
intenta eludir las trampas teóricas de la reificación o la personificación del poder.
Urge, pues, reflexionar sobre lo judicial como un espacio político en el que concurren,
disputan o se equilibran distintas fuerzas sociales; espacio donde se organizan e
interactuan diversas instituciones, tanto públicas como privadas; en fin, un específico
espacio social, más proclive a ser explicado como un campo de fuerzas que como una cosa,
persona o función. Asimismo es necesario asignar verdaderas finalidades políticas a la
justicia penal, abandonando las formulaciones genéricas o los ideales puramente morales.
Sus funciones de pacificación, seguridad, certidumbre, tolerancia, etc., deben ser
desarrolladas con mayor extensión y mayor precisión, para que en la justicia tengan
finalidades políticas concretas, dentro del proceso político particular de cada
sociedad. Deberíamos, también, tener mayor capacidad para explicar los procesos
políticos internos dentro del espacio judicial, así como la integración de lo judicial
en el marco general de los problemas de gobierno y su eficacia. Otro de los temas
centrales de una teoría política sobre la administración de justicia es la
construcción de un lenguaje político para el poder judicial, no sobre él. Los jueces de
Latinoamérica carecen de un adecuado lenguaje político. Finalmente, también es un punto
central de una teoría política del poder judicial lo concerniente a los modos de
acumulación de poder, propios del poder judicial. ¿Cómo se construye un poder judicial
independiente, es decir, según un proceso propio y autónomo de acumulación de poder?
Ello permitiría construir nuevas estrategias de poder para el poder judicial que rompan
la lógica peticionaria, propia del sistema inquisitivo.
Un
segundo nivel de reflexión teórica nos lleva al análisis de las estructuras judiciales.
Allí podemos observar distintos problemas: en primer lugar, carecemos de una adecuada
observación empírica sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales; en segundo
lugar, no hemos desarrollado una fuerte interdisciplina y ni siquiera estamos
acostumbrados a utilizar herramientas conceptuales consolidadas en otras disciplinas y
pretendemos todavía que el derecho tiene exclusividad en la determinación del objeto de
estudio, si es que las otras disciplinas se quieren ocupar de los problemas judiciales; en
tercer lugar, no hemos analizado suficientemente las estructuras básicas de la
administración de justicia y, menos aún, las relaciones entre procesos y organizaciones;
finalmente, no tenemos claridad sobre la formulación, ejecución y control de las
políticas judiciales. Es claro, pues, que debemos construir casi completamente un método
de análisis de lo judicial, que integre racionalmente estos problemas.
Un
tercer nivel de reflexión teórica concierta ya a la ciencia jurídica. Por una parte,
las nuevas teorías de la argumentación y el razonamiento judicial deben y pueden dar
cuenta del ambiente institucional en el que se desarrollan, mediante teorías que asuman
el marco institucional de construcción de los discursos jurídicos. En un segundo plano,
el derecho constitucional latinoamericano debe superar una visión ingenua o meramente
descriptiva del problema judicial, generalmente despolitizada. Finalmente el derecho penal
y el derecho procesal deben transitar con mayor fortaleza el camino de la integración
conceptual, abandonando barreras artificiales creadas muchas veces por clasificaciones
arbitrarias o insustanciales. Por lo menos una integración en los niveles del análisis
político criminal, de la construcción unitaria del sistema de garantías y de una
dogmática penal que asuma el contexto procesal es posible y abriría nuevas elaboraciones
teóricas.
Finalmente,
debemos revisar la pedagogía del derecho en diálogo con el proceso de reforma judicial
en América Latina. El modo de enseñar es subsidiario del funcionamiento del sistema
judicial aunque muchas veces no lo hagamos explícito. En definitiva, el análisis y la
construcción de casos, la argumentación y la construcción creativa de soluciones no
están presentes en la enseñanza universitaria porque no lo están en los sistemas
judiciales. Sí están presentes la repetición de formas, el conocimiento de trámites y
la domesticación de la imaginación porque así funcionan nuestros sistemas judiciales.
La
construcción de la Red y su metodología de permanente intercambio es una propuesta de
trabajo colectivo. No se trata de una nueva institución sino de una práctica de
colaboración y conjunción de esfuerzos. La democratización de la administración de la
justicia no es el cambio de un modelo por otro sino el cambio de un tipo de práctica a
otra fundada en valores diferentes. La Red busca ser un espacio de encuentro entre jueces,
profesionales, organizaciones sociales, instituciones académicas y los ciudadanos comunes
para asumir como una tarea común y prioritaria la construcción de un sistema judicial
fundado en los principios de la república y la democracia.
RED
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES POR LA
DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA.
CONVOCATORIA.
1.
Las instituciones judiciales de los países latinoamericanos necesitan una profunda
transformación. Ello no es sólo un reclamo generalizado de la sociedad sino también una
deuda impostergable respecto de quienes hace ya demasiado tiempo buscan amparo en la ley y
en los tribunales, sin respuesta. Nuestras sociedades reclaman hoy un Poder Judicial
fuerte, honesto y eficaz. Qué esté decididamente comprometido con el cumplimiento de la
ley, que convierta al Estado de Derecho en una realidad cotidiana y útil, que controle a
los restantes poderes públicos para que no abusen de su poder y que contribuya a
profundizar la democracia. En definitiva, un Poder Judicial consciente y comprometido con
su función de gobierno.
2.
Construir esa fortaleza del Poder Judicial -que le permita mantener su independencia y
cumplir sus funciones de gobierno- debe ser una tarea constante de todos los sectores de
la sociedad. La función judicial no le pertenece sólo a los jueces, funcionarios y
abogados. Ella es parte del sistema democrático y republicano que debe sostener toda la
ciudadanía. Sin embargo, hoy los magistrados, funcionarios y abogados de América Latina
tenemos la obligación de sumarnos de un modo activo y profundo a los procesos de
transformación judicial. Estos procesos buscan librar a nuestras instituciones judiciales
del peso del formalismo, el verticalismo, la deshumanización, la lentitud y la
incapacidad para contribuir de un modo eficaz a la consolidación de la paz y el
perfeccionamiento de la democracia.
3.
Agruparnos en asociaciones, procurar la democratización interna del Poder Judicial, abrir
las puertas de los sistemas judiciales a una renovado diálogo con el conjunto de la
sociedad, cooperar creativamente y con liderazgo en los procesos de transformación
judicial, establecer redes y relaciones de intercambio permanente entre todos los países
latinoamericanos, analizar permanentemente la eficiencia del servicio, son elementos que
debemos utilizar para democratizar las instituciones judiciales. Lograr que estas estén
al servicio de los sectores más débiles de nuestros países, es la tarea prioritaria que
debemos asumir para esta época y para nuestra situación institucional. Debemos
esforzarnos para que el Poder Judicial construya su propio poder de la mano de la defensa
de la Constitución y el acceso a la Justicia a través de un servicio oportuno a la
ciudadanía.
4.
Por tal razón, convocamos a Jueces, Fiscales, Defensores y Funcionarios judiciales a
sumarse a las distintas asociaciones de sus respectivos Estados, y procurar que ellas
asuman los objetivos de democratización interna, construcción autónoma de su fortaleza
e independencia y servicio efectivo a los sectores débiles de nuestra sociedad. También
los convocamos a formar parte y sostener una RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA. Formar una
Red no es crear una nueva institución sino un espacio de encuentro, cooperación y
estímulo para que quienes adhieran a esta convocatoria fortalezcan las asociaciones ya
existentes, constituyan otras de variada forma o inicien cualquier tipo de trabajo
colectivo que contribuya a la democratización de la Justicia. Para ello, se ha conformado
una JUNTA PROMOTORA, cuya tarea será la convocatoria de foros regionales y locales que
permitan construir entre todos esta red y convocar cuanto antes a su primera reunión
general.
JUNTA
PROMOTORA:
María
Ángela Poliche de Sobrecasas, Vocal de Sala Cuarta Cámara Laboral de Tucumán.
Marta
González de Ponssa, Vocal de Sala Civil, Tucumán.
Teresa
Carnival de Davio, Defensora Oficial Penal, Tucumán.
José
Alfredo Garzia, Juez de Instrucción, Tucumán.
Susana
Suárez de Durán, Fiscal de Instrucción, Concepción, Tucumán.
Alfonso
Arsenio Zotoli, Juez de Instrucción, Tucumán.
Esteban
Jerez, Fiscal de Instrucción, San Miguel de Tucumán.
Edgardo
Leonardo Sánchez, Secretario, Concepción, Tucumán.
José
Luis Pignocchi, Juez Civil, Formosa.
Agustín
José Repetto, Secretario de la Cámara Federal de Tucumán.
Emilio
Eduardo Ferrer, Fiscal Federal de Tucumán.
Ricardo
Mendaña, Fiscal de Cámara, Neuquén.
Víctor
María Vélez, Juez de Cámara, Córdoba.
Juan
Carlos Reynaga, Juez de Cámara, Catamarca.
José
Luis Bruno, Defensor Penal, Orán, Salta.
Alejandro
Saravia, Fiscal ante la Corte, Salta.
Edgardo
Ruben Álvarez, Juez de Cámara, Catamarca.
Nereo
Magi, Juez de Instrucción de Menores y faltas, Alta Gracia, Córdoba.
Mónica
Rodríguez, Fiscal de San Martín, Buenos Aires.
Fernando
Domínguez, Fiscal de Cámara de San Martín, Buenos Aires.
ADHERENTES:
Gustavo
E. L. Garibaldi
Rubén
G. Mercado
José
Luis Bruno
Javier
Alzamora Arroyo.
Pedro
Roldán Vázquez
Marcelo
José Carranza.
Alejandro
Gustavo Defranco.
Omar
Florencio Minatta
Mario
Coriolano
Alberto
Dalla Vía
Roque
Orrego
María
Virginia Bertoldi
Jorge
Rosell
Edgardo
L. Sánchez
Sara
Alicia López
Carlos
E. Courtade
Emilio
E. Ferrer
Ricardo
S. Bianciotti
R.
Silvestro
Edgardo
D. Gómez.
Juan
José Guchea
Mirta
Norma Siedlecki
Lidia
Luengo
Dardo
Oscar Tortul
Alberto
Adrian Welp
Liliana
Mabel Mujica
Eduardo
García Jurado
Jorge
Miguel Flores
Malvasio
Lizzi
Romeo
Schweneber
Horacio
Prack
Alfonso
Zottoli
Nélida
Marguerichi
Andrés
Harfuch
Guillermo
Nicora
Omar
Guerra
María
Fernanda Mestrín
Daniel
Rebagliati Russel
Sergio
Oribones
José
Luis Sediza
Natalia
Buira
Jorge
Juarez
Abel
Fleming
Félix
Gustavo Roumieu
Carlos
María Morales
Juana
Juarez de Durand
Juan
Carlos Ferrari
Luis
Gil Juliani
Lucía
María Aseff
Red
de Jueces y Operadores Judiciales para la Democratización de la Justicia en
Centroamérica.
El
proyecto cuenta con financiamiento de Prodeca, Dinamarca, y su coordinador general es el
Dr. Mariano Aiello. Su ejecución se inició en octubre del año 2000 y persigue los
siguientes objetivos:
·
La formación y consolidación de las asociaciones de jueces, magistrados y operadores
judiciales en la región;
·
El establecimiento de un foro permanente de comunicación, discusión y participación
entre las asociaciones centroamericanas, en una primera etapa, para luego conformar la Red
Latinoamericana;
·
La instalación de una red centroamericana de jueces, magistrados y operadores judiciales
comprometidos con las realidades locales y con la necesidad de fortalecer la
independencia, tanto orgánica como funcional, del sistema de justicia, y, por último,
·
La consolidación del sistema judicial como espacio de poder y factor de cambio en las
sociedades centroamericanas
La
oficina regional para Centroamérica del Inecip se ha asociado con las siguientes
instituciones para la ejecución de este proyecto:
Guatemala:
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
El
Salvador: Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (Fespad)
Honduras:
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Honduras (INECIPH)
Costa
Rica: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica
Nicaragua:
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
En
diciembre del 2000, se realizó en San José, Costa Rica el primer taller que reunió a
todos los actores comprometidos con el asociacionismo de jueces y operadores judiciales.
En el mismo se presentó el libro "Asociacionismo e Independencia Judicial", que
está siendo utilizado por los actores del sistema de justicia para reforzar el
conocimiento sobre el tema. Durante el 2001, se realizará en cada país:
·
Cinco investigaciones locales que determinen el estado de asociación de los jueces y
operadores judiciales de la región centroamericana.
·
Cinco seminarios locales para la presentación del diagnóstico y la discusión de
estrategias.
·
Un congreso regional en el cual se lanzará la Red Centroamericana. En el mismo se
presentará una publicación que incorporará los cinco diagnósticos locales y un
análisis comparativo sobre Independencia Judicial y Asociacionismo en la región.
A
fines de este año se espera contar con un sistema de respuesta conjunta y de acción
inmediata para todo hecho en que se vulnere la independencia judicial o la autonomía de
los operadores judiciales.
INECIP
Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales
Talcahuano
256 1º Piso (1013) Buenos Aires - Argentina / Tel: 4371-9117 -Tel/Fax: 4372-0570