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La Camara de Representantes norteamericana aprobo una ley insolita autorizando el pago de la deuda a la ONU a condicion de convertir al Tribunal de La Haya en blanco militar si acusa a estadounidenses. (Por Enric Gonzalez *Desde Washington)

La imagen de George W. Bush en el resto del mundo es manifiestamente mejorable. Pero aun puede empeorar, y mucho, si la Camara de Representantes logra imponer sus criterios: la mayoria republicana solo esta dispuesta a aprobar el pago de la gigantesca deuda de Estados Unidos con la ONU si, a la vez, entra en vigor la Ley de Proteccion de los Miembros del Servicio Americano. Esa ley prohibe que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya juzgue a ciudadanos estadounidenses e incluso contempla el uso de la fuerza contra el tribunal.
Bush se opone al TPI y esta buscando formulas para desligarse del tratado, firmado por Bill Clinton en las ultimas semanas de su mandato. Pero no quiere que esa tormenta se desate justamente ahora, en visperas de su primera intervencion ante la Asamblea General de la ONU, prevista para finales de setiembre. La Casa Blanca preferiria dejar pasar algun tiempo y escudarse en la previsible negativa del Senado, de mayoria democrata, a ratificar el tratado, segun informaba ayer The Washington Post. El presidente ya ha irritado lo bastante a sus aliados con sus posiciones sobre medio ambiente, proliferacion nuclear y guerra biologica; lo que menos desea es comparecer ante la Asamblea General para anunciar que no paga la deuda (opcion mala) o que considera al TPI un potencial objetivo militar (opcion peor).
El texto de la ley, respaldada por una mayoria suficiente en la Camara en la que se incluyen 76 democratas, es tan duro que algunos expertos en Derecho internacional la llaman "ley de invasion de La Haya". No solo rechaza que el TPI pueda encausar a estadounidenses. Ademas, impediria que Estados Unidos prestara ayuda militar a todo pais ajeno a la OTAN que ratificara el tratado fundacional del TPI, prohibiria que tropas estadounidenses participaran en misiones de paz de la ONU si no se les concediera inmunidad expresa frente a la jurisdiccion del TPI, y autorizaria al presidente a utilizar la fuerza para liberar a todo estadounidense, o ciudadano de un pais aliado, que fuera detenido por orden de ese tribunal.
El gobierno de Estados Unidos accedio en diciembre pasado a pagar los atrasos de sus contribuciones a la ONU, fijados en torno a los 1000 millones de dolares tras una compleja negociacion dirigida por el entonces embajador ante la organizacion, Richard Holbrooke. El pago debe hacerse en tres plazos, el mayor de los cuales, de 582 millones de dolares, corresponde a este año. George W. Bush quiere que la suma este liquidada antes de su viaje a Nueva York el 24 de septiembre. Pero la Camara de Representantes no termina las vacaciones hasta el 5 de ese mes, lo que deja solo tres semanas para resolver el conflicto. Mientras tanto, delegados de la Casa Blanca negocian con el presidente del Comite de Relaciones Internacionales, Henry Hyde, una formula que permita pagar el plazo sin lanzar aun la caballeria contra el TPI. "Todos estamos de acuerdo en que las personas que sirven los intereses de Estados Unidos necesitan alguna proteccion (frente al TPI), por lo que el objetivo es pactar una simple modificacion del lenguaje y de los plazos", declaro bajo anonimato a The Washington Post un alto funcionario de la Casa Blanca.
Aun en el caso de que Bush tenga exito y el tema del tribunal quede postergado hasta despues de setiembre, la mayoria de los expertos pronostican graves consecuencias si EE.UU. se desvincula del tratado fundacional del TPI. Es previsible un conflicto legal: hace falta ratificar el tratado, cosa que corresponde al Senado, para acogerse a la clausula de retirada prevista en el mismo. La Convencion de Viena sobre Tratados Internacionales es muy clara sobre ese punto. Si el proceso de ratificacion no se completa, lo cual parece muy dificil, es legalmente imposible la retirada. Aun mas graves pueden ser las consecuencias diplomaticas si EE.UU. sienta ese precedente. "Hay muchos tratados que nosotros hemos ratificado y otros paises firmantes todavia no. Si nosotros rehusamos asumir nuestros compromisos, otros paises consideraran que eso es aceptable y haran lo mismo", declaro Michael Glennon, un especialista en Derecho internacional de la Universidad de California que encabezo la delegacion estadounidense en las negociaciones sobre el TPI.

De El Pais de Madrid, especial para Pagina/12.

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HOMENAJE AL EX DETECTIVE Y FOTOGRAFO TEOBALDO TELLO GARRIDO, FRENTE A LA CASA DE HORROR JOSE DOMINGO CAÑAS 1367, 22 DE AGOSTO

Queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras:
El dia Miercoles 22, nos reuniremos frente al Cuartel Ollague (J.D. Cañas 1367, casi esquina Infante), a las 19:30, para insistir en este sueño de no olvidar y persistir en la memoria de los que ya no estan, de las vidas que quedaron trenzadas en una vuelta dolorosa de nuestra historia.
Tendremos musica y poemas y exhibiremos la maqueta propuesta de nuestra Casa Museo por la Memoria y la Vida.
En un acto simbolico, plantaremos un arbol, para recordar al primero de los detenidos en este lugar, el ex detective y fotografo Teobaldo Garrido, un oscuro 22 de Agosto de 1974.
Hoy, los queremos envolver a ellos y ellas, con nuestro abrazo, nuestro fervoroso cariño y respeto.
Porque lo brilla con luz propia, nada y nadie lo puede apagar.
Saludos y esperamos verlos el proximo Mirecoles 22 de Agosto!
COLECTIVO JOSE DOMINGO CAÑAS

COLECTIVO LAS HISTORIAS QUE PODEMOS CONTAR
Homenaje al ex detective y fotografo Teobaldo Tello Garrido, frente a la casa de horror JOSE DOMINGO CAÑAS 1367, 22 de Agosto.

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Temor se funda en que se imponga tendencia iniciada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, como Gabriela Perez y Cornelio Villarroel, y se ve agudizada por la composicion de las salas que ven estas causas. Aplicacion de este precepto deja con las "manos atadas" a los querellantes. (por Mercedes Castro Fuente:...PrimeraLinea )

La repetida aplicacion del principio de "cosa juzgada" en procesos por violaciones a los derechos humanos pone hoy en jaque la aplicacion de la llamada Doctrina Guzman y la continuidad de las investigaciones que se han desarrollado a partir de ella. Ello ha provocado un creciente temor entre los abogados querellantes debido a que observan el riesgo que las numerosas causas que ha acumulado el ministro de fuero, desde que en 1998 establecio que este recurso solo podia aplicarse en casos en que antes se hubiera dictado una encargatoria de reo, sean ahora cerradas sin concluir las investigaciones. La voz de alerta la dio la tendencia seguida en tal sentido por los ministros Gabriela Perez y Cornelio Villarroel, quienes en fallos como el de Calle Conferencia, dictado el 9 de febrero de este año, aplicaron la "cosa juzgada" para revocar el encausamiento del ex director de la Dina, Manuel Contreras. Se impone asi un precedente distinto al establecido por la Segunda Sala de la Corte Suprema, instancia que ha sentado el precedente que amnistia y cosa juzgada solo rigen cuando hay procesados en juicios anteriores. En ese sentido, el abogado de DD.HH y ex integrante de la mesa de dialogo, Hector Salazar recuerda que los fallos de la Suprema, como los de cualquier otro tribunal del pais, no son vinculantes, lo que significa que un tribunal inferior como la Corte de Apelaciones, perfectamente puede "ignorar" la posicion otros magistrados. En circulos de tribunales tambien se habla de la "conocida" posicion de los ministros Raimundo Diaz y Ruben Ballesteros que en conversaciones de pasillo han comentado que estan dispuestos a aplicar este principio. Este cuadro tiene vital importancia porque, en la practica, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones capitalina, conformada por Sergio Valenzuela Patiño, Ruben Ballesteros y el propio Guzman, oficia como tribunal de segunda instancia. Valenzuela Patiño es un hombre de conocida posicion en estos procesos por las reiteradas dilaciones que genero en el caso del sindicalista Tucapel Jimenez y por ser padre de un ex agente de la CNI. Es mas, en reemplazo de Guzman -que no puede votar en sus propias causas- les corresponde integrar esta corte a los ministros de la Sexta Sala: Cornelio Villarroel, Raimundo Diaz y Hugo Dolmestch. De ellos, el unico que siempre ha concordado con los principios que rigen la investigacion del magistrado es el ultimo.

Otro antecedente que anexan los querellantes para ejemplificar sus dudas son las resoluciones de la ministra Gabriela Perez durante el periodo que reemplazo al ministro Guzman. Mientras este cumplia su licencia medica, la titular de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revoco el procesamiento de Marcelo Moren Brito, quien esta acusado como autor de secuestro calificado y desaparicion del Comite Central del Partido Comunista en 1976. En el fallo la ministra Perez señala que se acoge el principio de "cosa juzgada", el mismo argumento que se utilizo en la exclusion del general (r) Manuel Contreras Sepulveda de esta causa. Tambien es motivo de incertidumbre para los querellantes el caso de Villa Grimaldi, donde la defensa del brigadier (r) Miguel Krassnoff pidio dejar sin efecto el procesamiento. El abogado defensor del ex oficial Gustavo Promis alego el principio de la "cosa juzgada" y, en lo que seria un sintoma a favor de la demanda, la sala dicto una "medida para mejor resolver", solicitando a la Corte Marcial los expedientes de las otras causas en que esta involucrado.

Procesos en riesgos

Para el abogado Francisco Bravo la utilizacion de la cosa juzgada y las revocatorias de procesamientos deja de "manos atadas" a los querellantes ante la imposibilidad de recurrir a la Suprema. Insiste que en estos casos lo ideal seria que el ministro Guzman dictara el sobreseimiento de la causa, pues solo asi podrian apelar a la Suprema con un recurso de casacion. Añade que "el riesgo de este criterio juridico es que todos los juicios por desaparecidos, incluso por ejecutados donde hubo un proceso anterior y fueron sobreseidos, podrian estar en peligro". El abogado Nelson Caucoto es mas cauto en sus temores, pero indica que de seguir esta tendencia "incipiente", los tribunales "beneficiarian a los violadores de derechos humanos" y recalca que contradice lo que la Sala Penal de la Corte Suprema ha dicho sobre la cosa juzgada". Una opinion similar comparte el abogado Hernan Quezada, que indico que "si se impone esa tesis significaria un cambio sustancial respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema, porque ella ha señalado que para aplicar la amnistia, prescripcion y cosa juzgada tiene que haber procesados, y en este caso aplicaria este beneficio a personas cuya responsabilidad no aparece determinada y entraria en contradiccion". Por ello indica que el optimo seria que la Corte se pronunciara al respecto, aunque admite que en Chile los fallos de los tribunales no son vinculantes.

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URUGUAY : EL PAIS : 17/08/01: PRUEBAS DE ADN PARA CONFIRMAR FILIACION. Policia Tecnica analiza los restos de Berrios
El juez penal de Pando, Alvaro Gonzalez, se presento ayer en el Instituto Tecnico Forense (ITF) e hizo entrega a la Policia Tecnica los restos que pertenecerian al ex agente de Inteligencia de la dictadura chilena, Eugenio Berrios y a los que se les hara un analisis de ADN. El esqueleto estaba en el ITF desde que fuera hallado en El Pinar hace seis años, oportunidad en la que se los sometio a una prueba, la cual determino que se trataba del ex agente. Ahora sera analizado en el laboratorio de la Policia Tecnica que cuenta con elementos mas avanzadas de analisis, lo que permitira identificar personas que fallecieron hace muchos años. El resultado podria estar en un plazo de 20 dias. En 1995 un estudio de superposicion craneana digital realizado por el antropologo Horacio Solla determino que se trataba de los restos de Berrios. El estudio del antropologo determino que se trataba de un hombre de 45 años, de cutis blanco y de aproximadamente 1,70 metros de altura. En aquel momento la jueza Aida Vera Barreto concluyo que esa investigacion era suficiente y no hizo lugar al pedido de los familiares del ex agente que solicitaron una nueva prueba. Sin embargo la fiscal Nancy Hagopian decidio en junio volver a solicitar al juez que realice la prueba de ADN, motivada por el resultado negativo de la prueba realizada por el antropologo sobre los restos de un cuerpo hallado en las costas de Rocha que creyo identificar con los del pescador de Rocha desaparecido, Olivar Sena. Ello se sumo a la informacion que tenia la magistrada de que los restos identificados como los de Berrios no serian los del ex militar. Tras el pedido de la fiscal, el juez Gonzalez, quien investiga la causa desde 1996, decidio hacer lugar al pedido y negar --como lo solicito la fiscal-- el pedido de la justicia chilena de la repatriacion de restos que se encuentran en el Instituto Tecnico Forense.
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URUGUAY: LA REPUBLICA : 16/08/01: CASO ELENA QUINTEROS: Lupinacci, embajador en el Vaticano, y otros dos jerarcas tambien seran citados. El ex canciller Blanco declaro ayer por caso Elena Quinteros La jueza en lo Penal de1er. Turno, Maria del Rosario Berro, tomo testimonio al ex canciller Juan Carlos Blanco en la tarde de ayer y tambien citara a declarar al embajador en el Vaticano, Julio CesarLupinacci, y otros dos funcionarios diplomaticos, por la desaparicion de Elena Quinteros ocurrida en 1976. Veinticinco años despues, Juan Carlos Blanco tuvo que declarar ante la Justicia.
Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que la magistrada Berro resolvio la citacion a declarar del ex canciller Blanco, del actual embajador en el Vaticano Lupinacci, y los funcionarios diplomaticos Guido Michelin Salomon y Alvaro Alvarez, por el caso que se lleva adelante debido a la desaparicion de la maestra Elena Quinteros, en 1976. Aun no esta definida la fecha en que deberan concurrir a declarar las tres personas que restan, quienes ya ocupaban cargos en la Cancilleria en el momento de la desaparicion de Elena Quinteros y a las que diferentes personas y sectores han relacionado con ese suceso. Cuando trascendio por la prensa que la fiscal habia solicitado su testimonio, Blanco --actualmente columnista del matutino El Observador--, dijo no tener informacion sobre el caso, asegurando estar dispuesto a declarar ante la Justicia, lo que finalmente ocurrio ayer. Consultado por este medio, Blanco confirmo su presencia en el juzgado, pero amablemente declino referirse a lo dialogado en la audiencia. Cuando ocurrio la desaparicion de la maestra Elena Quinteros (hija de Tota Quinteros) Blanco era canciller, Michelin era vicecanciller, Alvarez director de Asuntos Politicos, y Lupinacci embajador en Venezuela. Quienes reactivaron las investigaciones por la desaparicion de Quinteros ya habian solicitado, entre otras medidas, la citacion a declarar de estas cuatro personas, pero ese escrito se integro al expediente luego de que la fiscal lo devolviera con el pedido de las citaciones, adelantandose a parte del contenido del mismo. Los reclamantes, Raul Olivera y Milton Romani --con la anuencia de la recientemente fallecida Tota Quinteros y del PIT-CNT y la representacion legal del abogado Pablo Chargonia-- a su vez solicitaron a la magistrada Berro que oficie a la Comision Para La Paz para que remita al juzgado "toda la informacion recibida y recopilada con relacion a la desaparicion forzada de la maestra Elena Quinteros", y que informe sobre el analisis que le merece. Tambien que se oficie al Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP) para que informe si en los años 1984, 1985 y 1986, con el objeto de realizar cualquier tarea en el Regimiento Nº 13, fue utilizada maquinaria perteneciente a ese Ministerio. Esto se debe a la supuesta "Operacion Zanahoria", por la que cuerpos de desaparecidos durante la dictadura fueron desenterrados y llevados a otros lugares. A estas medidas la jueza no ha hecho lugar, añadieron las fuentes consultadas. Lo que vinculo directamente a la desaparicion de Quinteros a las cuatro personas que la jueza Berro resolvio citar a declarar a pedido de la fiscal Guianze, fue un documento oficial que fue reconocido como autentico por el ministro de Relaciones Exteriores y por el Poder Ejecutivo de la epoca. El documento fue confeccionado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, con la colaboracion del ex subsecretario Guido Michelin Salomon, y los embajadores Alvaro Alvarez y Julio Cesar Lupinacci y posteriormente, en los primeros dias de julio de 1976, fue analizado en reunion conjunta de los nombrados con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los ministros del Interior (general Hugo Linares Brum) y Defensa Nacional (doctor Walter Ravenna). En 1990 se formo una Comision Investigadora del Senado para investigar la responsabilidad del entonces senador Juan Carlos Blanco en el secuestro de Elena Quinteros. En agosto de ese año se conocieron los dictamenes de los catedraticos doctores Alejandro Artuccio, Gonzalo Fernandez, Schurmann Pacheco y la ex integrante de la Suprema Corte de Justicia Jacinta Balbela, en los cuales se establece que Juan Carlos Blanco incurrio en varios delitos. Entre ellos: Coautoria de privacion de libertad; Encubrimiento; Falsificacion ideologica por un funcionario publico; Actos susceptibles por su naturaleza de exponer a la Republica al peligro de sufrir represalias; Abuso de funciones. En setiembre, el catedratico Cassinelli Muñoz establece que de imputarsele delito, Juan Carlos Blanco no quedaria amparado ni por la amnistia, ni por la Ley de Caducidad y que su inmunidad parlamentaria, en caso de mantenerla, no lo libra de responder ante demandas civiles por daños y perjuicios. Finalmente el Parlamento voto un informe en mayoria en que se establece que no surgen pruebas para culpar a Blanco. El informe en minoria establece que Blanco incurrio en graves responsabilidades en este caso, solicitando el pase de los antecedentes a la Justicia, cabiendole la misma responsabilidad a Lupinacci. *

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AFP Buenos Aires, 16 de agosto. La negativa del gobierno argentino de extraditar a Italia o Francia al ex represor Alfredo Astiz fue criticada hoy en Paris, mientras que aqui las Abuelas de Plaza de Mayo insistieron en que se le juzgue en Argentina por robo de menores durante la ultima dictadura militar. Entre tanto, los capitanes retirados Francis Wahmon, Jorge Radice y Juan Carlos Rolon fueron detenidos este jueves en virtud de la orden del juez federal Claudio Bonadio, que la vispera abrio una causa por presunto robo agravado de bienes -entre ellos tierras valuadas en 12 millones de dolares- a dos empresarios secuestrados y desaparecidos durante aquel regimen (1976-83). En esta causa esta imputado el ex jefe de la Armada, Emilio Massera, quien ya cumple prision domiciliaria por su supuesta participacion en el plan de robo de menores. En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señalo que si bien el gobierno de Fernando de la Rua denego la extradicion de Astiz basandose en el argumento del principio de territorialidad, "en esta oportunidad no se cierra el caso", puesto que la justicia federal decidio investigar al ex marino de 49 años por el robo del bebe de la detenida-desaparecida Susana Pegoraro. La apropiacion y desaparicion de menores no esta amparada por las leyes de amnistia e indulto. Francia, que habia pedido la extradicion de Astiz por la desaparicion de dos religiosas de ese pais, lamento "vivamente" su liberacion, segun declaro este jueves el portavoz del ministerio frances de Relaciones Exteriores, Francois Rivasseau. "Cualesquiera que sean las razones legales argumentadas, seguimos pensando que la reconciliacion y el fomento de la democracia no justifican la impunidad", añadio.

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MINISTERE des AFFAIRES ETRANGERES : http://www.diplomatie.gouv.fr/actualite/actu.asp

Argentine : extradition de l'ex-capitaine Astiz (16 août 2001)

Declaration du Porte-parole du Quai d'Orsay (Paris, 16 août 2001)

(Quelle est votre reaction à la liberation de M. Alfredo Astiz ?)

L'ex-capitaine Astiz, symbole de la repression militaire, avait ete condamne à la peine de reclusion criminelle à perpetuite par la Cour d'Assises de Paris en mars 1990 pour ''complicite d'arrestations illegales avec tortures et de sequestrations avec tortures sur deux ressortissantes françaises.

C'est pour l'execution de cette peine que nous avions forme auprès du gouvernement argentin une demande d'extradition.

Nous apprenons la decision des autorites argentines, de ne pas donner suite à cette demande d'extradition. Nous deplorons vivement cette decision. Quelles que soient les raisons de droit qui sont avancees, nous persistons à penser que la reconciliation nationale et l'ancrage de la democratie ne justifient pas l'impunite.

Nos pensees vont aux familles des deux disparues. Nous ne renonçons pas à rechercher l'execution de la decision de la justice française.

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WASHINGTON, 16 (EP/AFP). La organizacion de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch condeno hoy jueves la decision del Gobierno de Fernando de la Rua de no extraditar al ex oficial de la Armada argentina y ex represor Alfredo Astiz. Astiz, apodado el "Angel Rubio", fue liberado la noche del pasado martes despues de que el Gobierno argentino rechazara su extradicion reclamada por Francia e Italia por la desaparicion de ciudadanos de ambos paises durante la dictadura (1976-83).

"La decision es una victoria para la impunidad a menos que el Gobierno se asegure ahora de que Astiz es rapidamente enjuiciado en Argentina", señalo en un comunicado Jose Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organizacion para las Americas. "Argentina no tiene derecho a rechazar la jurisdiccion de una corte extranjera sobre crimenes tan graves si no pretende juzgarlos ella misma", añadio. Astiz, simbolo de la represion en Argentina durante la dictadura, estaba detenido desde el 1 de julio pasado, ante una solicitud de un juez italiano por el secuestro, tortura y desaparicion de los italo-argentinos Giovanni y Susana Pegoraro, que estaba embarazada y dio a luz en cautiverio; y de Angela Maria Aietta. Francia pidio a su vez la extradicion del ex militar el 3 de julio pasado por el secuestro y desaparicion de las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Douquet, delito por el cual fue condenado en rebeldia en 1990 por un magistrado de ese pais. El "Angel Rubio" recupero su libertad por decision de la juez federal Maria Servini de Cubria, horas despues de que el canciller Adalberto Rodriguez Giavarini anunciara oficialmente que Argentina no concedera la extradicion del ex marino alegando el principio de "territorialidad", por el cual no se reconoce jurisdiccion a tribunales extranjeros. Pero Human Rights Watch rechaza este argumento. "A pesar de lo que dice el Gobierno, la peticion de extradicion no presenta ningun conflicto de jurisdiccion", dijo Vivanco. "Astiz es protegido de un proceso por los crimenes de los que se le acusa a raiz de una ley de amnistia de Argentina (la ley de Punto Final, de 1986, y la de Obediencia Debida, de 1987). Han pasado muchos años desde que termino la dictadura militar, pero las cortes argentinas no lo han juzgado", agrego.

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PAGINA 12 : 17/08/01: LOS MARINOS ROLON, RADICE Y WHAMOND ESTAN PRESOS
Siempre hay una primera vez La Justicia ordeno las detenciones en la investigacion del secuestro y desapoderamiento de bienes de Cerutti, Gomez y Palma. El marino Juan Carlos Rolon ante el Senado.En 1995, admitio que en la ESMA torturaban. (Por Susana Viau )

Los oficiales de Marina Jorge Alfredo Radice, Juan Carlos Rolon y Francis Williams Whamond se encuentran detenidos e incomunicados en el Edificio Libertad por resolucion del juez federal Claudio Bonadio, quien investiga el secuestro y desapoderamiento de bienes del empresario mendocino Victorio Cerutti, el abogado Conrado Gomez y el contador Horacio Palma. Al arresto de los marinos se agrega el de Aldo Maver, cuidador ampliamente conocido en los ambientes turfisticos de Palermo y San Isidro, quien habria tenido a su cargo los caballos de carrera de los que fue despojado el abogado Gomez. Maver presto ayer mismo declaracion indagatoria durante cinco horas aportando fechas y datos que estan siendo analizados por el juzgado. El escribano Antonio Dardano se encuentra profugo y su abogado ha presentado una solicitud de eximicion de prision. Dardano y la actual jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta Garcia legitimaron el traspaso de los bienes de los secuestrados al ex almirante Emilio Eduardo Massera.
Segun informo la Marina al tribunal, otro de los oficiales contra quien se libro orden de captura, Alejandro Spinelli, fallecio tiempo atras. Respecto del ex almirante Emilio Massera y de Jorge "Tigre" Acosta, Bonadio se limito a verificar el estado de salud de Massera, registrar esta nueva orden de detencion y pedir que Acosta sea trasladado al juzgado el 22 de agosto para prestar declaracion indagatoria.

Botin de guerra

Cerutti, Palma y Massera Pincolini integraban el directorio de Cerro Largo, sociedad propietaria de 25 hectareas en Chacras de Coria, la zona de mas alta valuacion inmobiliaria de Mendoza y cotizados en mas de una decena de millones de dolares. Gomez era un abogado defensor de presos politicos, apasionado del turf y dueño de un lujoso automovil Ford Farlaine, que actuaba como asesor de la sociedad. Todos ellos fueron trasladados a la ESMA. Lisandro Raul Cubas, sobreviviente del centro clandestino, recordaria luego ante Pagina/12 que "estuvieron alrededor de dos meses y despues los trasladaron. A Cerutti lo habian puesto cerca de donde yo estaba. Me llamo la atencion porque era un hombre mayor y gente de tanta edad habia poca en la ESMA. Hablamos y me dio su nombre. Me conto que estaba sorprendido con lo que ocurria porque, dijo, habia colaborado con Montoneros pero no entendia como solo por eso habian tomado una represalia tan bestial".
El relato de Cubas encerraba la punta del ovillo. El hijo de Cerutti, Juan Carlos, era un dirigente de la Tendencia en la provincia y "el Negro" Massera estaba convencido de que detras de Cerro Largo se escondian una parte del aparato de finanzas de Montoneros y de los 60 millones de dolares ofrecidos por Jorge y Juan Born a cambio de su libertad. Cubas agrego mas detalles: "A la Marina le interesaban las propiedades de Cerutti en Chacras de Coria y Gomez tenia un haraas. Todo eso fue muy comentado por Acosta y otros oficiales de inteligencia. Creo que andaban atras de los caballos de carrera". En efecto, mediante fraguadas asambleas de accionistas transfirieron los terrenos de Chacras de Coria a otra sociedad, Wil-ri, formada por dos nombres que no se correspondian con ninguna persona de existencia real: Federico Williams (la falsa identidad que habria adoptado Francis Whamond) y Hector Rios, y como cara visible a Manuel Campoy, un individuo sin oficio ni beneficio, hijo de un conocido notario mendocino. Will-ri libro un poder a otra sombra, Pascual Gomez. Pascual Gomez encubria a un oficial de Marina, quien con documentos fabricados en la propia ESMA viajo a Mendoza para completar el papeleo que legitimo la supuesta venta. Pero Pascual Gomez tuvo mala suerte o un cortocircuito se produjo en la pugna interfuerzas por el botin: fue detenido por el Ejercito, que lo mantuvo preso hasta confirmar su verdadera identidad. "Menos mal que no me maquinearon", bromeo de regresoen la ESMA. Si en Mendoza Massera contaba con la complicidad de los Campoy, en Buenos Aires tenia la del notario Ariel Sosa Moline. Y Sosa Moline tenia a su vez a Antonio Dardano y a Emilia Martha Garcia, la actual jueza, quien fue sindico suplente y sindico titular de las sociedades pantalla armadas por Massera. En julio de 1980, los terrenos de Chacras de Coria fueron "comprados" por Misa Chico, la sociedad integrada por Carlos Massera y Eduardo Massera, respectivamente hermano e hijo del almirante. Al abogado Gomez no solo le habian birlado sus caballos Dame Yi, Rock Point, Bandera LIsa, Sir Raleigh y un quinto de nombre sugestivo (Al Kashab), le sustrajeron dinero de sus cuentas bancarias mediante un cheque endosado en favor de la Asociacion Obrera Textil, intervenida por la dictadura y en cuya contaduria hacia de las suyas Jorge Radice.
De esto deberan dar cuenta los marinos detenidos, quizas este fin de semana. Y la jueza Emilia Garcia, si Bonadio logra su desafuero, o admite el criterio del fiscal Carlos Rivolo quien cree que ese paso ya no es necesario para tomarle indagatoria, aunque resultara imprescindible si luego resuelve su detencion. Lo curioso es que cuando hace un mes Bonadio envio al Consejo de la Magistratura un oficio preguntando si Garcia tenia abierto un pedido de juicio politico, otro oficio, con la firma de la menemista Leila Chaya, le respondio que no. Sin embargo, el pedido de juicio politico para Emilia Marta Garcia sigue abierto en el Consejo.

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LA NACION : 17/08/01: POR APROPIACION DE BIENES DE DESAPARECIDOS DETIENEN A TRES EX MARINOS DE LA ESMA ESTAN LIGADOS A MASSERA Y JORGE ACOSTA
El juez Bonadio quiere arrestar a su colega Emilia Garcia, a quien considera parte de la banda
Declaro un civil y fue allanado el departamento del ex jefe de la Armada.

Tres ex marinos que actuaron en la Escuela de Mecanica de la Armada fueron detenidos ayer, acusados de haber integrado una presunta asociacion ilicita que habria comandado el ex almirante Emilio Massera y habria falsificado documentos, extorsionado a detenidos en la ESMA y robado bienes de desaparecidos. El capitan de corbeta (R) Francis Whamond, el capitan de fragata (R) Juan Carlos Rolon y el teniente de navio (R) Jorge Radice quedaron alojados e incomunicados en el Edificio Libertad a disposicion del juez federal Claudio Bonadio, que les tomara declaracion entre hoy y el fin de semana, precisaron fuentes judiciales. El magistrado pretende, ademas, detener por la misma causa a su par del fuero contencioso administrativo federal Emilia Garcia. Por eso, remitio ayer al Consejo de la Magistratura un pedido de juicio politico a esa jueza, a quien solo podra arrestar en caso de que sea destituida o renuncie a su cargo. Ademas, el cuidador de caballos Aldo Maver fue detenido ayer por la madrugada en su casa del partido de San Miguel, y por la tarde declaro durante varias horas ante Bonadio y el secretario Pablo Bertuzzi, antes de quedar detenido. El escribano Arnaldo Dardano, cuya captura tambien fue ordenada anteanoche, presento un pedido de exencion de prision, que Bonadio resolveria hoy. Y el entonces teniente de navio Alberto Spinelli no pudo ser detenido ni lo sera porque fallecio hace varios años, segun fuentes oficiales. Los otros supuestos miembros de la organizacion, Massera y el capitan de navio (R) Jorge "Tigre" Acosta, ya estan procesados con prision preventiva desde 1998 por robo de bebes. El departamento de Massera, en la Avenida del Libertador 2423, donde el ex almirante cumple arresto domiciliario, fue allanado anteanoche. Un medico de la Policia Federal y otro del Cuerpo Medico Forense revisaron al ex marino y hoy entregaran un informe al juez en el que concluiran si esta o no en condiciones de ser detenido, tras una afeccion cardiaca. Acosta esta preso en dependencias de Gendarmeria en Campo de Mayo y declarara el martes.

Los cinco ex militares detenidos, el escribano y la jueza estan acusados por los delitos de asociacion ilicita, extorsion, falsedad de documento y privacion ilegal de la libertad del abogado Conrado Gomez, el empresario mendocino Victorio Cerrutti y el contador Horacio Palma, que fueron detenidos en enero de 1977 y permanecen desaparecidos. La Camara Federal considero, en mayo de 2000, que la apropiacion de bienes de desaparecidos es un delito no comprendido por las leyes exculpatorias de punto final y de obediencia debida. Gomez fue despojado de 20 caballos de carrera pura sangre, que cuidaba Maver cuando pertenecian a su verdadero dueño y siguio cuidando cuando pasaron a manos de los militares, de "cientos de miles de dolares", de un automovil y de bienes de su domicilio, denuncio su hijo, Federico. A Cerrutti y a Palma sus captores les quitaron 25 hectareas en el distrito Chacras de Coria, en Mendoza, valuadas en 12 millones de dolares. En la transferencia de esas tierras y de otros bienes de desaparecidos habrian participado el notario Dardano y la ahora jueza Garcia, que entonces trabajaba en el estudio del fallecido notario Ariel Sosa Moline. "La encartada (la jueza Garcia) habria actuado en aquellas operaciones (...) pudiendose presumir que conocia la privacion de libertad de Gomez, Cerutti y Palma, y en consecuencia que podrian haber sido obligados a desprenderse de sus bienes", escribio Bonadio al pedir su destitucion.

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CLARIN : 17/08/01: DETIENEN A TRES EX MARINOS POR ROBO A DESAPARECIDOS. EN LA CAUSA TAMBIEN ESTA INVOLUCRADO MASSERA
Tres ex marinos y represores de la Escuela de Mecanica de la Armada (ESMA) fueron detenidos ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio, acusados del robo de bienes de desaparecidos durante la dictadura. Se trata de los capitanes retirados Francis Wahmond, Juan Carlos Rolon y Jorge Radice, quienes quedaron detenidos y deberan declarar en los proximos dias, posiblemente el martes.
Los tres marinos ya estuvieron procesados y detenidos, acusados de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Pero recuperaron su libertad por la ley de Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Raul Alfonsin.
Durante los ultimos años, Radice estuvo vinculado a fundaciones del menemismo, y Rolon vio frustrado un ascenso dentro de la Marina cuando el Senado se nego a darle acuerdo al pedido, precisamente por su pasado en la represion.
En la misma causa, el juez ordeno la detencion del ex almirante Emilio Eduardo Massera, y del ex oficial Jorge "Tigre" Acosta, ambos ya detenidos por su presunta participacion en la apropiacion de hijos de desaparecidos.
Respecto de la situacion de Massera, quien tiene autorizacion judicial para permanecer en su domicilio mientras se recupera de una reciente intervencion, Bonadio pidio ayer un informe de peritos medicos para constatar su estado de salud. El ex jefe de la Armada volveria a prision una vez que le den el alta medica.
Ayer, el juez tambien pidio al Consejo de la Magistratura el juicio politico de la jueza Emilia Marta Garcia, a quien quiere indagar en la misma investigacion.
En la tarde de ayer, el juez tomo declaracion a otro de los involucrados, el cuidador de caballos Aldo Maver, y recibio un pedido de eximicion de prision de la defensa del escribano Arnaldo Dardano, hasta ayer profugo, quien tambien esta acusado en esta causa.
Bonadio investiga la denuncia del hijo de un empresario, Federico Gomez Miranda, quien habia reclamado a la Justicia por la desaparicion de su padre, Conrado Higinio Gomez, ocurrida en 1977.
Segun la denuncia, el grupo de tareas que participo del secuestro de su padre se apropio de departamentos ubicados en la avenida Santa Fe, de tierras en Mendoza, de un millon de dolares, de un automovil, y de caballos de carrera.
La causa tomo un nuevo impulso el año pasado, cuando la Sala II de la Camara Federal señalo que el robo de bienes de personas desaparecidos es un delito que no prescribe.
Conrado Gomez era un conocido abogado penalista de Mendoza que ingreso en la sociedad Cerro Largo S.A., hasta entonces en manos de Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini. La empresa era propietaria de tierras en Chacras de Coria, una zona residencial de Mendoza, y de la bodega Calise. Todos ellos fueron secuestrados y estan desaparecidos.
La denuncia del hijo de Conrado Gomez señalaba que el ex marino Alfredo Astiz habria participado del operativo en el que fue secuestrado su padre. Pero la participacion de Astiz no estaria aun suficientemente probada en esta causa.
El ex represor de la ESMA fue liberado el martes, luego de que el Gobierno rechazo dos pedidos de extradicion presentados por Italia y Francia.
Ayer, Francia lamento el rechazo del gobierno argentino al pedido de extradicion de Astiz. El portavoz del ministerio frances de Relaciones Exteriores, Francois Rivasseau, sostuvo que "Lamentamos vivamente esta decision
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El dictador Jorge Rafael Videla debera presentarse hoy a las 10 ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para responder por los "casos puntuales" de victimas del llamado Plan Condor, segun aseguraron ayer fuentes judiciales. La declaracion de Videla es una ampliacion de la indagatoria realizada el 20 de junio ultimo, cuando el ex jefe militar se nego a declarar. En aquella ocasion, el juez y el secretario Oscar Aguirre habian preparado un extenso interrogatorio sobre la responsabilidad del ex comandante en el operativo de represion, implementado en la decada del 70 entre las dictaduras del cono sur. En la causa del Plan Condor, Canicoba Corral dicto el procesamiento y la prision preventiva de Videla. Aunque el ex dictador ya se encontraba detenido, con arresto domiciliario, en una causa en la que se investiga la apropiacion de hijos de desaparecidos. La semana pasada, Canicoba Corral envio a la Justicia de los Estados Unidos un cuestionario dirigido al ex secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, para interrogarlo como testigo sobre el Plan Condor. El juez tambien pidio la extradicion de cuatro militares uruguayos, pero el Gobierno de ese pais se opuso al pedido.

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BUENOS AIRES, 17 (EP/AFP).- El ex guerrillero argentino Mario Eduardo Firmenich, que reside actualmente en España, ha sido citado por la Justicia de su pais para declarar el proximo miercoles 22 de agosto en una causa que se inicio por presunta "apologia del crimen y amenazas", segun informo ayer desde los Tribunales el dirigente oficialista Humberto Bonanata.

La decision fue adoptada por el juez de lo Correccional Fernando Pigni, a raiz de una denuncia de Bonanata, abogado allegado al presidente Fernando de la Rua, por las declaraciones a la prensa del ex jefe de la guerrilla 'Montoneros' en la decada de los setenta. El magistrado le envio tres citaciones judiciales a los domicilios que tiene en Argentina y, segun fuentes de Tribunales, en caso de inasistencia, Pigni podria ordenar alguna medida con alcance internacional. Dado que Firmenich vive en Barcelona, su ausencia el proximo miercoles podra derivar en la citacion durante cinco dias mediante un edicto judicial. Si transcurrido ese tiempo el imputado no se presenta, el juez librara una orden nacional e internacional de captura para hacerle comparecer ante su juzgado. Bonanata se querello contra Firmenich el pasado 6 de agosto a raiz de unas declaraciones a la prensa en las que aseguro que no mato a nadie "inutilmente, ni por gusto, ni por sadismo", y que ejercio "la defensa propia que esta legitimamente establecida en los codigos como derecho a la resistencia a la opresion". El articulo 213 del Codigo Penal argentino establece que la apologia del delito ocurre cuando se justifican los hechos declarados delictivos por la ley, o cuando la conducta del condenado como participe en la comision de un delito hace aparecer los actos como meritorios, y a los culpables como si fueran "victimas". Asimismo, expreso que Firmenich tambien debera responder por supuestas amenazas vertidas contra el periodista argentino Jorge Rial a traves de un mensaje anonimo recibido en una emisora de radio en el que le acusaba de "meterse" con los Montoneros. Le vamos a hacer mierda a las dos hijas; que las cuide". Firmenich fue indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem junto a otros guerrilleros y militares condenados a cadena perpetua en 1985 por flagrantes violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura.