Página/12
           



      La Policía Federal ya consiguió
      la ley que le da mayores poderes

            El Senado convirtió en ley el aumento de las facultades
policiales: habrá interrogatorios y requisas sin orden judicial. El CELS
planteó su inconstitucionalidad.

            Los policías pueden ahora hacer requisas de personas o
vehículos  sin que el juez lo autorice.
           
    
      Por Eduardo Videla

       Desde anoche, el aumento de las facultades policiales es ley y sólo
falta esperar que el Poder Ejecutivo promulgue la norma y la publique en
el Boletín Oficial para que la fuerza salga a hacer requisas de personas y
vehículos o interrogue a los sospechosos de haber cometido un delito, en
el lugar el hecho, entre otras nuevas atribuciones otorgadas por los
legisladores. Habrá que ver, en un tiempo, si no son ciertas las
advertencias formuladas por especialistas en derecho y organismos
defensores de los derechos humanos, que alertaron sobre el riesgo de que
las reformas vulneren las garantías individuales de los ciudadanos y se
conviertan en una fuente de abuso policial. Por lo pronto, el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) sostiene que la norma sancionada es
inconstitucional y mantendrá ese argumento a través de una presentación
judicial, si la ley es promulgada, según adelantó a Página/12 el abogado
Gustavo Palmieri.

      Fue llamativa la celeridad con que los legisladores nacionales
aprobaron la norma: hace un mes, el secretario de Seguridad, Enrique
Mathov, propuso la medida en medio de los insultos que recibía, durante el
sepelio de dos policías baleados en un comercio de Once. Como un tributo a
esas muertes -no atribuibles a la falta de poder policial- la Cámara de
Diputados le dio media sanción en tiempo record y ayer el Senado la
convirtió en ley, sin que se escucharan voces de oposición.

      La ley sancionada anoche le otorga a la Policía Federal y a las
fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura), en síntesis, las siguientes atribuciones:

       Podrán requerir del sospechoso, en el lugar del hecho, noticias e
indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la
inmediata continuación de las investigaciones. Esta información, se
aclara, no podrá ser documentada ni tendrá valor en el proceso.

       Podrán, sin orden judicial, requisar a las personas e inspeccionar
los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de los
vehículos, aeronaves y buques, con la finalidad de hallar la existencia de
cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito, o de
elementos que pudieran ser utilizados para cometer un delito.

       Podrán mantener incomunicados a los presuntos autores de un delito
hasta 10 horas (hasta ahora eran seis).

       Para elaborar el sumario tendrán un plazo de cinco días,
prorrogable por otros cinco (hasta ahora eran tres, extensibles a cinco).

       Si durante un allanamiento se encuentran objetos que evidencien la
comisión de un delito distinto al que motivó la orden del juez, se
procederá a su secuestro y se le comunicará a la autoridad judicial.

       Durante un procedimiento, la policía podrá ingresar al lugar antes
que los testigos, si existiera riesgo para estos.

      De acuerdo con la presentación realizada ayer por el CELS ante los
senadores, algunas de estas reformas pueden constituir violaciones a la
Constitución nacional. "Vamos a reiterar el reclamo ante el Poder
Ejecutivo, para que no promulgue la ley, y sin no tenemos éxito, vamos a
presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley ante la justicia",
dijo Palmieri a Página/12.

      Según el informe elaborado por el organismo, la posibilidad que
tiene ahora la policía de interrogar al sospechoso "representa una
violación del artículo 18 de la Constitución, al afectar la garantía que
prohíbe la autoincriminación coaccionada". En otros términos, nadie está
obligado a declarar contra sí mismo, y si bien esta declaración no tiene
validez judicial, nada impide que el detenido, bajo coacción policial,
termine aportando pruebas en su contra.

      "Si bien se aclara que la declaración no tendrá valor en el proceso,
eso no impide que se incorpore en forma subrepticia a la causa a través
del testimonio de los policías que intervinieron en el acto", dice el
documento del CELS.

      En cuanto a la ampliación de facultades en materia de requisas, el
organismo sostiene que afectan en derecho a la intimidad (artículo 18 de
la Constitución), el derecho a la dignidad e integridad física y moral de
las personas (artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y
el derecho a la libertad ambulatoria (artículo 14 de la Constitución).

      Finalmente, en materia de allanamientos, la posibilidad de proceder
al secuestro de objetos que se encuentren en cumplimiento de una orden de
allanamiento por otro delito podría implicar "una violación al derecho de
intimidad". Además, podría constituir un riesgo adicional de excesos: la
policía, además de buscar lo que le pidió el juez, puede "dar vuelta" la
casa en busca de otros elementos.

      "Los legisladores son más papistas que el Papa -sintetizó anoche un
asesor del Senado-. El jefe de Policía pidió mayores responsabilidades y
ellos le dan manos libres"


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      ESTARAN PRESENTES DE LA RUA Y LOS GOBERNADORES
      Reunión del Consejo de Seguridad

       El debate sobre la (in)seguridad ocupa el centro de la escena
nacional: para discutir pautas y acuerdos se realiza hoy la reunión
plenaria del Consejo de Seguridad Interior. Está previsto que sea el
presidente Fernando de la Rúa quien inaugure el encuentro, al que fueron
invitados todos los gobernadores del país y los funcionarios nacionales y
provinciales relacionados con la cuestión. Aprovechando la ocasión, el
gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, relanzó su posición de política de
mano dura que expondrá hoy en el encuentro: insistió en bajar la edad de
imputabilidad a los 14 años y consideró que "tiene que haber pena de
prisión sin libertad para los delincuentes que cometan determinados actos
de violencia".

      La reunión del Consejo de Seguridad estará presidida por el ministro
del Interior, Ramón Mestre, y, además de los gobernadores, participarán el
titular de la cartera de Justicia, Jorge de la Rúa; el secretario de
Justicia, Melchor Cruchaga; el secretario de Política Criminal y Asuntos
Penitenciarios, Mariano Ciafardini, entre otros. También se anunció la
asistencia de los titulares de la SIDE, de la AFIP y del Banco Central, y
se espera la presencia de los jefes de las tres Fuerzas Armadas, de la
Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval y
de los titulares de cada una de las policías provinciales.

      Hoy será la segunda vez que se reúna el Consejo Federal de Seguridad
durante el actual gobierno. El ministro Mestre anticipó que la intención
oficial es llegar a un acuerdo federal para tomar el tema de la seguridad
como "una política de Estado que quede al margen de la discusión
partidaria". Una de las intenciones del Gobierno es llevar adelante un
Acuerdo Federal, en procura de unificar las legislaciones en los distintos
distritos: "El esfuerzo que pretendemos realizar servirá para que cada uno
de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional comprendamos que
estamos frente a un flagelo y que tenemos que diseñar políticas de
Estado", sostuvo Mestre.

      La sesión tendrá una nutrida agenda, en las que se tratarán temas
tales como la seguridad ciudadana, donde se analizarán mecanismos de
participación de la gente para la prevención, así como un Plan de
Capacitación Policial, entre otros puntos, y se evaluarán las reformas
penales y procesales que se encuentran en análisis parlamentario. En el
temario figura también la necesidad de lograr una mayor coordinación entre
las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para combatir los
delitos de narcotráfico, contrabando y piratería del asfalto, entre otros,
y se discutirá sobre el tráfico ilegal de personas y la seguridad
bancaria, en virtud de la gran cantidad de robos registrados en sucursales
bancarias.

      El gobernador Ruckauf, por su parte, sigue adelante con su política
de mano dura y, además de su propuesta de bajar la edad de imputabilidad a
los 14 años, manifestó su deseo de "penas de prisión sin libertad para
asesinos, violadores y homicidas en ocasión de robo" y expresó que
reiterará su propuesta de desfederalización de la lucha contra el tráfico
de estupefacientes -hasta ahora es sólo competencia de la Justicia
Federal-: "La lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas es parte
de la lucha global contra la inseguridad, porque si los delincuentes
acceden a las armas y a las drogas se convierten en mucho más peligrosos".