1. Intranquilidad en
grupo de oficiales requeridos por la Justicia argentina
LA REPUBLICA EN LA RED - 24/6/00 - PAGINA 4
2. Ordenaron a Interpol captura de represores
LA REPÚBLICA, 23 DE JUNIO DE 2001
3. Fallo judicial puede afectar contactos con militares
El Observador, 24 de Junio de 2001
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1. INTRANQUILIDAD EN GRUPO DE OFICIALES REQUERIDOS POR LA JUSTICIA ARGENTINA
LA REPUBLICA EN LA RED - 24/6/00 - PAGINA 4
Gavazzo, Silveira, Cordero y Campos Hermida se reunieron en un paraje de
Canelones Intranquilidad en grupo de oficiales requeridos por la Justicia argentina
Al conocerse la noticia de que el fiscal argentino Miguel Angel Osorio había
pedido la captura de Campos Hermida, Gavazzo, Cordero y Silveira, las reacciones de los
implicados y de su entorno fueron inmediatas. El grupo se siente
vulnerable y reclama apoyos que, hasta el momento, no han llegado.
Fuentes militares confiaron a LA REPUBLICA que se produjeron varios contactos
telefónicos y por lo menos una reunión en la que participaron dos de los
militares represores involucrados.
Según las fuentes, la reunión se realizó inmediatamente después de que
trascendió la decisión del fiscal argentino de pedir la orden de captura
internacional y, como informara en exclusiva LA REPUBLICA, de promover la
reapertura de la investigación del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz. Todavía no se conocía la orden de arresto preventivo, del juez
argentino Rodolfo Canicoba Corral.
La reunión se realizó en una casa ubicada en el departamento de Canelones,
cercana al Parque Roosevelt.
Esta edificación, que cuenta con importantes comodidades, fue construida durante
la presidencia de Jorge Pacheco Areco y desde entonces y durante toda la
dictadura ha servido de sede a reuniones informales de militares y policías
vinculados a la represión. De esas reuniones participaron también dirigentes
políticos y civiles vinculados a la dictadura.
Según revelaron las fuentes militares, Gavazzo y Silveira reaccionaron
enérgicamente y parecen decididos a impedir "de todas las maneras posibles" que
se concrete su detención.
Cordero, según los informantes, es quien demostró más preocupación por la
situación. Campos Hermida mantuvo una posición más distante; que las fuentes
atribuyeron a su avanzada edad.
Gavazzo en los contactos que se mantuvieron entre los involucrados y sus
compañeros de la denominada "Logia del Aquelarre", el coronel (r) José Baudean
y el coronel (r) Ramas, expresó su decisión de reivindicar su actuación durante la
represión y reclamar el respaldo de quienes "fueron camaradas de armas".
Gavazzo, que como es de público conocimiento reside en un edificio de
apartamentos de Pocitos, manifestó que le son "indiferentes" las
manifestaciones
públicas en contra o a favor.
"Lo que importa" dijo, según afirman las fuentes-- "es que no se desate
lo que
está atado y se cumpla la Ley de Caducidad".
Cordero en cambio, de acuerdo a los informantes, es más partidario de generar
pronunciamientos públicos de respaldo de "figuras representativas" e incluso de
sondear la posibilidad de algún pronunciamiento de las instituciones que nuclean
a los retirados militares (Centro Militar y Círculo Militar) similar al que
realizaron la pasada semana referido a la reparación de los militares que fueron
perseguidos por la dictadura.
Cordero, según pudo establecer LA REPUBLICA, reside en este momento en la zona de la
Costa de Oro, más precisamente en las inmediaciones de Atlántida y no en la casa
familiar del barrio Malvín.
En el caso de "Pajarito" Silveira, todas las fuentes consultadas coincidieron en
señalar que en varias oportunidades, tanto en la reunión como en los restantes
contactos telefónicos, reclamó bastante alterado "respaldo" y "seguridad
de que
nada va a pasar".
Silveira actualmente reparte su vida entre un apartamento de Malvín, donde viene
muy de vez en cuando, sobre todo cuando viene a cobrar su retiro en la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Militares (la primera semana de cada mes) y una casa
situada en un paraje muy apartado situado entre Castillos y Aguas Dulces en el
departamento de Rocha.
Silveira hace varios días que está en Montevideo y es el que, según las fuentes,
ha demostrado mayor intranquilidad del grupo.
Campos Hermida por su parte es el que menos activo estuvo en los contactos.
La principal preocupación que tienen hoy estos oficiales acusados son los
exhortos y requerimientos que les puedan llegar del exterior, particularmente de
Argentina, España e Italia.
Esta posibilidad les preocupa más que lo que pueda avanzar la Comisión para la
Paz, es que según afirman, "acá todavía hay garantías de cobertura".
El pedido del fiscal y la posterior decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral de
librar orden de captura internacional y solicitar a Interpol Uruguay el arresto
preventivo de Gavazzo, Cordero, Silveira y Campos Hermida colocó la tensión en
su punto máximo.
Hasta el momento el único respaldo público que han conseguido es el de Federico
Silva Ledesma, el ex presidente del Supremo Tribunal Militar durante la
dictadura, quien dijo el viernes a 1410 AM LIBRE, que "el Poder Ejecutivo se
niega al pedido y acá no pasa nada".
Esa seguridad de Silva Ledesma, no es compartida por los implicados que se
sienten como "los únicos expuestos" y reclaman "solidaridad".
Las fuentes militares descartaron de plano cualquier pronunciamiento o
movimiento del Ejército como tal, argumentando que "entre los militares en
actividad los cuatro están muy desprestigiados".
Los informantes también consideraron "muy difícil" que exista un respaldo
público del Centro o del Círculo Militar y recordaron que "por ejemplo
"Pajarito" Silveira es un hombre muy vinculado al ex comandante en jefe del
Ejército, teniente general (r) Fernán Amado quien hoy aparece cuestionado por
irregularidades en Caofa y eso debilita su posición en la interna de los
retirados militares".
En las conversaciones no se descartaron los contactos políticos, pero todavía,
según las fuentes "no recibieron mensajes tranquilizadores, ni siquiera desde el
gobierno".
Las cuatro figuras más emblemáticas de la represión se sienten vulnerables y
buscan apoyos y alternativas.
Una de las fuentes militares en diálogo con LA REPUBLICA al comentar la
pertinencia o no del arresto preventivo recordó que "Brasil no tiene tratado de
extradición con Argentina" y se negó a profundizar su comentario. *
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Gobierno argentino fue informado
En marzo pasado, el fiscal federal argentino Miguel Ángel Osorio informó al
gobierno de su país de la negativa de Uruguay a colaborar en la investigación
del llamado Plan Cóndor.
El funcionario también entregó un informe a las Cámaras legislativas argentinas,
dijeron a LA REPUBLICA fuentes judiciales de ese país. Osorio tomó esa decisión
tras recibir del presidente Batlle una nota negando información sobre un grupo
de militares y policías uruguayos, entre los cuales, figuraban José Gavazzo,
Manuel Cordero, Jorge Silveira, amparándose para ello en la Ley de Caducidad. *
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2. ORDENARON A INTERPOL CAPTURA DE REPRESORES
LA REPÚBLICA, 23 DE JUNIO DE 2001
Juez argentino pidió detención preventiva con fines de extradición
Ordenaron a Interpol captura de represores
El juez argentino Rodolfo Canicoba libró ayer orden de captura internacional
contra tres militares y un ex policía uruguayos por su presunta participación en
el denominado "Plan Cóndor".
AL MISMO TIEMPO, el juez remitió otra rogatoria para la detención preventiva de los
imputados con fines de extradición. El pedido había sido formulado al juez
por el fiscal federal Miguel Angel Osorio. La decisión involucra al policía
retirado Hugo Campos Hermida y a los militares, también en situación de retiro,
José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira. Los cuatro oficiales, que
fueron vistos por varios sobrevivientes del centro clandestino de detención
"Automotores Orletti" de Buenos Aires, ya fueron imputados en anteriores
juicios, pero fueron indultados por el entonces presidente Menem en 1990. Los
ilícitos que se les imputan son homicidios, torturas y desapariciones cometidas
en los países considerados integrantes del "Plan Cóndor". En el expediente
constan numerosos testimonios de sobrevivientes uruguayos y argentinos de
Orletti.
En un caso de trámite normal Interpol Argentina informa a Interpol Uruguay del
pedido, y si esta última obtiene la dirección de las personas requeridas,
procede a su arresto e informa inmediatamente al juez. En esta ocasión habrá que
aguardar si se sigue el procedimiento de rigor o si, en cambio, se informa al
ministro del Interior y se esperan sus indicaciones. De producirse el arresto
preventivo, la Justicia argentina dispondrá de un plazo perentorio para pedir la
extradición. El juez que actúe tendrá que resolver si remite el caso al Poder
Ejecutivo para que analice si está incluido en la Ley de Caducidad o entiende
que no corresponde y analiza el pedido de extradición. "Me entero por usted",
dijo anoche Batlle a su retorno al Uruguay, ante una consulta sobre el tema. No
obstante, fuentes oficiales indicaron que esta situación provocó
"preocupación"
en la Comisión para la Paz, ya que podría llegar a "complicar" el trabajo de
este grupo. El ex presidente del Supremo Tribunal Militar durante la dictadura,
Federico Silva Ledesma, afirmó ayer a RADIO 1410 AM LIBRE que el pedido del juez
argentino "no puede tener andamiento por la sencilla razón de que la Ley de
Caducidad está vigente". Por tanto, manifestó el militar, "el Poder Ejecutivo
no
le da andamiento y no pasa nada". Agregó que la única posibilidad es "si ellos
llegan a ir por la Argentina".
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3. FALLO JUDICIAL PUEDE AFECTAR CONTACTOS CON MILITARES
El Observador, 24 de Junio de 2001
Comisión
Fallo judicial puede afectar contactos con militares
El pedido de captura por parte de un juez argentino contra tres militares y un
ex comisario uruguayos acusados de violar los derechos humanos "va a entorpecer
el trabajo" de la Comisión para la Paz, dijeron fuentes oficiales e integrantes
de este grupo que busca esclarecer el destino de los ciudadanos desaparecidos
durante la dictadura (1973-1985).
Los informantes indicaron que la comisión tiene previstos una serie de contactos
con militares, que presumiblemente aportarían información sobre los
desaparecidos, reuniones que ahora se podrían ver comprometidas tras el fallo
judicial argentino.
"Cada vez que hay una manifestación pública, un escrache, o circunstancias como
ésta en que hay pronunciamiento judiciales, los militares se retraen", dijo una
fuente oficial.
El pedido de captura fue librado por el juez Rodolfo Canicoba Corral contra los
militares José Gavazzo, Jorge Silveira y Manuel Cordero, y el ex comisario Hugo
Campos Hermida.
Simón Riquelo
En otro orden, Carlos Ramela, miembro de la Comisión para la Paz, dijo al diario
El País que el grupo tiene información que le permite asegurar que Simón
Riquelo, el menor desaparecido en 1976, no murió en sus primeros meses de vida,
como se había informado tiempo atrás.
Cuando trascendió que la comisión manejaba la hipótesis de la muerte del niño,
la madre de Simón, Sara Méndez, cuestionó la versión del grupo oficial.
Fuentes de la Comisión dijeron que organizaciones de derechos humanos de Buenos Aires
informaron que Simón Riquelo viviría en una provincia del interior
argentino, pero que no hay datos precisos.
Asimismo, Ramela informó ayer que la Comisión para la Paz ubicó los restos de un quinto
uruguayo desaparecido en Argentina. "
"Teníamos cuatro oficializados, este es el quinto caso. Estamos trabajando para
determinar si efectivamente los restos todavía están en el lugar original donde
fueron enterrados o si fueron reducidos o cremados en función de las normas
argentinas", dijo Ramela. Añadió que es "el quinto caso de un ciudadano
uruguayo
desaparecido en Argentina cuya muerte se oficializa".
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