[Textos por una Justicia Universal] "Todos los juicios por la verdad continúan abiertos. Han generado y continúan generando un enorme avance de la conciencia social y jurídica respecto a la atrocidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Los procesos en el exterior (Francia, España, Italia, Alemania, etc.), así como los pronunciamientos de organismos internacionales, favorecen la convicción de que no es posible que estos delitos continúen impunes..."

LOS JUICIOS POR LA VERDAD, CAMINO A LA JUSTICIA

Marta VEDIO, Secretaria Jurídica de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata.

En la década del ´80 la sociedad argentina se dispuso a juzgar y condenar a los responsables del genocidio perpetrado por el terrorismo de estado. Se trataba – en la aspiración popular - de llevar a los estrados judiciales a cientos y cientos de oficiales y suboficiales de fuerzas armadas y de seguridad, así como civiles que habían hecho del secuestro, la tortura y el asesinato su "modus vivendi". Desde la recuperación del sistema constitucional, las autoridades elegidas dieron a conocer su intención de diferenciar entre las reponsabilidades de esos delincuentes según el lugar que ocuparan en la estructura jerárquica de sus respectivas instituciones. Este enunciado encubría la política de impunidad que se pondría en marcha en poco tiempo más.

La primera herramienta de esta política fue el propio juicio a las tres primeras juntas militares. Fue un juicio histórico en la medida en que representó la incontenible voluntad social y política del pueblo de ver en el banquillo a los máximos responsables de la dictadura. Sin embargo hubo en este proceso una actitud de funcionarios y magistrados que fue funcional al interés gubernamental: los fiscales adoptaron el sistema de "casos paradigmáticos": acusaron por un puñado de casos sobre los que había mayor cantidad de probanzas e hicieron de ellos el "botón de muestra" del plan sistemático de terror y muerte que asoló a la república.

Los jueces evaluaron de manera individual cada uno de estos delitos, determinando si se había producido o no prueba suficiente para condenar por ella a los imputados. Sin embargo, a pesar de esa evaluación individual, incluyeron en la sentencia un párrafo que intentaba cerrar toda posibilidad de juzgamiento futuro para Videla, Massera y compañía, afirmando que ese proceso había condenado a los comandantes por todos los delitos cometidos como jefes de sus respectivas fuerzas. Es decir, intentaron dar calidad de cosa juzgada a una absolución ficta sobre los miles y miles de crímenes de lesa humanidad que en realidad no habían sido juzgados nunca.

Al juicio a las tres primeras juntas militares le sucedió una catarata de procesamientos a militares de inferior jerarquía, pero muchos de los cuales habían gozado durante la dictadura del poder de decidir la vida y la muerte dentro del plan genocida. Algunos de ellos llegaron a ser condenados y los restantes pudieron ser sobreseídos o desprocesados mediante el dictado de las leyes de punto final y obediencia debida que –forzadas por presiones militares- dieron el cierre a los juzgamientos que ya el gobierno había previsto en 1983.

La pirámide de la impunidad quedó coronada en 1989 con los indultos a los genocidas condenados o aún en juicio, que repudió en la calle una multitud de 200.000 personas.

Este fue el proceso a través del cuál miles y miles de víctimas del terrorismo de estado y sus familiares, fueron privados de justicia. La Verdad, que no tuvo oportunidad de salir a la luz durante años, quedó encerrada en el reclamo muchas veces solitario de los organismos de derechos humanos. La Justicia, era una esperanza que a veces parecía utópica. Pero el reclamo fue permanente, jamás cejó: Juicio y Castigo; Nulidad de las normas de impunidad.

En 1995 Carmen Aguiar de Lapacó con el patrocinio del CELS, solicitó ante la Cámara Federal de Capital Federal que investigara el destino final de su hija o de sus restos, invocando el derecho a la verdad, al duelo y al respeto por los cuerpos. La Cámara libró un primer oficio al Estado Mayor del Ejército, quien respondió que no poseía antecedentes y rechazó el siguiente pedido, argumentando que excedía sus facultades jurisdiccionales.

A pesar del dictamen favorable del Procurador General, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario interpuesto, obligando a la peticionante a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el procedimiento concluyó con la celebración de un acuerdo, el 15 de noviembre de 1999. Que fue aprobado por la Comision con fecha 29 de febrero de 2000. El gobierno se compromete allí a garantizar el derecho a la verdad y a gestionar la normativa para que las Cámaras Federales tengan competencia exclusiva en la matera.

Ya para entonces aquel reclamo solitario de verdad había devenido en torrente. En marzo de 1998, después de la traición que constituyó la derogación por el Congreso (en lugar de la nulidad) de las leyes de punto final y obediencia debida, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata junto a un grupo de madres, abuelas y familiares de desaparecidos se presentó ante la Cámara Federal de La Plata pidiéndole que investigue las desapariciones ocurridas en su jurisdicción. La Cámara hizo lugar a la petición, resolviendo investigar no sólo el destino final de las personas, sino todas las circunstancias de su desaparición. Así se abrió un proceso que investiga alrededor de 2000 desapariciones en la zona.

En Bahía Blanca, a pedido de las A.P.D.H. de esa ciudad y de Neuquén, se abrió una causa por la verdad paralela a las que habían tramitado en los 80 y en los que ese tribunal –el único con coraje suficiente en el país- había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En Rosario y Córdoba abogados y organismos de derechos humanos pidieron la reapertura de las causas que había cerrado la impunidad, pero esas Cámaras federales resolvieron que la verdad no era su materia, sino de los jueces de primera instancia que debían investigar en el lugar de los hechos. Así, en Santa Fe y Rosario se están llevando a cabo trabajosas investigaciones; en la primera ciudad gracias al impulso de la fiscalía y en la segunda con el trabajo esforzado del equipo jurídico que trabaja en coordinación con los organismos de derechos humanos. En el ámbito del tribunal cordobés (que abarcaba originalmente la totalidad del III Cuerpo de Ejército) se han abierto procesos en Salta, Jujuy y Mendoza, además del original que iniciara el SERPAJ Córdoba.

En Mar del Plata una auspiciosa red de organizaciones sociales impulsó una acción de amparo y abrió así el proceso que investiga la represión en aquella ciudad.

Todos los juicios por la verdad continúan abiertos. Han generado y continúan generando un enorme avance de la conciencia social y jurídica respecto a la atrocidad de los crímenes cometidos por la dictadura. Los procesos en el exterior (Francia, España, Italia, Alemania, etc.), así como los pronunciamientos de organismos internacionales, favorecen la convicción de que no es posible que estos delitos continúen impunes. Así, los juicios por la verdad cumplen en la sociedad argentina múltiples funciones: dar a miles de familias satisfacción de su derecho de acceder a la justicia y de conocer el destino de sus seres queridos; promover que el reclamo de justicia sea sostenido por sectores cada vez más amplios, incluso dentro del Poder Judicial; producir prueba respecto a miles de delitos que han quedado impunes.

Han sido calificados como "engendros", pero la realidad es que engendros son las leyes de punto final y obediencia debida que frustraron las legítimas expectativas sociales de justicia. Frente a la estructura irracional, inconstitucional y lesiva de los derechos humanos que construyeron los sucesivos gobiernos constitucionales, los juicios por la verdad se erigen como el lugar de la dignidad y la memoria, como el camino que eligió la búsqueda inclaudicable de justicia.

En marzo de este 2001 un juez argentino, el Dr. Gabriel Cavallo, declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, a fin de procesar a dos criminales por la desaparición de un matrimonio. Hace años lo había hecho, como dijimos, la Cámara Federal de Bahía Blanca, desafiando las indicaciones del poder. Ahora viene este fallo a reflejar las tendencias más progresistas en materia de protección de los derechos humanos; esperamos que sea el primer paso de un proceso en que muchas instancias del Poder Judicial se sacudan la capa de indiferencia y complicidad con que han eludido el problema todos estos años y resuelvan comenzar a transformar a la República Argentina en un estado de derecho.

Mientras tanto, los juicios por la verdad siguen adelante, progresando y multiplicándose con la fuerza que les ha dado la legitimidad de su proceder y de sus objetivos. El triunfo de la causa de los derechos humanos en nuestro país tendrá mucho que agradecerles.

--------------

Agradecemos a la autora el envio al Programa de este articulo y toda la información que durante años nos ha hecho llegar de los diferentes testimonios que se han ido presentando en los Juicios por la Verdad.

Si desea dar difusión a un texto relativo a la Justicia Universal o a la Corte Penal Internacional, puede hacerlo enviando su mensaje a alsurdelsur@wanadoo.es

Su aportación se distribuirá a 1800 direcciones de profesionales del Derecho y Asociaciones de Derechos Humanos de 18 países diferentes.