La actitud de las autoridades argentinas ante el pedido de detención enviado por el juez Baltasar Garzón provocó la reacción del magistrado español, quien se dirigió al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, solicitándole definiciones en términos que harán difícil una gambeta del Poder Ejecutivo, que está obligado por un Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal. Llama la atención la dureza de los términos de la nota fechada en Madrid el pasado 1° de junio y hace evidente el fastidio de Garzón, a quien no es la primera vez que se trata con desconsideración en nuestro país. Recuérdese, por ejemplo, que una conversación suya con su par argentina María R. Servini de Cubría fue grabada, sin su conocimiento ni consentimiento. El Juez pregunta al Ministro si las autoridades nacionales están dispuestas o no a cumplir el Convenio de Asistencia Judicial y le hace saber que no comparte en absoluto la interpretación del derecho que Gil Lavedra volcó en una nota que envió a Garzón el 24 de Mayo y que no entiende las vueltas que se está dando al asunto. Sin pelos en la lengua, la nota afirma que lo que debe contestar Argentina es si existe voluntad para pronunciarse o si se tiene la decisión pretomada de no atender, en ningún caso, la demanda de extradición. Los términos de la comunicación eluden toda forma de eufemismo y dejan a las autoridades argentinas sin alternativa: deberán definirse públicamente sobre si encubrirán a los genocidas o cumplirán un convenio bilateral y tratados internacionales. Siempre supimos que este juicio sería un grave problema para el Gobierno de la Alianza.-

Volver al índice