4/09/00
Según una encuesta publicada por el Diario La Nación, en su edición de
ayer, sólo uno de cada diez argentinos confía en sus legisladores. Estos resultados son
de por sí muy serios. Máxime si se tiene en cuenta que las opiniones fueron consultadas
antes de que el juez que investiga el escándalo de las supuestas coimas para sancionar
las normas de recorte de derechos laborales, hubiera expresado que está convencido que
los pagos existieron. Según la misma encuesta, aumenta el descreimiento en la justicia.
Quiere decir que la sociedad argentina no solo no cree en quienes deben dictar sus leyes
sino que tampoco cree en quienes deben investigar las conductas de los legisladores. La
sensación generalizada es que el tema de los sobornos denunciados con muchos eufemismos
por Antonio Cafiero existieron antes. También existe la sensación generalizada que entre
legisladores y jueces existen ciertos acuerdos de protección mutua en cuya virtud es
difícil que este tema sea investigado con la independencia e imparcialidad que la
Constitución Nacional exige. Se vuelve a hablar de golpe de Estado institucional y de
ataques a las instituciones. Lo mas grave es que se generaliza también una sensación de
descreimiento en las instituciones democráticas; es decir, en la democracia. La
consecuencia perversa podría ser que la democracia y sus instituciones no sirven. No
estamos en nada de acuerdo con esta afirmación ni con esa sensación de desaliento que
seguramente está alegrando a los que tantas veces han atentado contra la democracia desde
aquel 6 de setiembre de hace 70 años. Creemos que la democracia es el único sistema que
actualmente puede garantizar la vigencia de los derechos humanos. Pero, no podemos tener
un sentimiento de credibilidad dogmática. Entendemos que el sistema democrático y las
instituciones, o mejor dicho, los hombres que las integran están en el punto mas bajo
desde la recuperación de la democracia. En la legislatura nacional se sancionaron leyes a
punta de pistola, para garantizar la impunidad de los delitos del Estado terrorista. Ahora
parece que, a punta de dinero, se lograron leyes para garantizar la continuidad del
sistema de exclusión. De lo que se trata no es de renegar de la democracia sino de luchar
para que se saneen sus instituciones. Y esto solo es posible sancionando las inconductas
de los que delinquen y las de los que deben juzgar a esas personas y no lo hacen.