Una norma elemental del estado de derecho democrático establece que todos deben tener asegurado el derecho de defensa. El derecho que ninguna dictadura respeta, del mismo modo que no respeta ningún otro derecho humano. Eso diferencia a los demócratas de los tiranos. Ese derecho de todos a la protección legal tiene un correlato necesario: los abogados tenemos el derecho y a veces la obligación de ejercer la defensa. No sería justo descalificar a un abogado, como tal, por defender a un represor. Yo no lo haría; pero, no criticaría a quien lo haga. Al menos no lo haría con reservas legales sino morales. Los abogados tenemos la obligación de defender la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se le incorporaron en la reforma de 1.994. Y creo que allí hay una norma interpretativa clara. Habrá que ver cuándo una defensa es ética y cuando no lo es. Y cuando aún no siendo ética, pueda no ser ilícita. Jorge Olivera está acusado de cometer delitos de lesa humanidad y - a pesar de que goza de la impunidad de las leyes y decretos aberrantes - no reúne las condiciones éticas que requiere la profesión de abogado. El pasado sábado Página/12 tituló una nota "los abogados como Pilatos" y reproducía expresiones que atribuyó al Secretario General del Colegio Público de Abogados, quien habría dicho que no se puede sancionar a Jorge Olivera porque en Italia actuó como imputado y no como abogado. No conozco las declaraciones completas, por lo que no puedo opinar sobre ellas. Creo que no todos los abogados han hecho como Pilatos. El reclamo de sanciones de los organismos de derechos humanos coincidió con un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que el Lunes 18 aconsejó que la entidad se presente al Colegio y pida la cancelación de la matrícula de Olivera. Creo que este militar retirado no merece seguir siendo abogado y tampoco los que lo ayudaron a engañar a una justicia italiana que fue complaciente. Esos abogados cometieron un delito federal. Falsificaron un documento público y deben ser sancionados. Debe asegurarse el derecho de defensa para todos. Pero defender es una cosa y cometer delitos con el supuesto fin de abogar, es muy otra cosa. Es de esperar que el Colegio Público no haga como Pilatos.