Desde bastante tiempo antes de que asumiera el gobierno de la Alianza, sabíamos que el tema de los derechos humanos sería uno de los más complicados. Los candidatos a los puestos más altos habían expresado opiniones diversas y - en algunas áreas - francamente irreconciliables. La designación del titular de la Secretaria de Derechos Humanos dio lugar a idas y venidas muy duras, en las que el radicalismo aceptó a regañadientes a Diana Conti. Como precio de las difíciles negociaciones, cuantas veces puede, la funcionaria aclara sus posiciones personales y las que debe llevar adelante como miembro del gobierno. Por el momento parece que esa especie de esquizofrenia política, moral y ética, no le crea demasiadas incomodidades. La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pareció un signo positivo por la jerarquización que supone de esos derechos. Y no solo por eso, sino también porque a su frente se designó a Ricardo Gil Lavedra, un jurista serio que integró la Cámara Federal que juzgó y condenó a los comandantes por los crímenes del Estado Terrorista. En el seno de la Alianza conviven verdaderos dinosaurios con intachables defensores de los derechos humanos. Al frente del Ejército se nombró al General Ricardo Brinzoni que maneja un perfil mucho más alto que el Ministro de Defensa y que el propio Presidente de la Nación como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esta designación representa un retroceso respecto de lo que fue la inédita política de su antecesor Martín Balza. Las detenciones de militares en retiro en el exterior para ser sometidos a una justicia que en nuestro país se nos negó, desnudaron crudamente las diferencias. El General Brinzoni habla de atropellos. Gil Lavedra salió a contestarle y a desmentirlo. Sin embargo, sus jefes naturales, el Ministro López Murphy y el Presidente de la Rúa, no lo sancionan por sus desatinos ni lo llaman a sosiego. Seguramente lo dejan que hable para calmar el frente interno. El caso paradigmático es el del represor y - por ahora - abogado, Jorge Olivera. Acusado de crímenes horrendos, su jefe Brinzoni consideró su detención un atropello, sin embargo, no le llamó la atención que haya logrado la libertad mediante la utilización de documentos falsos. Mientras tanto, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, Aníbal Ibarra, parece decidido a impulsar la investigación de ese delito, en Italia y en Argentina. Mientras tanto, pareciera y espero que no sea un espejismo, que la sociedad argentina va despertando de su letargo y va tomando conciencia de lo que fue el terrorismo de Estado y reclama justicia. Y esto es lo mejor de todo y ocurre al margen de las contradicciones del gobierno y de los partidos mayoritarios, donde las mezquindades han dejado en situación límite el prestigio del país, en el que pueden morir presos políticos que reclaman que se cumplan compromisos internacionales de la Argentina y que están en huelga de hambre.-