En su edición de ayer, Página 12 publica un artículo con firma de Horacio Verbitsky titulado "Propuesta indecente". Según el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se estaría gestando, por parte del Gobierno una maniobra que tendría por objeto impedir la extradición a España del represor argentino detenido en México Ricardo Miguel Cavallo. La versión, de por sí grave, contiene elementos que la hacen mucho más seria y peligrosa. Cuenta Verbitsky que un hombre de confianza del Presidente Fernando de la Rúa y otro de confianza del renunciado jefe de la SIDE Fernando de Santibañez están al frente de la gestión y que se ha consultado la opinión de miembros de la justicia que estarían dispuestos a colaborar. La maniobra consistiría en reabrir una causa por un delito menor contra Cavallo, pedir su extradición a la Argentina y luego liberarlo. Si todo esto es cierto, no solo estaría en serio riesgo el prestigio internacional del país por el evidente desprecio por los derechos humanos y los tratados internacionales, sino - y una vez más - la independencia, imparcialidad y objetividad de la justicia, que es otro de los derechos fundamentales que los países que adhirieron, como el nuestro, al Pacto de San José de Costa Rica, deben respetar. Si todo esto fuera cierto, quedarían desmentidas las versiones oficiales acerca de que a Cavallo sólo se le prestaría apoyo consular y el declarado apego del Gobierno al derecho, al respeto de las decisiones judiciales y a los derechos humanos. Mientras tanto, ni siquiera por las más elementales razones humanitarias, nuestro país cumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y parece, hasta ahora al menos, dispuesto a dejar morir de hambre a los presos por la causa de La Tablada.-