La clase política argentina no encuentra, o no puede encontrar, solución para los graves problemas que enfrenta la sociedad argentina de hoy. Tal vez habría que ampliar el campo de las hipótesis y agregar que, a lo mejor, no las quiere encontrar. Sea cual fuere la causa, lo cierto es que cuando intenta aplicar alguna solución, acierta con la peor. Ante la falta de satisfacción para sus necesidades más elementales, la gente adoptó nuevas formas de expresión y lucha y corta las rutas. El Estado, entre el derecho a transitar esas rutas y el derecho que la gente reclama, opta por el primero y da por respuesta la represión. La represión violenta, a veces, utilizando las fuerzas de seguridad. O aplica otra forma, un poco más sutil, que es la represión mediante la utilización del aparato judicial del Estado. Ese aparato judicial se encuentra desbordado y da como resultado miles de procesados sin condena, muchos de ellos hacinados en comisarías. Para adecuar nuestra legislación a la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los Estados miembros a aplicar la justicia en tiempo razonable, se sancionó lo que se conoce como la "Ley del dos por uno". El efecto no deseado de esa ley es que, como consecuencia de la morosidad de la justicia, mucho delincuentes quedan en libertad. Entonces, en lugar de mejorar el servicio de justicia, desde el Estado se alzan voces reclamando la derogación de esa ley. Algunos, como el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, van más allá y hablan de denunciar, de derogar, el Pacto de San José de Costa Rica, tal vez sabiendo que se trata de un disparate; pero, enancándose en el reclamo de seguridad de la sociedad. La represión no va a solucionar los problemas de falta de empleo y de satisfacción de las necesidades de los más desposeídos. Derogar el dos por uno no va a resolver el problema de la falta de seguridad, que lo que reclama es mayor prevención y solución a los problemas de la exclusión social. Los presos de La Tablada siguen en huelga de hambre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue esperando que el Estado Argentino cumpla sus recomendaciones. La falta de liderazgo y la falta de credibilidad de la gente en los políticos retardan la consolidación del sistema democrático. Mientras tanto, la clase política se suicida y cumple a raja tabla las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, agravando la falta de satisfacción de las necesidades de los argentinos y sentando las bases para más inseguridad.-