El responsable ante los organismos internacionales por las violaciones a los derechos humanos y por su restitución, es el Estado. Usualmente, suele asimilarse el concepto de Estado con el de Poder Ejecutivo. De hecho, cuando los organismos del tipo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos hace recomendaciones, las hace a los poderes ejecutivos. La Comisión nunca se entiende con los jueces, por ejemplo u sin embargo, es bien sabido que la mayor parte de las denuncias contra el Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos, involucra al Poder Judicial. Y, en realidad, si el poder judicial funcionara correctamente, casi no existirían violaciones a los derechos humanos o violaciones impunes. Pero ese no es el tema de hoy. De lo que se trata es de que cuando existe un caso admitido o recomendaciones expresas a un estado, en nuestro caso el Estado Argentino, los obligados son no sólo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, en el caso concreto de los presos por el intento de copamiento del Cuartel de La Tablada, todos se pasan la pelota. Todos arriesgan el prestigio de Argentina como Nación civilizada con apego al Estado de Derecho democrático y todos ponen en peligro al sistema regional de derechos humanos, con una irresponsabilidad que cuesta creer. Claro que también cuenta creer que se sigan proponiendo ascensos de militares comprometidos con la represión. Claro que también cuesta creer que el Senador José Alasino intente defender algunos de esos ascensos como si fuera el abogado de los cuestionados, como lo hizo ante los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Pero, todo esto sería mucho más fácil de entender si prestamos un poco de atención a lo que dijo el Premio Novel de Literatura José Saramago, quien se sorprendió por la falta de compromiso humanitario de la sociedad argentina ante un caso que ha conmovido al mundo entero, mundo del que parece que nosotros no formamos parte.