Según publicó Página/12 en su edición de ayer, el Centro de Estudios Legales y Sociales pedirá que la justicia declare la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Si la petición llegase a prosperar, anuladas las leyes de impunidad. Podrían investigarse y castigarse los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado. No existen dudas desde el punto de vista jurídico y desde la moral que ambas leyes son inconstitucionales. Ninguna persona, ningún Estado pueden establecer un sistema legal de privilegio que deje sin sanción alguna delitos tales como las desapariciones forzadas de personas, violaciones, torturas, robos, crímenes y los actos mas horrendos que mente alguna pueda imaginar. La comunidad internacional ya ha condenado esas leyes y los indultos del ex Presidente Carlos Menem. Por otra parte, ante la inactividad de la justicia argentina y ante los efectos de esas leyes y decretos repugnantes a la razón jurídica universal, en distintos países se han abierto causas judiciales contra los terroristas argentinos, algunos incluso ya tienen sentencia. Como consecuencia de este extraño esquema, el único lugar seguro en el mundo para estos delincuentes es la República Argentina, lugar en que precisamente cometieron sus fechorías. Sin embargo, creo que por ahora es más que difícil que el CELS triunfe en su postura, por más justa que sea. Creo que lo deseable sería un 24 de marzo que supere al del vigésimo aniversario, que provocó en juicio de España y entonces sí, tal vez podamos alentar la esperanza de volver a ser un país jurídicamente civilizado, si la presión popular logra que esas leyes degradantes se anulen.-