Muchas veces hemos dicho que con el Gobierno de la Alianza y la adhesión irrestricta al modelo de exclusión, la política en materia de derechos humanos no podía mejorar. Más aún, en algunos aspectos se han producido retrocesos respecto de la administración menemista, lo que no es poco decir. El Ejército en su conjunto nunca digirió la autocrítica del General Martín Balza, aunque solo los dinosaurios lo expresaron francamente expulsándolo del Círculo Militar. Con la dirección de Ricardo Brinzoni y el aliento del ex Ministro del área, Ricardo López Murphy, el Ejército preparó una estrategia que apunta a varios frentes, con un hilo conductor que es el de la teoría de los dos demonios. El fortalecimiento del espíritu corporativo pretende que los oficiales que no tuvieron participación en el terrorismo de Estado, se sientan perseguidos y se alíen con los protagonistas de la masacre. Un discurso famoso les advirtió que debían prepararse para críticas de la sociedad. No es la sociedad la culpable de la confusión sino la propia fuerza que jamás asumió la autocrítica y mucho menos el arrepentimiento o el pedido de perdón. En el terreno jurídico la estrategia pareció llevarse a cabo desde el estudio del tristemente célebre Jorge Olivera que pidió reparación para las víctimas de las operaciones armadas, pretendiendo asimilarlas a los detenidos desaparecidos. Y encaró otras presentaciones judiciales similares, mientras defiende al genocida Carlos Suárez Mason y logra fugar de Italia con documentación falsa. Ahora, doblando la apuesta, con su jefe Brinzoni a la cabeza, varios cientos de oficiales pretenden saber si figuran en las listas de represores del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En una forma de prostituir la figura constitucional del hábeas data ya que son precisamente los militares los que durante 25 años se han negado a dar a los familiares de muertos y desaparecidos noticia alguna acerca de su paradero y por lo tanto, los que en mejores condiciones están de saber si figuran y por qué en las listas de represores. La sociedad les debe dar este 24 de marzo una respuesta tan clara y contundente como la del 24 de marzo de 1.996.-