La democracia argentina ha experimentado un nuevo retroceso. El inestable equilibrio de poderes ha quedado seriamente lesionado, no ya en favor del Poder Ejecutivo -   tradicionalmente hegemónico - sino de uno de sus ministros, el de Economía. Por añadidura y para agravar la situación, ese ministro tiene un historial que lo emparenta con los sectores más retrógrados y antidemocráticos. Domingo Felipe Cavallo ha irrumpido en la vida institucional argentina como una especie de superministro dotado de poderes mágicos para solucionar una crisis, de la que él mismo es uno de los responsables. Un escaso 10% obtenido en las elecciones, le ha servido para alzarse prácticamente con la suma del poder público, situación que pone a quienes le otorgaron esas inusuales facultades, en los límites del art° 29 de la Constitución Nacional, que emplea la categoría de infames traidores a la Patria. Por el lado de las fuerzas armadas, la impresionante manifestación del pasado 24 de marzo no ha servido de freno y su actual titular sigue echando mano de la descalificación de las críticas y de los llamamientos al espíritu de cuerpo, desandando el camino que había emprendido su antecesor Martín Balza. Pero, no todas son buenas para los seguidores del pasado dictatorial. Esos agoreros creían y no le faltaban razones, que la sentencia del Juez Gabriel Cavallo declarando insalvablemente nulas las leyes de impunidad, tenía pocas posibilidades de pasar el filtro de la Corte Suprema. Pero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de darles un fuerte golpe. El pasado 14 de marzo el Tribunal, cuyas decisiones son obligatorias para los jueces argentinos, declaró que las similares leyes de impunidad del Perú son nulas e inaplicables porque se oponen a las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Suprema ya pidió copias y sus miembros, seguramente estarán bastante preocupados ya que no podrán sacar un fallo a la medida de Brinzoni, de la Rúa y Cavallo. La justicia universal no solo tiene en jaque a los genocidas. Los organismos internacionales de derechos humanos no podrán asegurarnos las instituciones democráticas; pero, sin lugar a dudas, molestarán a quienes se burlan del voto popular.-