10/07/00
Argentina ha generado nuevamente la preocupación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la recuperación de la democracia, el actual debe ser el momento más tenso entre
Estado Nacional y el organismo regional de defensa de las garantías fundamentales del ser
humano.
En 1.997 la Comisión recomendó al Gobierno que cumpla con la Convención Americana de
Derechos Humanos respecto de los miembros del Movimiento Todos por la Patria involucrados
en el intento de copamiento del Cuartel de La Tablada.
El juicio que los condenó viola el Pacto de San José de Costa Rica porque la ley que se
aplicó no aseguró a los procesados el derecho a una apelación contra la sentencia.
Además, durante la recuperación, por parte de las fuerzas de seguridad, se cometieron
gravísimas violaciones a los derechos humanos, que la justicia argentina se negó a
investigar.
La forma mas práctica y rápida de cumplir las recomendaciones, en lo que hace al juicio
y condena, sería la sanción del proyecto de ley del Diputado Ramón Torres Molina, que
provocó el beneplácito del Comisionado encargado de los asuntos argentinos, Robert
Goldman.
El oportunismo, y la mezquindad política están poniendo en crisis al sistema
interamericano de derechos humanos.
A la miopía de nuestra clase política debe sumarse el desinterés de una sociedad que
cree que la defensa de las garantías y del debido proceso judicial para todos, rozaría
la defensa de una acción militar que nadie respalda.
De lo que se trata es de asegurar a todos un proceso justo, tan justo como lo tuvieron los
genocidas, que después fueron premiados por un indulto tan poco comprensible como la
actual negativa a solucionar la situación de los presos que ya llevan 40 días de huelga
de hambre.
Una vez mas los organismos que históricamente han luchado por los derechos humanos,
aparecen solos.
Si no estuvieran solos, si la sociedad tuviera la percepción de que este problema nos
involucra a todos, esos organismos hubieran sido recibidos por el Presidente de la
Nación, el Vice o algún alto funcionario, en lugar de tener que dejar su petitorio,
igual que en la época de la dictadura, en la mesa de entradas de la Casa de Gobierno.-