9/7/01
Mucho antes de lo que
esperábamos el gobierno nacional se pronunció, a través del Ministro de Defensa Horacio
Jaunarena, acerca del pedido de la justicia italiana de que sea extraditado Alfredo Astiz
para ser investigado por algunos de los delitos de lesa humanidad que se le imputan. El
Ministro dijo que no se haría lugar a la extradición del ex integrante de grupos de
tareas, detenido por orden de la Jueza María Romilda Servini de Cubrini, porque sería un
agravio a la soberanía nacional. El argumento, además de cínico es falaz. Hoy, 9 de
julio, es fecha propicia para recordar a este gobierno y a los que lo antecedieron, que no
fue precisamente la soberanía nacional lo que tuvieron en cuenta cada vez que se
sometieron a los dictados del Fondo Monetario Internacional y de los grandes grupos
detentadores del poder económico. Ni que hablar de las ruinosas privatizaciones, de la
que el caso de Aerolíneas Argentinas es un ejemplo y no el único. El vocero presidencial
Juan Pablo Baylac echó mano del principio de extraterritorialidad desconociendo que
Argentina lo ha admitido en numerosos Tratados. Ninguno de esos principios excitó a los
funcionarios de distintos gobiernos que admitieron que las disputas originadas en
contratos internacionales fueran juzgadas por tribunales extranjeros. La diferencia parece
pasar por derechos humanos versus dólares y poder económico. Más coherente, la
Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Diana
Conti, esgrimió el principio que corresponde aplicar: a Astiz se lo extradita o se lo
juzga aquí. La pregunta a contestar es ¿por qué le preocupa tanto al Estado Argentino
mantener la impunidad de los crímenes contra la humanidad? Si la justificación de las
leyes de impunidad fue el arrebato a punta de pistola en las famosas Pascuas de la casa en
orden ¿cuál es el de la actualidad?.
Sabíamos que iban a caer caretas, lo dijimos el Lunes pasado; pero, no creíamos que iban
a caer tan rápido. No hay vocación política para castigar los crímenes del Estado
terrorista; pero, parece que ha despertado esa vocación en los jueces. Es bueno que la
sociedad acompañe a los organismos de derechos humanos para que se haga justicia y
Argentina no siga siendo un mal ejemplo universal.-