20/8/01


Mucho se ha dicho y escrito últimamente acerca de la judicialización de la protesta, de la criminalización de la pobreza. Es decir, de la utilización de uno de los poderes del Estado, el Poder judicial, para reprimir a los excluidos del sistema, que imaginan distintas formas de lucha para reclamar lo que por derecho les corresponde y el modelo les quita, para hacer frente a una deuda externa que además de ser impagable es, en muy buena medida, ilegítima e inmoral. Ahora resulta que ese poder del Estado, el Poder Judicial, que tan funcional ha sido a las dictaduras y a este modelo económico, está él mismo sufriendo las consecuencias de los ajustes salvajes. Ese sector privilegiado que tiene asegurado por la Constitución, que sus salarios no pueden tocarse, tiene además el privilegio de poder hacer valer la ley.Esa ley que los favorece.En cambio, los pobres que hoy han imaginado a los piquetes como forma de lucha, no tienen ninguna forma de privilegio ni otra fuerza que organizarse y tratar de no responder a las provocaciones. Y tratar, también, de convencer a los otros pobres -   un poco menos pobres que ellos - que los insultan porque los cortes de rutas producen retrasos. Ahora, que el poder judicial también ve recortados sus ingresos, se produce una enorme contradicción. Ese mismo Poder que ha encarcelado a los piqueteros se ha dado como forma de lucha la de los piquetes. Claro que una forma de "piquete" más "prolijo": no queman llantas sino que toman las audiencias en estacionamientos o al aire libre. O hacen huelgas que han colapsado al sistema judicial. Los mismos jueces han llamado a esa forma de protesta: piquetes. Además, de ese poder del Estado, salió el pedido de intervención federal a la Provincia de Buenos Aires. Otra forma curiosa de protesta de los funcionarios judiciales bonaerenses consiste en amenazar con investigar los casos de corrupción que involucren a funcionarios de los otros estados o investigar el mal manejo de las finanzas que han dejado a la Provincia en el Estado en que se encuentran. ¿Acaso no están obligados a hacerlo aunque no les toquen el salario?. La pregunta es: una vez solucionado el problema, ya que el Estado necesita a sus jueces para consolidar el modelo de exclusión, ¿volverán a reprimir a quienes sigan haciendo lo mismo que ellos están imitando ahora?. El tiempo dará la respuesta y la historia juzgará las conductas.-

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