El terrorismo de Estado no necesitó para sus crímenes, contar con un poder judicial domesticado y cómplice porque ni siquiera recurrió a una mascarada de juicios para acallar toda forma de oposición, ya que recurrió a procedimientos clandestinos como el secuestro y el simulacro de enfrentamientos. Sin embargo, la existencia de una justicia independiente habría entorpecido seriamente sus planes. Durante los años de sangre y fuego, fueron múltiples las presentaciones judiciales reclamando por la suerte de los detenidos desaparecidos. Sistemáticamente todos esos habeas corpus eran despachados de manera simplemente formal y eran archivados porque los jueces se conformaban con las respuestas de los organismos de seguridad que eran, precisamente, los autores de esas detenciones ilegales. Esos jueces resultaron funcionales al régimen despótico. Fueron muchas las denuncias de los prisioneros que declararon haber puesto su situación en conocimiento de funcionarios y magistrados que desoyeron sus relatos. En estos días actuales y ex jueces se ven complicados por actividades del Estado terrorista. Un ex juez, recientemente destituido, aunque no por haber colaborado con la represión sino por haber abandonado a un accidentado a quien el mismo había atropellado con una lancha, ha sido reclamado por el Juez Baltasar Garzón en la causa que investiga los delitos de genocidio y terrorismo. Una jueza en actividad está siendo investigada por su complicidad con la apropiación de bienes de desaparecidos. Una revista acaba de denunciar que aún se mantienen en la estructura de la justicia personajes del Masserismo. Como un nuevo embate contra la independencia de los jueces se advierte la reciente visita del Ministro de Economía y otros funcionarios, a la Corte Suprema. Con fundadas razones se sospecha que la finalidad, desmentida por supuesto por esos funcionarios, fue tantear el ánimo del máximo órgano judicial argentino en relación a las inconstitucionales medidas económicas dictadas para sustentar al modelo de exclusión y hambre. El hilo conductor de todo esto se encuentra en un razonamiento que lleva a deducir que sin un poder judicial independiente es dificil el aseguramiento de los derechos humanos y, consecuentemente, con un poder judicial independiente, idóneo y comprometido, difícilmente se avasallarías los derechos elementales de la sociedad. Los jueces solos no son la garantía de la democracia; pero, jueces honestos, capaces y con criterio independiente, son necesarios para perseguir las desviaciones del poder y asegurar - en alguna medida al menos - los derechos humanos.-