Una de las garantías básicas del Estado de Derecho es la igualdad de todos los habitantes de un país ante la ley. Otra, es la que asegura que todas esas personas que son iguales ante la ley, serán juzgadas por sus jueces naturales y que nadie será juzgado por comisiones especiales. Estos preceptos elementales son conocidos por cualquier persona informada, máxime por los abogados y por los jueces. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es un Tribunal Administrativo que solo puede juzgar cuestiones administrativas. Nadie puede afirmar que el robo de bebés, las violaciones degradantes a los derechos humanos o el secuestro de personas y el robo de sus bienes sean faltas administrativas. En términos jurídicos la cuestión es muy sencilla. Entonces la pregunta es: ¿ por qué la Corte Suprema o algún secretario de ella ha pedido los juicios por la verdad y los juicios por el robo de bebés a sus jueces naturales para dirimir la contienda de esos jueces con el Consejo Supremo? Simplemente porque ahora la contienda no está planteada en términos jurídicos sino políticos. Los jueces que intervienen en estos juicios hasta ahora han mantenido su independencia. Siempre supimos que el tema podría naufragar cuando llegara a la Corte Suprema y llegó antes de lo que suponíamos. Los organismos de derechos humanos ya han hecho oír sus voces. De la sociedad en su conjunto dependerá que los juicios sigan adelante por carriles normales o que, una vez mas, el anhelo de justicia se vea frustrado por cuestiones políticas. Si ocurre esto último, la democracia argentina habrá encontrado un nuevo escollo para su aún incompleto desarrollo.-

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