12/11/01
Cuando una sociedad se constituye en Estado, cada uno de los individuos que la integran renuncia al ejercicio de la venganza personal y delega en ese Estado las facultades necesarias para castigar los delitos que afectan al conjunto. Es deber de los individuos no tomar venganza o justicia por mano propia; pero, esta obligación genera la del Estado de no dejar impunes los hechos prohibidos por el conjunto. Esta regla elemental fue brutalmente arrasada, como toda norma, por el Terrorismo de Estado. Los gobiernos que lo sucedieron también violaron el Pacto Social. Primero fue el Gobierno de Alfonsín, que teniendo todo el respaldo popular le faltó el coraje, la decisión y la convicción necesaria para juzgar a todos los peores asesinos de nuestra historia. Quiso, en cambio, contentarnos con una parodia de juicio a unos pocos. Parodia porque se retaceó calificar de genocidio al genocidio y porque se supuso que juzgando a un par de Generales, Brigadieres y Almirantes, el pueblo de olvidaría de los Astiz. Y así, con las mismas debilidades, el primer Parlamento de la democracia se enlodó y enlodó nuestra historia con las leyes, arrancadas a punta de pistola, de Punto Final y Obediencia Debida. El Gobierno que lo sucedió, sin necesidad alguna, sin pistolas ni presiones; pero, con ideología e intereses en común, indultó a las pocas bestias juzgadas. La vergüenza fue lo que nos distinguió del mundo civilizado. Todo tarda; pero, todo llega. Tuvieron que pasar casi 30 años para que, después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Interamericana dijeran que esas leyes son repugnantes. Y tuvo que ser necesario el empuje de jueces de otras naciones, para que nuestros jueces reaccionaran. Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida han sido declaradas nulas, sin ningún valor, contrarias a nuestros orden constitucional, por dos jueces y - recientemente - por la Cámara Federal. Empezamos a volver al mundo de los humanos. Empezamos a perder un poco de vergüenza. Si se empieza a procesar a los asesinos, si la Suprema Corte no jhace un desastre jurídico, rescataremos la dignidad perdida a pedazos. Y el Pacto Social, en parte al menos, volverá a funcionar. Para que funcione del todo y el Estado pueda exigir lo que hoy exige sin derecho ni legitimidad, deberá aniquilar esa otra vergüenza nacional que es la exclusión de los muchos y el festín de los pocos.-