El establecimiento de un eficaz sistema de justicia universal podría ser, si no la garantía, al menos una buena herramienta jurídica para desalentar el terrorismo de Estado. En estos momentos muchos genocidas argentinos han encontrado en el país en que cometieron  fechorías de todo tipo, el único lugar seguro en el mundo. Paradojas que permiten los débiles sistemas democráticos latinoamericanos y la instalación brutal del discurso único de la potencia hegemónica, que es - por otro lado - la mayor violadora de los derechos humanos. Este solo enunciado,  por sí solo, se alza en un serio obstáculo a la justicia universal. La correlación de fuerzas a nivel mundial, por el momento desalienta los intentos serios de juzgar a los responsables norteamericanos de las masacres de décadas recientes. El concepto ignorante y patriotero de la soberanía nacional es otro de los obstáculos, esta vez doméstico, para impulsar tribunales de justicia universal. De todos modos, el proyecto existe, el Tratado de Roma ya ha sido ratificado por buena cantidad de Estados. La prepotente actitud de Estados Unidos, principal valladar para los tribunales internacionales, se ha exacerbado a partir de los atentados contra las torres gemelas y el Pentágono. George Bush ha impulsado un esperpento jurídico: los sospechados de terrorismo podrán ser juzgados en su territorio, por tribunales militares y, se supone, sin derecho a apelación. Hasta ahora solo España se ha opuesto. Es de esperar que Europa toda la acompañe, aunque por el momento es imprevisible, atendiendo a la circunstancia de que solo en Italia hay nueve bases norteamericanas, de las que parten aviones que masacran afganos civiles: niños, mujeres y ancianos hambrientos. Tan hambrientos de pan como el mundo de justicia. Pero, la lucha por los derechos humanos nunca fue fácil. No tendría por que serlo la de la justicia universal, que mas beneficia a los países periféricos, que son los que menos importan y los que menos deciden. Son, apenas, los que mas sufren. Y eso no interesa tanto.-