La teoría de los dos demonios; o mejor dicho, su versión remozada como teoría del demonio y medio, quiere instalarse en Tribunales, a contrapelo de la ley, la justicia y la historia. Alentados por la complicidad, aunque más no sea por omisión, de las autoridades nacionales, sectores militares partidarios del terrorismo de estado, avanzan en un plan que tiene por objetivo tergiversar lo que sucedió durante la dictadura más sangrienta que conoció la Argentina y boicotear los juicios por la verdad histórica y los que investigan el mas repugnante delito que se pueda imaginar: el robo de bebés y la sustitución de sus identidades. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reclamó para sí la facultad de investigar la suerte corrida por los niños robados a sus padres desaparecidos o nacidos en cautiverio, como si ese aberrante delito pudiera considerarse un acto de servicio, para que lo juzgue un tribunal administrativo. También se reiteraron solidaridades para los militares detenidos por negarse a declarar. Ahora, se pretende hacer una especie de "contrajuicios de la verdad", en los que los abogados militares pretenderían averiguar qué pasó con sus camaradas caídos en la guerra sucia. La burda maniobra pretende confundir a la sociedad mal informada. La Subsecretaria de Derechos Humanos Diana Conti ya dio su respuesta y esta vez acertó. Para esas víctimas existe el Código Penal. Si oportunamente sus familiares, que disponían de la suma del poder, no investigaron, nada pueden ni deben hacer ahora. Los juicios por la verdad tienen por finalidad averiguar qué paso con los detenidos desaparecidos, esos que no dispusieron de Código Penal, leyes, ni jueces. Esos cuyos familiares no tienen, como sí tienen los parientes de los militares, ni siquiera una tumba para llevar una flor.