Durante la gestión de ALICIA PIERINI al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, señalé muchas veces que era muy difícil, para alguien sinceramente comprometido con la plena vigencia de los derechos humanos, pertenecer a un gobierno que hace profesión de fe de un sistema que es esencialmente violador de esos derechos.
Por mejores intenciones que pudiera tener un funcionario de esas características, es inevitable que se presenten contradicciones con el gobierno al que pertenece.
Pero, lo cierto es que ALICIA PIERINI siempre tuvo un manejo hábil de la política y de los medios.
No le faltaron, al principio de su gestión, buenas vinculaciones con los organismos de derechos humanos, que - como era de esperar - se fueron debilitando con el tiempo.
Sin embargo ALICIA PIERINI sigue teniendo un perfil que la vincula con la defensa de los derechos humanos, más allá de su paso por la gestión pública, en la que poco quiso o pudo hacer.
Hubiera sido cándido haberle exigido que, siendo funcionaria de CARLOS CORACH, defendiera consecuentemente los derechos humanos.
Con el gobierno de FERNANDO DE LA RÚA el Ministerio de Justicia pasó a ser también de Derechos Humanos, circunstancia que - más allá de lo simbólico - apareció como un hecho auspicioso por la jerarquización que significaba para esos derechos.
Después de muchas idas y venidas se nombró al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos - que se sacó de la esfera del Ministerio del Interior - a una abogada que había integrado el Centro de Estudios Legales y Sociales, muy cercana a EUGENIO RAÚL ZAFFARONI y con buenas relaciones con los organismos de Derechos Humanos.
Yo saludé la designación de DIANA CONTI como uno de los pocos hechos auspiciosos del gobierno de la Alianza, sin dejar de señalar que defender los derechos humanos y al mismo tiempo la política del gobierno que juró fidelidad al modelo de exclusión, era muy difícil.
Me llamó la atención y en su momento lo comenté, que salvo Abuelas y Familiares, no había organismos en el acto de asunción del cargo.
¿Habrá sido casual o premonitorio?
El primer blooper de la subsecretaria se produjo con declaraciones muy desacertadas respecto de los juicios por la verdad, que su jefe, RICARDO GIL LAVEDRA tuvo que contradecir y ella misma rectificar, aunque a medias y por escrito.
El juicio que condenó a los miembros del Movimiento Todos por la Patria por el intento de copamiento del Cuartel de La Tablada estuvo plagado de anomalías.
Las violaciones a los derechos humanos producidas durante la recuperación de la unidad militar, nunca fueron investigadas por la justicia.
Ya hace varios años que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su juicio crítico y encomendó al Estado Argentino una serie de medidas reparadoras.
El Gobierno de CARLOS MENEM no adoptó medida alguna y el actual tampoco.
Es obvio que el tema es una brasa caliente porque las fuerzas armadas, más allá de la autocrítica de MARTÍN BALZA, no digieren nada vinculado con esa investigación ni con los juicios que buscan la verdad, contra los que acaba de formular declaraciones el jefe del Ejército RICARDO BRINZONI, según informa página 12 en su edición de ayer.
En el mismo diario se pueden leer declaraciones de DIANA CONTI a MIGUEL BONASSO sobre la situación de los presos de La Tablada.
Contradiciendo lo que es política del Estado Argentino desde hace años, la funcionaria dijo que las recomendaciones de la CIDH no obligan al gobierno y que no se piensa dejar en libertad a los presos.
Más allá de que esas recomendaciones obliguen o no en términos jurídicos, es grave que la titular del área de derechos humanos del Ministerio respectivo, haga un juicio disvalioso de un organismo al que como abogada de derechos humanos recurrió muchas veces.
Además, para que los informes y recomendaciones de la Comisión sean obligatorios, basta con su fuerza moral y con la costumbre inalterada del gobierno argentino de acatarlas en todos los casos, con la excepción precisamente de La Tablada.
Quien lea el reportaje encontrará una serie de contradicciones y una definición final sumamente desafortunada, en la que DIANA CONTI se muestra favorable a adoptar alguna solución para lo que llamó "los chicos"; pero para ENRIQUE GORRIARÁN MERLO no, porque está bastante "crecidito", como si las garantías judiciales fueran de aplicación para los de cierta edad y para otros no.
Más allá del desacierto político de la acción militar, los presos de La Tablada merecen un juicio justo y no pueden ser rehenes mientras muchos genocidas se dan el lujo de amenazar a los jueces de la democracia.