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En la emisión del 17 de marzo de 1995 ORAL Y PÚBLICO entrevistó al Juez Julio Cruciani, quien se refirió a la independencia de los jueces. En su caso las presiones siempre vinieron de la corporación judicial y nunca del sector de la política. Sostuvo que los jueces deberían provenir la mitad del sector judicial, la carrera y el resto, de la calle. Se refirió al críptico lenguaje judicial. Página 12 publicó la siguiente nota:Juicio a la Cámara
Julio Cruciani pidió a la Corte Suprema el juicio político a los miembros del Tribunal por “presiones y persecución”. En el eje de la disputa estarían las causas contra funcionarios.
El juez Julio Cruciani desnudó las disputas en el fuero.
“Si no fuese por la opinión pública y la prensa, estaría preso.”
Por Adriana Meyer y Raúl Dellatorre
El juez nacional en lo penal económico Julio Cruciani decidió derribar los puentes que lo ligaban a la cámara del fuero y enviar un fuerte mensaje al oficialismo en el Ejecutivo y en el Congreso. En un escrito presentado al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Julio Nazareno, pidió que se promueva juicio político para los cinco integrantes del Tribunal de Alzada “por mal desempeño en sus funciones”. Cruciani denuncia en su presentación que sufrió “no sólo presión; peor aún, he padecido persecución del propio Poder Judicial por intermedio de la Cámara en lo Penal Económico (...) y si no fuese por la opinión pública, la prensa y la responsabilidad del Congreso, yo no sólo ahora no sería juez sino, mucho peor, tal vez estaría privado de mi libertad”.
La relación entre los jueces de instrucción del fuero penal económico y el oficialismo no pasa por su mejor momento. Dos miembros de ese cuerpo, Marcelo Aguinsky y Julio Speroni, dictaron el procesamiento de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares y miembro del grupo de viejos amigos de la familia Menem que llegó desde La Rioja a Buenos Aires en 1989 para ocupar cargos oficiales. Los magistrados de primera instancia del sector señalan que “es llamativo” que los ataques al cuerpo desde el oficialismo se hayan producido a partir de los procesamientos contra Sarlenga. Los diputados justicialistas habían abierto el fuego lanzando la imputación de “inoperantes” contra los jueces de ese cuerpo.
La denuncia de Cruciani desnuda, sin embargo, el alto grado de descomposición de esa jurisdicción de la Justicia, y la existencia de intereses en juego que traban –o desvían– la resolución de causas de trascendencia. A dicho cuerpo han sido derivadas muchas de las causas que han responsabilizado a funcionarios y a ex funcionarios públicos. El escrito de Cruciani alude al caso del ex secretario de Turismo Omar Fassi Lavalle, cuyo proceso estuvo plagado de entredichos entre el juez de instrucción y la cámara.
Cruciani cita, respecto de esta causa, que “ya en su inicio y sin fundamento alguno, la sala B, interviniente en una resolución del 23/12/97 en el incidente de Autorización de Viaje de Elizabeth Mazzini de Fassi, dice: sorprendentemente ... aún no se ha dispuesto medida alguna de sujeción a la causa”. “Aclaro que a esa fecha se carecía de informe técnico imprescindible para tomar medida alguna de sujeción a la causa (...). Si tomo la declaración indagatoria sin las pruebas del informe técnico, no tengo base de interrogatorio ni imputación firme, por lo tanto debo proceder a la inmediata libertad” de la procesada. El juez señala luego que, en tal caso, “la opinión pública reafirmaría la creencia de que los poderosos en Tribunales entran por una puerta y salen por la otra”.
En la misma causa, Cruciani subraya que la sala B demoró más de un año y 5 meses en resolver un incidente de nulidad de la causa, generando “la inseguridad jurídica de que con el trámite pronto a terminar, aún no se sabía si todo lo actuado era nulo o no”. Pero señala que “lo más grave en esta causa, que puede terminar en un escándalo jurídico por responsabilidad de la sala interviniente, es que la misma promovió –y la Cámara instauró– un sumario administrativo por irregularidades” contra el propio magistrado peticionante del juicio político. Cruciani asegura que se le negó toda información sobre dicho sumario.
No es casual que uno de los primeros en recibir copia de la presentación de Cruciani fuera el diputado justicialista Mario Das Neves, quien junto con otros compañeros de bancada había lanzado el primer ataque contra el fuero. Ayer, el legislador patagónico refirió que “el mal funcionamiento del fuero amenaza al plan económico, porque mientras se crean impuestos para tapar agujeros fiscales, lo que se necesita es que se castigue a los que evaden, dando el ejemplo a la sociedad”.
En los despachos del fuero, los jueces miran las pilas de expedientes y señalan los que involucran a funcionarios del Gobierno como el origen de la ofensiva legislativa. Según un ex vocero alfonsinista, este sector dela Justicia le tiene preparadas varias “desagradables sorpresas” al menemismo, con el mismo pronóstico que este último sector político le augura a Domingo Cavallo cuando abandonó el Ministerio de Economía: “Se van a cansar de recorrer los pasillos de los tribunales”.