ORAL Y PÚBLICO, emisión del 25/4/1997. Eduardo Barcesat. Daniel Straga - Abogarte

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En la emisión del día 25 de abril de 1997 entrevistamos telefónicamente a Eduardo Barcesat. Era el prohrama número 112 de ORAL Y PÚBLICO. El motivo de la entrevista fue la sangriente recuperación de la residencia del embajador de Japón en Perú.
Más tarde lo hicimos con Daniel Stragá, quien nos informó sobre las actividades de la CORREPI y su primera jornada nacional y el estado de la causa Bulacio.
En relación a la recuperación de la residencia del embajador japonés, leemos en wiquipedia:
La toma de la residencia del embajador japonés en Lima fue un secuestro masivo que comenzó el 17 de diciembre de 1996 en San Isidro, Lima, Perú, cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios que asistían a una celebración con ocasión del 63º aniversario del nacimiento del Emperador de Japón Akihito organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki.
Gran parte de los 800 rehenes fueron liberados prontamente; todas las mujeres, sin excepción, fueron puestas en libertad la misma noche del 17 de diciembre, incluyendo la madre del presidente Alberto Fujimori que se encontraba en el evento, hecho que los terroristas desconocieron hasta que fue tarde. Tras ser retenidos como rehenes por 126 días, 71 de los 72 rehenes que quedaban fueron liberados el 22 de abril de 1997 en una incursión armada de las Fuerzas Armadas de Perú conformada por el Comando Chavín de Huántar; operativo que dejó como resultado la muerte de un rehén, dos comandos y los catorce militantes del MRTA que participaron de la toma. La operación fue vista por la mayoría de peruanos como un gran éxito y obtuvo atención mediática en todo el mundo.
Inicialmente, Alberto Fujimori, por ese entonces Presidente del Perú, recibió gran crédito por salvar la vida de los rehenes; sin embargo, desde entonces, han aparecido informes que sugieren que cierto número de terroristas habían sido ejecutados sumariamente después de haberse rendido.1 Estos descubrimientos han sido seguidos por demandas civiles contra oficiales militares por parte de los familiares de los terroristas fallecidos. En 2005, la oficina del Fiscal General de la Nación en Perú imputó los cargos y ordenó el comienzo de las audiencias.2 El 29 de junio de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no hay elementos para pensar que se realizaron ejecuciones sumarias, salvo en el caso de uno de los terroristas muertos, en donde se exige al Estado Peruano realizar una investigación para terminar de esclarecer las dudas

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